El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luís Escrivá, ha puesto sobre la mesa de sindicatos y patronales una fórmula para aliviar el problema del déficit de las pensiones.
Plantea un incremento temporal de la cotización de 2023 a 2032. Concretamente un 0,6% adicional a repartir entre los trabajadores, un 0,4%, y las empresas, un 0,2%.
Escrivá razona este incremento como “un mecanismo que simplemente generará una válvula de seguridad y dará margen al sistema para reforzar su sostenibilidad”. Es dinero que iría destinado al fondo de reserva que lleva años prácticamente liquidado, porque sólo dispone de 2.000 millones de euros.
El gran interrogante es ¿para qué sirve realmente esa aportación que significaría, en el mejor de los casos y al finalizar la década, un ingreso de 24.300 millones de euros? Es una cifra importante, el problema es que comparada con las magnitudes en las que se mueve la Seguridad Social, no hay ni para empezar.
El gasto de la Seguridad Social significa ya 1 de cada 4 euros de los presupuestos generales del Estado y es de lejos el gasto más importante. Para 2022 alcanzará los 171.165 millones de euros, una cifra que irá subiendo porque ya hemos entrado en el período de jubilación de la generación perteneciente al baby boom. De esta cifra, los ingresos sólo cubren un 79%, por lo que cada año el déficit supera los 34.000 millones de euros. Toda la aportación prevista por Escrivá en la década en que estaría vigente, no sirve ni para cubrir un año de déficit de pensiones, contando que éste no irá a menos, sino que tenderá a crecer o mantenerse, en el mejor de los casos .
Entonces, ¿qué utilidad tiene un fondo de garantía que no sirve ni siquiera para asegurar un año de cotización?
En realidad, y suponiendo que el déficit no se moviera de esta cifra señalada de los 34.000 millones, para equilibrar el presupuesto mediante el incremento de las cuotas, sería necesario destinar a ello, no el 0,6% que ahora se quiere aplicar, sino el 8,49% que sería una sobrecarga extraordinaria sobre lo que ahora se paga y una losa sobre el mercado de trabajo, porque es sabido que la Seguridad Social actúa como un impuesto a los puestos de trabajo.
Por tanto, el temor de los empresarios a que éste sea el inicio de una progresiva jugada puede tener verosimilitud, pero si se mide con atención la diferencia considerable en las cifras, ya se ve que por esta vía de ir subiendo poco a poco las cotizaciones, no tiene solución ni siquiera a medio plazo.
El gran interrogante radica en considerar si la Comisión Europea, que sitúa como condición inapelable enfocar de forma resolutiva el problema español con las pensiones como condición necesaria para acceder a los fondos europeos, le bastará con esta extraña solución del ministro o pedirá un mayor realismo a la hora de definir la solución.
Hay que saber si la Comisión Europea, le bastará con esta extraña solución del ministro o pedirá un mayor realismo a la hora de definir la solución. Share on X
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