«La Ley de Vivienda funciona.» Con esta rotundidad, la ministra de Vivienda del Gobierno de España, Isabel Rodríguez, aseguraba en marzo del 2025 que el tope de precios al alquiler había sido un éxito en Cataluña, una de las comunidades que antes aplicó la norma. Según sus datos, el precio del alquiler tradicional había disminuido un 3,7% en Cataluña y un 6,4% en Barcelona. Ahora bien, también se reconocía que esta evolución no afectaba al alquiler de temporada, que no solo aumentó de precio, sino que también ganó mucha presencia en el mercado.
Un reciente estudio de EsadeEcPol por parte de dos expertos reconocidos, José García Montalvo y Joan Monras, confirma esta bajada agregada de los precios. Sin embargo, la explicación es importante: los pisos más caros han bajado precio, pero los más asequibles han subido, acercándose al tope permitido. En consecuencia, la medida ha beneficiado sobre todo a las rentas más altas. Además, se ha detectado una reducción de la oferta de alquiler tradicional, uno de los riesgos que muchos ya habían anticipado.
Y si dejamos los números por un momento, ¿qué nos dicen las percepciones? En marzo del 2022, solo un 4% de los catalanes identificaba la vivienda como el principal problema del país. En la última encuesta del CEO (julio de 2025), este porcentaje había subido hasta el 21%, situándolo al frente de las preocupaciones. Es evidente que la ley no ha resuelto la sensación de dificultad de acceso a la vivienda, parece que incluso es todo lo contrario. ¿Y cómo puede ser esto?
Vamos a la vida real. Conozco de cerca a una familia con dos hijos pequeños que ha tenido que buscar piso en Barcelona. Ambos progenitores tienen trabajos estables e ingresos superiores a la media barcelonesa. No buscaban lujo alguno: un piso con dos habitaciones en régimen de alquiler tradicional.
Al consultar Idealista, encontraron cerca de 6.000 pisos anunciados en Barcelona. Pero filtrando solo los de alquiler tradicional, la oferta se reducía a 1.700. Y con dos o más habitaciones, bajaba a 1.300. El 72% restante correspondía a alquiler de temporada. Por último, consiguieron un piso de tres habitaciones por unos 1.400 euros mensuales, un precio nada despreciable. Según datos del mercado, este precio lo situaba en el 7% más barato de los pisos con dos o más habitaciones en la ciudad.
Es decir, una familia con una renta media-alta que al menos se situaría entre el 50% con mayor renta de la ciudad, ha adquirido uno de los pisos más asequibles de la ciudad con 2 o más habitaciones. Si este es el panorama para quien está por encima de la media, ¿qué puede hacer una familia con ingresos más modestos?
Por tanto, la pregunta clave no es si la Ley de Vivienda “funciona” en términos estadísticos. La cuestión real es: ¿el mercado de la vivienda funciona para la ciudadanía? Y, por el momento, la respuesta es claramente negativa. Ni el precio ni la oferta responden a las necesidades de la población.
Y esto que la vivienda es, según la Constitución, un derecho. Quizás ha llegado la hora de pasar de la retórica a la acción: garantizar este derecho con medidas que vayan más allá de los topes y buenas intenciones y se centren en la evidencia a la hora de diseñar políticas. Porque todo el mundo debería tener derecho a vivir en una vivienda digna y cuando esto no es posible, nos encontramos con un país fallido.
Al consultar Idealista, encontraron cerca de 6.000 pisos anunciados en Barcelona. Pero filtrando solo los de alquiler tradicional, la oferta se reducía a 1.700. Y con dos o más habitaciones, bajaba a 1.300 pisos Compartir en X
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