No, ambas cosas son incompatibles. La presidencia de la Generalitat de Cataluña no puede estar supeditada a los intereses coyunturales del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y su líder de turno. Cataluña no es una simple región más de España, y su gobierno debe actuar con independencia de la agenda del Gobierno central. Esto ha quedado patente en el reciente Congreso del PSOE en Sevilla, donde la presidencia de la Generalitat hizo acto de presencia de forma innecesaria. Habría sido prudente evitar esta participación alegando razones de agenda, pero ni siquiera se consideró la opción, ya que el presidente no sólo debía estar, sino que quería estar ahí. Forma parte del proyecto de Pedro Sánchez, desde una posición subordinada.
Hoy, en estas circunstancias, la presidencia de la Generalitat de Catalunya pierde sentido en comparación con las de Tarradellas, Pujol o incluso las de Maragall y Montilla, ambos socialistas, pero que mantenían un carácter propio. La Generalitat no puede mezclarse con la defensa de los intereses partidistas de un gobierno desgastado por sus errores y presuntos escándalos de corrupción. No puede apoyar una narrativa en la que los jueces son tildados de politizados y partidistas sólo cuando sus decisiones van en contra de los intereses del PSOE. La Generalitat tiene el deber de defender los intereses de Catalunya y no involucrarse en batallas que no benefician a los catalanes.
Es inaceptable ver al presidente de Catalunya en un acto político, aplaudiendo y reconociendo a dirigentes del PSOE que han sido reiteradamente condenados por corrupción y que permanecen en libertad gracias a decisiones cuestionables del Tribunal Constitucional, convertido en un simple instrumento del Gobierno. La Generalitat no puede estar en un evento donde se declara que se quiere «reforzar el liderazgo de Pedro Sánchez», cuando su prioridad debería ser la defensa de los intereses de Cataluña y su autogobierno, no el apoyo a un líder que representa los intereses del Estado español.
Las conclusiones del Congreso del PSOE son reveladoras. En el punto sobre financiación autonómica, se habla de una “financiación singular para Cataluña”, lo que los republicanos llaman “concierto”, pero en realidad, nada queda claro. La redacción final apunta a un nuevo acuerdo vacío: «La reforma del sistema de financiación autonómica deberá garantizar más recursos para todas las comunidades autónomas, reforzando los servicios públicos y reconociendo las singularidades y las diferentes variables determinantes en su coste». No sólo es ambiguo, sino que resulta incompatible con lo prometido en el pacto con Esquerra Republicana, rechazando, además, el principio de ordinalidad, según el cual la posición que ocupa una comunidad en relación con lo que aporta debe ser equivalente a la que ocupa en el reparto de recursos. Ni siquiera la delegación catalana planteó una enmienda al respecto.
Asturias y Castilla-La Mancha, comunidades gobernadas por el PSOE, se opusieron, mientras que Navarra, con su régimen foral, lo ignoró. Además, el compromiso sobre la reducción de la deuda pública catalana, que incluía la condonación de 15.000 millones de euros, ha sido diluido a favor de una distribución «federal» para todos los territorios. Una vez más, el concepto de «federalismo» se utiliza para homogeneizar y mantener a Cataluña ligada al régimen general de financiación, sin opciones claras para aliviar su gran déficit fiscal, especialmente si desaparece el principio de ordinalidad. Ya no hay una “singularidad” para Cataluña, sino “singularidades” para todas las autonomías, repitiendo la filosofía del “café para todos”, un concepto que no olvidemos que fue impulsado por el PSOE para evitar la existencia de comunidades diferenciadas como Cataluña, País Vasco y Galicia, previstas en la Constitución.
La combinación de una Generalitat subordinada al Gobierno español, una inmigración masiva, una natalidad en declive, un sistema educativo en crisis, la incapacidad para formar nuevas familias por factores como la vivienda, entre otros muchos, y el turismo convertido en pilar de la estrategia del PSOE, señala un presente y un futuro incierto para Cataluña. Y lo peor es que esta situación no surge de un régimen impuesto por la fuerza, sino de las decisiones de los propios catalanes y sus representantes políticos.
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