Se dijo, lo dijimos, que la gestión de la administración española sería deficiente y ni de lejos lograría gastar los fondos Next Generation al ritmo previsto. Afirmarlo no era un acto profético, sino simplemente la conclusión a la que se llega al ver las enormes dificultades de los años anteriores para efectuar el gasto de los fondos ordinarios.
La cifra de referencia ahora de lo asignado a España es de 81.964 millones. De esta cifra ni siquiera se ha invertido la mitad porque solo se llega al 43,7%. Pero es que la cifra que ha llegado a la economía real se sitúa justo en el 20% (exactamente el 19,9%). Por lo tanto, estamos muy lejos del objetivo, considerando que el plazo finaliza el 31 de diciembre de 2026; es decir, dentro de tres años, período en el cual deberíamos aplicar el 80% restante, y si no, el dinero se esfumaría.
El gobierno ha encontrado una ranura, sin embargo, para intentar salvar una parte de estos recursos, que podría alargar el período. Se trata de acudir a la posibilidad de que el dinero que es gestionado por entidades públicas disponga de más tiempo (un implícito no ya español sino europeo que da por descontado que la eficiencia de las instancias públicas es menor que la de las privadas). Y en esto España tiene una ventaja porque de esos casi 83.000 millones, 66.473 millones son gestionados por entidades públicas. Y aquí ya podríamos sacar una primera conclusión: los fondos los maneja el sector público para aplicarlos directamente o remitirlos al sector privado.
No es una buena premisa, aunque hay casos que es palmariamente necesario que sea así, como los ferrocarriles y Adif, pero en general dice poco de una visión que haga mejorar la baja productividad española porque esta solo puede venir del sector privado. Y este es, junto con el gran retraso, otro de los grandes defectos de cómo se gestionan estos fondos. No tienen como objetivo principal modificar las condiciones que harían posible ganar en productividad. Solo hace falta ver que el 41,6% de las actuales asignaciones corresponde al sector de la construcción, mientras que la industria solo tiene asignado un 9,7%, la energía un 1,3% y el sector primario el 0,5%. La suma de todos estos 3 epígrafos vitales para la mejora de la productividad es la cuarta parte de lo asignado a la construcción, un ámbito en el cual los aumentos de productividad serán, por su propia lógica interna, escasos.
El tercer factor es que el retraso en la aplicación y la dilatación de plazos más allá del 2026 diluye en el tiempo la aplicación de los 83.000 millones de inversión aquí en España y, en consecuencia, también reduce su impacto sobre el PIB. No es lo mismo dividir esa voluminosa cantidad de euros en 6 años que en 10. En el primer caso, el efecto transformador y el proceso de acumulación al cual da lugar es extraordinario. En el segundo, es indudablemente positivo, pero las consecuencias transformadoras y de cambio de paradigma del sistema de producción no se acaban de producir. Por lo tanto, si todo esto acaba consumándose en estos términos, y nada por el momento hace pensar lo contrario, España habrá perdido una gran oportunidad histórica y por circunstancias políticas, este grave error tendrá un nombre: gobierno Sánchez.
La gestión ineficiente de los fondos Next Generation suponen una oportunidad histórica perdida y un riesgo significativo para el éxito del programa Share on X
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