Una vez más el gobierno español, y en este caso de la mano del ministro Escrivá y en un tema tan decisivo como son las pensiones, nos está llevando al huerto de la confusión y el oportunismo. Y además lo hace con un procedimiento que reduce al mínimo el control parlamentario, como es habitual en este gobierno, y no aporta información suficiente sobre lo que la reforma conseguirá: garantizar el futuro de las pensiones.
Cabe recordar que hace casi 30 años que el Congreso de los Diputados se dotó de un instrumento fruto del consenso para avanzar en la reforma del sistema de pensiones. Es el llamado Pacto de Toledo, que se inició en 1993 y que siempre, en sede parlamentaria, estableció nuevas modificaciones y acuerdos en 1995, 2003, 2011 y por último en una fecha tan cercana como en 2020. Estas reformas parciales nunca arreglaron la cuestión, pero tenían una virtud que era la de unos principios consensuados que, de aplicarse en plenitud, sí resolverían el tema como hace tiempo que han hecho Suecia o Italia.
Estos principios eran reforzar la contributividad de modo que hubiera auténtica relación entre lo que cotiza cada trabajador y la pensión. Si ésta era insuficiente, entonces el estado, por la vía presupuestaria y al margen del sistema de pensiones, podía establecer unas ayudas complementarias para asegurar unos ingresos razonables.
Por otra parte, se establecían modelos no contributivos para las personas más desfavorecidas que se financiaban con mayores impuestos a través de los presupuestos generales del estado. Esto permitía una visión clara de la cuestión. Las pensiones se cobraban en función de lo que se pagaba y así se garantizaba la estabilidad del sistema y el estado asumía vía presupuestos financiar las ediciones de carácter social necesarias.
Por otra parte, el sistema tenía tres pilares. Uno, el más importante, era público y de reparto, es lo que ahora hay, arrastrando un brutal déficit. El segundo era de carácter empresarial y relacionado con la negociación colectiva y el tercero era el fondo de pensiones individual de carácter libre. Pasadas casi tres décadas, el primer pilar sigue desequilibrado, y el segundo y el tercero son prácticamente inéditos, y la financiación de los distintos tipos de pensiones, en lugar de clarificar su origen, todavía se ha hecho más confuso porque la solución que plantea Escrivá rompe el principio de contributividad y mezcla las fuentes.
Las nuevas medidas pretenden equilibrar las pensiones mediante tres nuevos tipos de ingresos: El tope parcial de las bases máximas de cotización, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y la «cotización adicional de solidaridad». Lo que ocurre es que eso no son contribuciones, ya que para que lo fueran se necesitaría que hubiera una contraprestación que es inexistente. Lo que se hace es grabar con tributos adicionales el puesto de trabajo.
Este hecho altera todo el planteamiento del Pacto de Toledo, sencillamente lo desvirtúa y castigará sobre todo a las clases medias y está por ver en qué medida afectará a los jóvenes que deben incorporarse al mercado de trabajo.
La idea de este gobierno, como lo exponía la ministra Yolanda Díaz en un tuit, de “reforzar el carácter redistributivo del sistema” señala la confusión deliberada que impera. Porque la misión del sistema público de pensiones , a diferencia de la fiscalidad, no es ser redistributivo, sino equitativo y otorgar la pensión en función de la cotización. La redistribución, en todo caso, debe venir después, de la mano de una fiscalidad clara y transparente.
De hecho, en la actualidad, existe ya un mecanismo redistributivo. La base de cotización tiene un tope en 4.495,50 euros. Si cobras más no pagas más cotización. Y al mismo tiempo, la pensión máxima es de 3.058,81 euros. Estos más de 1.400 euros de diferencia es lo que aportan de más al sistema las personas que tienen mayores ingresos para beneficiar al resto de cotizantes.
Ahora este mecanismo se hace aún más redistributivo y además al conjunto se le aplican los demás tributos apuntados: el MAI y la cotización de solidaridad. Se utiliza el sistema de pensiones como una fiscalidad paralela. Y todo esto y la liquidación del Pacto de Toledo se hace además por la vía de un decreto ley en lugar de tratarlo en la comisión correspondiente con tiempo, luz y taquígrafo. ¿Cómo entender que una norma que entrará en vigor en el 2027 deba aprobarse ahora por decreto ley? La voluntad de esconder el huevo es evidente escandalosamente.
Pero, por si todo esto no fuera suficiente, es que todos estos mecanismos de mayores tributos y oscuridad no resuelven el problema. Las pensiones continuarán estando desequilibradas y no se garantiza el futuro de éstas. Según ha calculado Fedea, todos los mecanismos señalados más la ligera rebaja que se producirá por el aumento del tiempo de cotización, más el endurecimiento DE las condiciones de los autónomos, aportarían en su despliegue un máximo de 12.000 millones de euros. Pero es que resulta que el incremento que se va a producir se situará por encima de los 35.000 millones. Es decir, apenas cubrirá una tercera parte.
Que cada uno extraiga sus propias conclusiones
La misión del sistema público de pensiones, a diferencia de la fiscalidad, no es ser redistributivo, sino equitativo y otorgar la pensión en función de su cotización Clic para tuitear
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