La pregunta no es inútil, porque en las actuales circunstancias no se están cumpliendo las previsiones constitucionales en cuanto a la designación del candidato a presidente del gobierno. La Constitución española en ningún caso dice que la lista más votada será la inicialmente destinada a gobernar, que es la tesis que una y otra vez ha venido repitiendo Sánchez. En el sistema español, común a la mayoría de los estados europeos, el candidato a gobernar es aquel que consigue suscitar más apoyos por parte del conjunto de fuerzas políticas, tantos como diputados necesita para que el Congreso lo apruebe, al menos en segunda vuelta, es decir con más votos positivos que negativos. Por lo tanto, el primer paso después de unas elecciones, y una vez constituidos el Congreso y el Senado, es el llamamiento a consultas de cada uno de los partidos políticos por parte del jefe del estado, a fin de conocer el estado de opinión de los partidos y ver cuál es el candidato que logra la mayoría o tiene más posibilidades de conseguirla. A partir de aquí el Rey hace el encargo y este candidato inicia las negociaciones. Este es el camino constitucional. Lo que hace Pedro Sánchez es otra cosa que poco tiene que ver. Se considera ya de hecho designado y negocia con otros partidos su investidura, de forma que ridiculiza las consultas del Rey y las envía al trastero. Nadie ha nombrada a Sánchez candidato, y al actuar de la manera que lo hace está alterando el orden constitucional, hecho particularmente grave cuando todos los partidos españoles presumen precisamente de rigor con respecto a la Carta Magna. Este procedimiento no impide que los partidos por su parte se reúnan, procuren abordar cuestiones que allanen el camino, pero en ningún caso se le puede dar el rango y la proyección pública que Sánchez está dando a sus conversaciones.
La Constitución o es para todos o se degrada. Y este todos incorpora también al actual presidente del gobierno en funciones.
