No pueden haber muchas dudas, el pacto y la presidencia de Aragonès está asegurada. Lo que no queda claro es con qué fórmula, aunque la importancia de los puestos de trabajo que están sobre la mesa permite presuponer que JxCat formará parte del gobierno, en lugar de quedar fuera de este, como piden determinados sectores.
Por lo tanto, la cuestión no es si tendremos gobierno, sino en qué condiciones este gobierno podrá actuar. Primero, el gran escollo fue el Consejo para la República y el papel que debía tener esta asociación y Puigdemont en el futuro. Parece que esto está resuelto, pero no está claro que sus dinámicas no resulten contradictorias con el ejercicio de las atribuciones de la Generalitat, porque en la práctica, la división de papeles no es tan fácil, y los entrecruzamientos conflictivos pueden ser notables porque los intereses no serán los mismos. Sólo hay que pensar que la Generalitat necesita normalizar sus relaciones históricamente excelentes con la Comisión Europea, mientras que Puigdemont y el Consejo quieren el ámbito europeo para practicar la «agitprop».
El segundo escollo fue la polémica interna sobre cómo se haría el control de los fondos europeos. Esto también parece resuelto y en principio será Aragonés quien desde la presidencia, siguiendo el modelo Sánchez, se reserve todas las facultades. Pero una vez puesta en marcha la dinámica gubernamental, también se producirán fricciones que serán de una doble naturaleza: entre los mismos socios, porque JxCat no puede dejar todo el protagonismo de este decisivo capítulo en manos de ERC, y también por la dinámica en relación con el gobierno español, que conllevará, como es lógico, problemas.
Todas estas fricciones tendrían una importancia secundaria, se podría decir que natural, propia de las políticas de coalición, si las relaciones entre ambas fuerzas fueran normales, pero todo el mundo sabe que no lo son y que los ánimos están recalentados hace tiempo en una pugna de unos contra los otros, que aún se verá más complicada porque ERC ha invitado a un tercero a la mesa que es la CUP.
Ahora el escollo principal de la negociación ya no es ninguno de los mencionados, sino la forma de enfocar las relaciones con el gobierno español. Los republicanos mantienen unas buenas relaciones con Sánchez, que de ninguna manera quieren perder, pero al mismo tiempo JxCat considera que debe haber una única estrategia en las relaciones con el gobierno español, que tiene en el frontispicio la independencia como paradigma, y por tanto la reivindicación primera y continua de la amnistía y el referéndum.
Resolver esta contradicción no es fácil, más cuando los resultados esperables que puede obtener ERC no sólo son lentos, sino que son migrados. La Comisión de negociación no ha funcionado. Ha propuesto otra comisión pactada cuando la negociación de los Presupuestos del Estado de carácter bilateral y formada por expertos, para una reforma fiscal integral, pero este acuerdo tampoco se ha hecho realidad.
Lo que sí hay es otra comisión de expertos designada por el Ministerio de Hacienda y formada por 17 miembros, entre ellos dos catalanes, Guillem López Casanovas y Antonia Agulló, que en ningún caso tienen otra representación que el de sus mismas personas. Parece difícil en este contexto que la comisión bilateral pactada por ERC vea la luz. Dado que el gobierno ha decidido que la reforma fiscal irá ligada a la financiación autonómica, queda claro que este se vuelve a posponer y mucho, porque la comisión de expertos no tendrá sus conclusiones hasta el febrero de 2022, y esto significa que el nuevo sistema de financiación difícilmente estaría operativo antes del 2023. Se han perdido del orden de 7 años en relación con la fecha en la que debería disponerse de esta herramienta básica. Mientras nos iremos arrastrando con un modelo de financiación que es insatisfactorio y no sólo para Cataluña.
Lo que sí es posible que se mejore claramente son las condiciones en el caso de los presos, pero no por una amnistía, sino por un indulto, una vez pasadas las elecciones de Madrid. También habrá que ver cuál es su alcance, porque en este momento los inculpados son muy numerosos y van mucho más allá de los líderes de los hechos de octubre.
Si la política de ERC en Madrid se concreta en apoyar a Sánchez porque ha hecho un gobierno progresista, pero los grandes temas de Cataluña, y la financiación es uno de los principales, no se resuelven, y si los fondos europeos no tienen una localización importante en nuestro país, las tensiones y conflictos con el hipotético socio de gobierno están garantizadas.
En todo caso, la realidad que va aflorando con el apoyo vasco, que es uno de los principales beneficiados del vacío catalán, es que la dinámica política y sobre todo económica española, ya no necesita pactos reales e importantes con la «fábrica de España» que significaba Cataluña. Si este escenario, que se ha ido consolidando, no lo transforma la política, su inercia acabará consolidando un hecho insólito que nos hará retroceder mucho más de un siglo: el de Cataluña en una posición subalterna en el marco político y económico español.