Mientras los servicios esenciales sufren recortes y la ciudadanía enfrenta una creciente presión fiscal, la Generalitat de Cataluña ha destinado millones de euros a estudios y proyectos de dudosa utilidad. Desde informes sobre el olor de una exposición hasta teorías pseudohistóricas financiadas con dinero público, estos casos ponen en evidencia una gestión cuestionable de los recursos. ¿Cuánto dinero se ha desperdiciado en investigaciones absurdas? Aquí desgranamos algunos de los ejemplos más polémicos.
1. Informes de la Generalitat de Cataluña (2007-2010):
Durante el periodo del tripartito en Cataluña, la Generalitat encargó una serie de informes externos cuya utilidad y relevancia fueron cuestionadas. Una auditoría interna reveló que, en 2007, se gastaron al menos 729.000 euros en informes considerados innecesarios o que podrían haber sido elaborados por el personal interno.
Algunos ejemplos destacados incluyen estudios sobre el olor de una exposición de Esculapio, el seguimiento de la almeja brillante y la creación de una nube tridimensional para adornar una nube romana. Ante las críticas, el gobierno catalán implementó medidas para controlar estos encargos, pero sin garantizar una transparencia total en los mismos.
2. Contratos a empresas vinculadas al Institut Nova Història (INH):
El Institut Nova Història (INH), fundado en 2007, es conocido por promover teorías controvertidas que afirman que figuras históricas como Cristóbal Colón, Miguel de Cervantes y Leonardo da Vinci eran catalanes.
A pesar de la falta de consenso académico sobre estas afirmaciones, empresas vinculadas al presidente del INH, Albert Codinas, han recibido más de tres millones de euros en contratos de la Generalitat desde 2012.
Además, medios públicos catalanes, como TV3, pagaron casi 200.000 euros por derechos de emisión de documentales que difundían estas teorías, lo que generó críticas sobre el uso de fondos públicos para promover investigaciones de dudosa credibilidad.
3. Estudio del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (2024):
En 2024, el Instituto de Investigación Urbana de Barcelona publicó un estudio sobre el mercado del alquiler que fue criticado por los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Cataluña. Los API señalaron una «falta de rigor científico» y un «estilo tendencioso» en el estudio, argumentando que se basaba en una encuesta realizada en colaboración con entidades con prejuicios contra los agentes inmobiliarios. Esta controversia puso en duda la validez y utilidad del estudio financiado con recursos públicos.
Estos casos subrayan la importancia de una gestión rigurosa y transparente de los fondos públicos destinados a investigaciones y estudios, asegurando que aporten un valor real a la sociedad y eviten el despilfarro de recursos.
