Es evidente que para el gobierno y desde el punto de vista de la salud pública, hay dos tipos de manifestaciones. Las que son peligrosas porque ayudan a propagar la enfermedad, y las perfectamente inocuas. Las primeras son las que convocan la coalición de gobierno o grupos afines. Las segundas son las que convocan los demás.
Colea, y lo hará durante un tiempo porque están judicializadas, las manifestaciones feministas del 8M. Que fueron un foco de transmisión acelerada del Covid-19 es un hecho. Lo constata una observación tan simple como que tres ministras del gobierno, tres, entre ellas la vicepresidenta Carmen Calvo, así como la esposa del presidente, quedaron infectadas y tuvieron que guardar la cuarentena, particularmente larga en el caso de Irene Montero. Por otra parte, las cifras de contagio e ingresos constatan claramente que a partir del día 9 de mayo se disparó su incidencia. Nada más sencillo que aceptar estos hechos tan clamorosos.
A pesar de ello, el gobierno se empeña en acusar de antifeministas a los que señalan las evidencias numéricas. Cuando lo que se está enunciando no es la ideología de los manifestantes, sino el hecho de que se concentrara tanta gente sin ningún tipo de distanciamiento físico, más bien todo lo contrario. El propio presidente del gobierno cometió la insensatez en plena tragedia de proferir un «viva las manifestaciones del 8M» en sede parlamentaria cuando España está en pleno estado de duelo consecuencia de más de 40.000 muertos precisamente por la pandemia.
Ahora ha vuelto a suceder cuando este fin de semana se han concentrado en Barcelona y Madrid algunos miles de personas, que alcanzaron los 3.000 en Madrid, en condiciones de hacinamiento y muchas de ellas sin mascarilla o sin usarla. La manifestación estaba autorizada para 200 personas, pero la cifra se multiplicó. A pesar de estos hechos, la Delegación del Gobierno de Madrid, una vez más, como ya hizo el 8M, ha declarado que todo ha transcurrido con «total normalidad». Hay que decir que es falso. Precisamente las concentraciones y manifestaciones, tanto en Barcelona como en Madrid vulneraron rotundamente las normas que regían para la fase 1 en la que aún se encontraban ambas ciudades. Y este hecho no se puede considerar normal por parte de la administración a menos que rija la ley del embudo. Contrasta esta actitud con el griterío y envío de policía para disuadir a los manifestantes cuando los que han salido a la calle son menos numerosos, más distanciados y cumpliendo mejor las normas; lo hacían para protestar contra el gobierno.
Este tipo de prácticas lo único que hacen es degradar el Estado de derecho, la práctica democrática y polarizar los ánimos.
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