La ley de regulación de los alquileres que está en plena tramitación en el Parlamento significa una piedra de toque para el partido de Puigdemont y para el PDeCAT, y puede romper, de hecho ya lo ha hecho, la mayoría de gobierno.
Inicialmente JxCat y ERC apoyaron el texto que entró en el Parlamento, como es lógico por una iniciativa gubernamental, y contaba con el apoyo de Units Podem y la CUP, una mayoría más que suficiente para aprobarla. Pero con el paso del tiempo la cuestión se ha ido complicando. El sector inmobiliario, Fomento del Trabajo y otras organizaciones han hecho sentir sus argumentos en contra. También han tenido mucho peso las reflexiones de economistas especializados en el ámbito de la vivienda, que en su mayoría han apuntado que una ley como la catalana no resolvería el problema sino que podría agravarlo. Los efectos de la legislación comparada con Europa parecerían confirmar esta tendencia, porque en realidad el texto entrado en el Parlamento más que regular el mercado lo que hace es congelar los precios en determinados territorios y condiciones. La congelación de precios de cualquier bien es siempre la simplificación de un problema más profundo y los resultados suelen ser contraproducentes. Aquel bien congelado lo que hace es tender a reducir la oferta en el mercado y crear canales paralelos en el mercado negro donde funciona. Esto se ha observado siempre. Venezuela es un caso espectacular en este sentido. Pero sin necesidad de llegar a este extremo, porque no es el caso, podemos recordar las tentativas del franquismo de intervenir también los precios para evitar que aumentaran con un resultado siempre peor que la enfermedad que intentaban curar. Además, el consejo de Garantías Estatutarias ya advirtió de que el texto en varios artículos vulnera la Constitución, y consecuentemente podría quedar invalidado cuando fuera recorrido por algunas de las instancias que se oponen.
Todos estos hechos han acabado haciendo mella en el grupo de JxCat que además ahora presenta una división interna importante entre seguidores de Puigdemont y los cuatro diputados que se mantienen fieles al partido de Bonvehí y Artur Mas. La consecuencia de todo ello ha sido la presentación de una serie de enmiendas, ocho en total, de JxCat que, si se aprobaran, transformarían sustancialmente la ley, dejando un texto que poco tiene que ver con el que inicialmente se ha presentado. Esta transformación no es asumida por ERC, UP y la CUP, y también tiene la total oposición del Sindicato de inquilinos, que son unos de los máximos responsables de que el actual proyecto de ley se hubiera formulado.
La incertidumbre, por tanto, se cierne sobre los resultados de la votación. Por una parte por lo que harán los cuatro diputados del PDeCAT, si se suman o no a la oposición del PSC, Cs y PP. Por otra parte, en lo que sucederá con las enmiendas de JxCat, si al final son aceptadas o no, y si en este caso el partido de Puigdemont retiraría el apoyo a la ley. Nos encontramos, por tanto, ante otra manifestación clamorosa de que el gobierno de la Generalitat es una ficción, porque en realidad hay dos organizaciones gubernamentales que compiten entre ellas. El resultado es un caos de proporciones colosales.
La situación de los altos precios del alquiler, a pesar de que ahora con la crisis del turismo registran una tendencia a la baja, es un problema social muy grave, porque impide que las personas puedan acceder a una vivienda, que es un derecho contemplado por la Constitución, y también limita las posibilidades de emancipación de los jóvenes y de formar nuevas familias. La cuestión es, sin embargo, si una ley como la formulada es la solución que se necesita, porque no aborda el problema de fondo, que no es otro que la extremada falta de vivienda social. Cataluña, como España, es el país de Europa con menos vivienda de estas características y naturalmente este hecho presiona la oferta al alza. Un abundante parque de vivienda social, de propiedad y de alquiler, tendría un efecto sobre los precios y los reduciría. Esta es la forma lógica, la que no distorsiona el mercado, de actuar. Pero hay un sector de la política, los seguidores de Colau, la gente de ERC, los socialistas, en muchas ocasiones, y la CUP, por supuesto, que, como sucede con los casos de ocupación de viviendas, quieren resolver un problema social generado por el déficit de iniciativa pública a base de cargar las consecuencias sobre los hombros de los ciudadanos, es decir, los propietarios de pisos. La tolerancia con la ocupación, justificada con los desahucios, obedece a la misma lógica y da lugar a una grave distorsión. No son los propietarios quienes deben resolver el problema social, sino los gobiernos, que por eso recaudan impuestos y tienen obligaciones, en este caso claramente derivadas de la Constitución.
La ley de regulación de los alquileres que está en plena tramitación en el Parlamento significa una piedra de toque para el partido de Puigdemont y para el PDeCAT, y puede romper la mayoría de gobierno Share on X
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