Si ayer informábamos de los incrementos que se derivan del acuerdo entre ERC y Comuns con relación a los presupuestos de la Generalitat, hoy son Colau y Collboni, con la ayuda necesaria también de ERC, los que nos quieren hacer pagar más, bastante más, en Barcelona.
La idea de fondo de todos estos incrementos nada justificados es que las mordeduras que hacen en el bolsillo de los ciudadanos no son lo suficientemente grandes y son suficientemente dispersas como para que no cambien la orientación del voto, mientras que disponer de más dinero en los presupuestos permite, además de mejorar los servicios, fidelizar a más electores y disponer de más oportunidades de trabajo para los más fieles.
El Ayuntamiento incrementará su presupuesto sobre todo por la vía de impuestos con un extraordinario 9%. Es un aumento astronómico, muy por encima del aumento previsto del Producto Interior Bruto (PIB), que debería ser la medida racional de la dinámica de los presupuestos públicos. Hay que recordar, además, que el Ayuntamiento, gracias a las saneadas finanzas del período Trias, no ha tenido que llevar a cabo recortes como los que se realizaron en la Generalitat. En todos estos incrementos desmesurados hay una cuestión de fondo: ¿por qué es bueno que siempre se tenga que pagar más? ¿Por qué no se hacen reformas que puedan reducir los costes, como sí llevan a cabo las empresas, sin que para ello tengan que reducir la producción de los bienes o servicios a la que se dedican? La lógica de las administraciones públicas difiere de las empresas, porque una de sus finalidades es utilizar el presupuesto para captar electores y generar puestos de trabajo que fortalezcan la militancia de los partidos.
En el caso de Barcelona, este elevado 9% carga sobre muchos capítulos. Uno de los que hará daño y tendrá un efecto generalizado es el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), ya elevado en Barcelona. Otro es el de circulación. Y un tercero, que será la tasa de alcantarillado. Y quedará por concretar un cuarto varapalo, cobrar por aparcar el coche en la calle. Todo ello además tendrá un efecto particularmente perverso sobre los coches viejos, que no podrán circular, pero pagarán más por tenerlo y por dejarlo inmovilizado en la calle. También sufrirán bares y restaurantes con la tasa sobre las mesas en la vía pública.
Si a todos los recargos que se aplicarán de manera directa e indirecta en Barcelona se les añaden los que vendrán por parte de la Generalitat, el automóvil se convertirá en un producto de lujo.
Naturalmente, no puede faltar la frase política que lo justifica todo, aunque se sitúe al margen de la realidad. Como dice el concejal de ERC Jordi Coronas, éstas serán «unas ordenanzas más justas y redistributivas». Lo que no añade es que lo serán en todo caso en beneficio de los que mandan en el Ayuntamiento.
Y volvamos a la Generalitat y veamos cómo de desaforado es el acuerdo alcanzado. La Vanguardia el día 17 de diciembre hizo un duro editorial con el título «Más impuestos en Cataluña», acusando al acuerdo de dañar la economía. Por nuestra parte, quisiéramos añadir información que niega el carácter redistributivo de las modificaciones hechas, porque no será verdad que las personas que ingresan menos vean reducida su aportación: los catalanes que ingresan por debajo de los 16.000 euros al año seguirán siendo los ciudadanos del estado que paguen más. No se habrá alterado. La Vanguardia hacía un supuesto de una persona soltera, menor de 65 años y sin hijos, que es un ejemplo muy sencillo, que gane menos de 16.000 euros al año. Antes de la reforma pagaba 1.005 euros al año, y ahora pagará 938. Sólo 67 euros menos. Un poco más de 5 euros al mes. Aquella cifra es superior a la que se paga en cualquier otra comunidad de España. Los menos desfavorecidos por los ingresos seguirán siendo los que paguen más en proporción al resto del estado. Es un extraño pacto de izquierdas. Y algo parecido sigue pasando con las rentas que están por debajo de los 30.000 euros al año, que se mantendrán intocadas, ocupando también el primer lugar en el ranking de IRPF autonómico de toda España.
Y aún faltará que entre en juego otro esquilador de ingresos, que será la ley contra el cambio climático y que afectará a todos los ciudadanos que tienen vehículo.
Hay que decir que el método que utilizan tanto el gobierno municipal como la alianza de ERC y los Comunes, con el invitado de piedra de Torra y JxCat, es bien anormal, porque primero deciden que nos han de subir los impuestos, y luego se reúnen para decidir cómo se gastarán el dinero. Lo más racional sería operar exactamente a la inversa.
