Un reciente trabajo de la Fundación ANAR informa sobre Delitos contra la libertad e indemnidad sexual en España en 2019, que ha tenido una amplia difusión, da cuenta de que se han multiplicado por cinco en una década las violaciones en grupo y que las llamadas por abusos sexuales entre 2020 y 2021 han crecido un 80%. Cabe recordar que esta fundación de largo recorrido está especializada en atender sobre todo a la violencia en la infancia. Hace pocos meses ya publicó otro informe sobre la violencia sexual ceñido a los casos de los menores y a lo largo de la última década. Por tanto, tiene experiencia, así como información de campo propia, además de que pueda manejar las fuentes documentales de carácter oficial.
También hay que recordar que después del episodio de la manada, la violación por parte de un grupo de hombres a una chica en las fiestas de San Fermín del año 2016, comportó una campaña y un endurecimiento de la figura fiscal. El resultado, como está a la vista, ha sido todo lo contrario de lo que cabía esperar, más delitos en grupo. Es un problema generalizado, que desgraciadamente presenta la mayor prevalencia en Cataluña y en concreto en la ciudad de Barcelona.
También es otro elemento de reflexión porque en el lugar en el que las campañas son más insistentes y el feminismo tiene más peso y manifiesta una mayor capacidad de influenciar en los poderes públicos, de hecho gobierna en la Barcelona de Colau, los resultados son los peores de toda España.
En el primer trimestre de 2022 en Cataluña se han producido 167 infracciones penales de esta naturaleza. Seguida por Andalucía con 76, es decir prácticamente la mitad contando que tiene más población que Cataluña. La tercera es la Comunidad Valenciana con 69 y la cuarta Madrid con 5. Es decir, en la comunidad de la capital de España hay una tercera parte de casos que en Cataluña. Barcelona lo deforma todo porque evidentemente Girona, Tarragona y Lleida presentan niveles medios y bajos comparados con España. Por tanto, el foco está claro, no se puede hablar de efecto de la urbanización, de la gran ciudad, porque ya hemos constatado que en Madrid la incidencia de este tipo de delitos es de una tercera parte de lo que se da en Cataluña.
A todos los efectos, se puede observar que, de acuerdo con los datos del ministerio del Interior, la incidencia de los delitos sexuales en el periodo 2014-2020 han seguido una clara tendencia ascendente y alcanzaron un máximo en junio de 2019. Luego, al año siguiente, a causa de los confinamientos registraron una caída extraordinaria, pero no es anecdótico decir que su mínimo a finales del primer trimestre no está muy lejos del mínimo de la serie que se produjo en diciembre de 2014. La comparación ya da una idea de cómo vamos.
Más tarde, la evolución ha continuado al alza. En 2014 se produjeron 10.393 delitos de este tipo y en 2019 habían alcanzado 15.706, es decir, se había registrado un incremento del 50%. Es una brutalidad. En 2020, incluidos confinamientos, el delito no se redujo, pero se situaron en los 12.769 casos, más de los que se habían producido en 2017. Por tanto, el efecto rampante al alza es una evidencia. También lo es el peso de los delitos con menores, que llegan a situarse en el 50% del total, con un agravante en este último aspecto, su tasa de resolución es mucho menor, del orden del 60%, de la que se da en las victimizaciones en mayores de edad, en la que los casos resueltos se acercan al 80%. Este es otro problema.
Estamos ante dos hechos que deberían alertarnos porque señalan que no vamos por el buen camino. Uno es que a más medidas contra el machismo, más agresiones sexuales. En cualquier política pública una situación de este tipo indica claramente que lo que se está haciendo no funciona. Y seguramente no funciona porque es imposible mantener en paralelo un discurso oficial en el que la promiscuidad sexual desde la adolescencia es bien recibida y al mismo tiempo creer que no habrá violencia sexual.
La otra cuestión se sitúa en las antípodas. El desinterés extraordinario de los poderes públicos por afrontar los abusos sexuales en los menores. Literalmente todos se concentran para abordar el problema que afecta sobre todo a las mujeres mayores de edad, pero ni existe legislación ni recursos para hacer frente a la otra mitad de los delitos.
¿Qué puede explicar un desequilibrio tan radical? Más cuando el propio gobierno y Parlamento sitúan el foco de esta cuestión, pero solo en un grupo marginal por la incidencia de casos, que es el de los abusos sexuales de la Iglesia, que afectan como mucho al 0,5% del total. ¿Por qué sigue desatendida de la acción pública el 99,5% de los abusos infantiles? Esta es otra gran cuestión a la que hay que prestar atención.
