Irene Montero ha convocado el enésimo comité de crisis por violencia de género, dado que hasta el 31 de agosto han muerto por violencia de género 40 mujeres españolas, 10 más que en el mismo período del año anterior.
Pero, ¿cuál es el significado real de estas cifras y cuáles son sus consecuencias?
El argumento de actuar hasta erradicar este tipo de homicidio es sencillamente una falacia, porque no hay ningún delito grave que sea igual a cero. Otra cosa es que pueda lamentarse la muerte de cada persona, pero esto no da pie a políticas que mueven al engaño.
La cuestión es si la cifra de mujeres muertas por la pareja en España es anormalmente alta y si la tendencia es ir a más o a menos.
Dicho esto, es evidente que el despido de Montero como ministra es realmente penoso porque tras el fracaso de la ley del “sólo sí es sí”, que la ministra sigue defendiendo como una ley sin ningún error y culpabilizando a los jueces, ahora resulta que este verano ha sido particularmente cruento. Es un hecho sabido que durante las vacaciones, también ocurre en el mes de diciembre, se producen más feminicidios de pareja, pero es también evidente que en relación al año pasado han crecido más. Si la serie que se observa integra más años se verá que la cifra de agosto tampoco es extraordinaria.
También hay que añadir que España es uno de los países del mundo que registra menos delitos de este tipo. Si nos atenemos a la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, África ocupa el primer puesto en número de mujeres asesinadas (3,1), seguido de América (1,6), Oceanía (1,3), Asia (0 ,9) y Europa (0,7). Pero es que en España la prevalencia es de sólo 0,1 mujeres muertas por 100.000 habitantes. La fuente de estas cifras es de Naciones Unidas.
Un segundo hecho es que no es exacto que no se haya reducido el número de víctimas desde que existen datos y esto se remonta a principios de este siglo. Hasta 2003, los feminicidios de pareja se situaban en torno a los 76 al año, con ligeras fluctuaciones. Estas magnitudes decayeron a partir de 2011, situándose por encima de las 60 víctimas, una tendencia que duró hasta 2019. Desde esa fecha está situada en torno a las 50-55 mujeres muertas. Por tanto, sí hay una reducción.
El tercer elemento es que las políticas actuales presentan graves inconvenientes porque sitúan todo el foco bajo un principio: los hombres matan a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Es una forma de culpabilizar a todos los hombres y victimizar a todas las mujeres, y no es cierto.
Con cifras de 0,1 víctimas por cada 100.000 habitantes, es evidente que no nos encontramos ante un delito social, sino de una patología individual, 50-60 hombres al año que maten a la pareja comparado con cualquier otro delito no tiene una característica de fenómeno social, como no la tienen los homicidios por lo general en España porque también son comparativamente reducidos.
Lo que sí logran categorías sociales son los delitos, por ejemplo, derivados de la droga, o las agresiones sexuales y específicamente las agresiones sexuales a menores. Y si se trata de patologías, cabe añadir que entonces los tratamientos y las acciones deberían ser mucho más específicas y mucho más finas, en lugar de generar el alud de decenas y decenas de miles de denuncias cada año, que sólo hacen que ocupar sobre este lío administrativo los casos graves. Por ejemplo, sabemos que existe una elevada correlación entre el feminicidio y la ruptura antes de que se produzca, pero que ya ha sido anunciada, durante o después.
Este hecho explica el porqué la prevalencia de este delito es mucho más elevada en las parejas de hecho que en los matrimonios, porque las rupturas son mucho más frecuentas y también sirve para explicar el dato de que el 33% de las mujeres muertas son inmigradas, una proporción muy superior al de su peso en la población. La razón no es su origen, sino su circunstancia social de desarraigo familiar, en muchos casos, y de formación de nuevas relaciones en España que comparten la condición de las parejas de hecho y de la cohabitación.
Pese a que el anuncio o realización de la ruptura es una causa de riesgo, España es uno de los países de Europa que menos recursos dedica, por no decir ninguna, a las instancias de conciliación. Aquel tipo de servicios sociales que permite acudir, en caso de conflicto con la pareja, bien para intentar superarlo o para conseguir que se produzca sin que degenere en un espacio de violencia. En lugar de gastar tanto dinero en medidas penales represivas, sería bueno, como en la mayoría de políticas contra el delito, dedicar algún recurso más a la prevención y concretamente a este capítulo, abordar el conflicto cuando se produce. Éste y la detección de patologías individuales que hacen que el hombre degenere en un ser ciegamente violento, incluso en su contra, porque recordamos que la gran mayoría de homicidas después se suicidan o al menos lo intentan. Pero claro, admitir que existen condiciones sociales muy concretas, como la ruptura, y patologías individuales que pueden ser abordadas significa liquidar el gran argumento y bandera del feminismo actual: que los hombres matan a las mujeres por el hecho de ser mujeres.
Cargando ...
