El Pacto Verde Europeo, aprobado al comienzo de la Comisión Europea presidida por el alemán Úrsula von der Leyen, la primera mujer que ocupaba este cargo, constituía el programa estelar de la nueva legislatura europea (2019-2024). Era el proyecto más ambicioso de descarbonización de la industria, la agricultura y los servicios nunca presentados a escala mundial.
Se trataba de un conjunto de iniciativas con el objetivo general de hacer que la UE fuera climáticamente neutra en 2050.
Para ello, la Comisión trabajaría un plan para aumentar el objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de la UE para 2030 de al menos el 50% y de 55% en comparación con los niveles de 1990. Pretendía revisar cada ley existente sobre asuntos climáticos y también introducir una nueva legislación sobre temas como economía circular, renovación de edificios, biodiversidad, agricultura e innovación.
La estrategia de cambio climático lanzada en 2020 se centraba en convertir la UE en un emisor cero/neto de gases de efecto invernadero para 2050 y en demostrar que las economías se podían desarrollar sin aumentar el uso de recursos.
La Comisión presidida por Úrsula Von der Leyen empezó su andadura el 1 de diciembre de 2019.
Úrsula estrenó su presidencia en la COP25 (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) de Madrid y, a los pocos días, el día 11 de diciembre de 2019, ya presentó un plan detallado para el Pacto Verde de la UE. Sus líneas maestras apuntaban a conseguir que Europa se convirtiera en el primer continente climáticamente neutro en 2050.
Von der Leyen nombró un peso pesado, el neerlandés Frans Timmermans, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para sacar adelante el Pacto Verde, con una hoja de ruta consistente en dotar a la UE de una economía sostenible.
Pero nadie esperaba lo que sucedería en Europa a partir de 2020.
Después de haber conocido tantas crisis anteriormente, una verdadera «policrisis» (rechazo del tratado constitucional europeo (2005), Gran Recesión (2008), crisis del euro (2010), crisis de Crimea (2014), crisis de los refugiados ( 2015), Brexit (2016), Trump (2016)), la nave de integración europea que es la UE se vería terriblemente afectada por dos grandes tormentas: una pandemia (coronavirus) y una guerra en Europa (Ucrania).
Lo que nadie esperaba llegó y todavía lo tenemos encima. Los grandes objetivos iniciales del período quinquenal 2019-2024 han quedado forzosamente tocados por lo impensable que ha llegado.
La actual legislatura europea se ha visto marcada por el impacto de toda una serie de crisis a partir de 2005 y por la convergencia final de una pandemia y de una guerra a partir de 2020.
El Pacto Verde Europeo se encuentra poco avanzado en su desarrollo normativo y, según muchos observadores, en la cuerda floja. Partidos políticos, gobiernos e instituciones se posicionan para afrontar lo que será el principal caballo de batalla de las elecciones al Parlamento Europeo el 9 de junio de 2024: el futuro de la agenda verde europea.
Han surgido voces en toda Europa sobre la necesidad de flexibilizar las normas de la agenda verde de la UJE ante las dificultades que genera su aplicación. Esta corriente de opinión coincide paralelamente con nuevos datos que alertan sobre el agravamiento del calentamiento del planeta y el riesgo de que ya no seamos a tiempo de limitarlo a los objetivos fijados en los acuerdos de París sobre el cambio climático.
La UE, líder de la lucha contra la crisis climática, se enfrenta al dilema de si levanta o no el pie del acelerador de su hoja de ruta verde.
La presión del sector energético ya logró que el gas natural y la energía nuclear se consideraran energías verdes de transición. Y el sector de la automoción, con las presiones de Alemania, obtuvo que los motores de combustión pudieran utilizarse más allá del límite del 2035 que se estableció en un principio si utilizan combustibles sintéticos. Últimamente, ha sido el sector agrario -principalmente de los Países Bajos, Francia, Polonia y Hungría- el que protesta.
Las primeras señales de alarma llegaron precisamente de la agricultura.
Los tractores han tomado las calles en muchos países en protesta por las normas de reducción de emisiones, el alza de los costes de producción, la caída de precios derivada de la entrada de cereal ucraniano sin aranceles en el mercado comunitario o los efectos de la sequía.
Este malestar ya ha tenido traducción política en Países Bajos, donde la reciente victoria electoral del Movimiento Campesino Ciudadano está poniendo contra las cuerdas la continuidad del Gobierno. La revuelta de los agricultores polacos contra el cereal ucraniano ha llevado al Gobierno, que afronta elecciones en otoño, a actuar y aliarse con otros países del Este para blindar sus mercados.
Las quejas del campo han encontrado eco en el Partido Popular Europeo (PPE), que ha pedido una moratoria de dos años para todas las medidas legislativas pendientes del Pacto Verde, en especial la propuesta sobre pesticidas y la de restauración de los espacios naturales. Otro factor a tener en cuenta, aparte de los comicios europeos, es la celebración de elecciones generales no sólo en Polonia, sino también en Grecia y en España, tres países en los que los populares tienen intereses críticos.
En los últimos años, el PPE ha visto cómo la extrema derecha le comía ‘terreno’ y su actual presidente y líder parlamentario, el alemán Manfred Weber, se propone atraer algunas de estas formaciones hacia su grupo, una estrategia que puede hacer irse al traste la tradicional alianza con el grupo socialista, clave para legislar. El PPE es precisamente el partido de la principal promotora del Pacto Verde Europeo, Úrsula von der Leyen.
La gran sorpresa la ha dado en las últimas semanas el presidente francés, Emmanuel Macron, cuando en una reunión con empresarios, industriales y sindicalistas de su país hizo un llamamiento a establecer una «pausa» en la reglamentación verde europea. Esta «pausa», en su opinión, sería necesaria para preservar las empresas, la industria y la agricultura europeas de la competencia de otros países, como sería el caso de China, «donde son menos respetuosos en materia climática y, por tanto, tienen menos costes y son más competitivos en precios».
El llamamiento de Macron puede encontrar eco en el conjunto de la UE por el daño que esta competencia desleal se refiere a la economía y el empleo.
Macron piensa que, de momento, no hacen falta más normas climáticas, sino que se trata de ejecutar las que ya están vigentes. Según von der Leyen, «hemos aprobado una enorme cantidad de propuestas y podemos estar orgullosos». El debate está abierto.
Los aliados de Macron en el Parlamento Europeo han aclarado que el presidente no pide frenar la tramitación de las propuestas sobre la mesa ni dejar de aplicar ninguna norma, pero el mensaje ya ha llegado a la Comisión Europea, donde se ha interpretado como un aviso de cara al programa de trabajo de la futura Comisión Europea, que von der Leyen aspira a seguir liderando.
La demanda de una flexibilización del Pacto Verde Europeo, que es un ejemplo para el mundo, se produce cuando el calentamiento climático alcanza niveles de récord y cuando más habría que avanzar en la descarbonización del planeta.
La Organización Meteorológica Mundial (OMM) acaba de advertir que el período 2023-2027 será el más cálido jamás registrado en la Tierra y que la temperatura sobre la superficie sobrepasará estos años los 1,5 grados fijados como máximo asumible a los acuerdos de París, una predicción alarmante.
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Víctor Pou es doctor en derecho y licenciado en ciencias económicas por la Universitat de Barcelona, MBA por la IESE Business School de la Universidad de Navarra y Graduado en Integración Europea por la Universidad de Ámsterdam. Es profesor del IESE Business School y de la Universidad Internacional de Cataluña (UIC). Es Socio de la consultoría TAS Europrojects (Bruselas). Ha sido Ninguno de Unidad y Consejero de Relaciones Exteriores a la Comisión Europea (Bruselas). Ha sido Director del Patronato Catalán pro Europa y Director General de Adecuación a las Comunidades Europeas de la Generalitat de Cataluña.