La noticia puede sorprender, pero es tan real como la vida misma y la anunció Irene Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del martes. El gobierno español dedicará la increíble cifra de 20.319 millones de euros a políticas feministas. Es una magnitud que no tiene paralelo en ninguno de los períodos anteriores y el programa está dirigido a que “las mujeres puedan tener una vida plena”. Por ejemplo, se abrirá a cargo del estado una red de ludotecas y guarderías para que, literalmente, “ las madres puedan ir a tomar un café con las amigas“. Hay que reconocer que en esto hay un progreso porque antes el postulado máximo de Irene Montero era que pudieran volver de noche solas y borrachas a casa. Ahora, por lo menos, ya se concentra en el día y se toman un café. Realmente es un progreso. Muy costoso pero un progreso.
Lo interesante de todo esto es que reivindica un principio que es incompatible con el estado de derecho, que se presupone que es, por tanto, un estado liberal en el que vivimos, porque lo que persigue este gobierno, dijo Montero, es «hacer del feminismo una cuestión de estado«. Es decir, convertirlo en ideología de estado y, obviamente, esta pretensión es incompatible con la obligada neutralidad del estado frente a las diversas ideologías políticas, que es lo que caracteriza al estado de derecho.
No puede haber más contenidos que aquellos que establece la propia Constitución. Todo lo que no sea esto es romper con el principio de las garantías constitucionales, algo que estamos viviendo todos los días y que debería generar una alarma generalizada entre la ciudadanía.
Otro objetivo que persigue la ministra con esta lluvia de millones es que «el Estado se haga cargo como corresponsable de los cuidados del hogar«. Es decir, que se haga corresponsable de atender a la familia, de tener limpia la casa, de cocinar y de las múltiples tareas que un hogar necesita. La tesis de Montero es que ahora esto lo hace sólo la mujer, y sólo traspasando parte de esa corresponsabilidad al estado la cuestión tiene solución.
Entre las visiones de la ley Celaá, hoy embajadora en la Santa Sede, sobre la primacía del estado en relación con los hijos y la situación de marginación que este hecho implica en los padres, la intromisión en las relaciones de pareja estableciendo cuáles son correctos o no, declarando “tóxico” el amor romántico y, ahora, abocando al estado a hacerse corresponsable de los cuidados del hogar, estamos entrando en un estado literalmente totalitario, aunque muy diferente del totalitarismo comunista o fascista, que actuaba específicamente en el plano económico o en el de la afirmación nacionalista. Ahora todo gira en relación con lo que debe hacer el hombre y lo que debe hacer la mujer en su casa y en sus relaciones. También cada vez más se avanza en legislación punitiva para las posibles infracciones y sólo será necesario reducirlo cuando la Fiscalía dé instrucciones para que la policía vigile el comportamiento interno de las relaciones de pareja en los hogares.
Pero ese vertido de dinero a las políticas feministas tiene una contrapartida muy penosa: la carencia precisamente de recursos económicos para necesidades urgentes.
El mismo día que aparecía en algunos medios la información sobre el derroche feminista, afloraba otra, que era la queja de los enfermos de la ELA que criticaban que les lleguen las ayudas cuando ya se están muriendo . El Congreso ha aprobado una resolución para acelerar los trámites de discapacitados, pero, aun así, la burocracia sigue no viendo a las personas que están detrás del trámite, ni siquiera los papeles y plazos, y eso es grave. En el fondo, como en otras grandes dependencias, lo que existe es una falta de presupuesto que obliga a alargar todos los plazos.
Habrá más de 20.000 millones para las políticas feministas, pero ni un euro para mejorar los cuidados paliativos que la covid ha puesto de relieve y que son absolutamente vitales para acompañar bien a los enfermos. Tampoco hay nada, ni programa ni euros, por el grave problema de las personas afectadas por la covid persistente que han visto su vida laboral truncada y sacudida por un sufrimiento continuado. Este problema, que lo sufren hombres y mujeres, para el feminismo del gobierno no cuenta.
Y qué decir de la situación de la asistencia primaria. Los profesionales siguen con su justa queja de que carecen de personal y de que este problema no se resuelve. Como tampoco se resuelve el gigantesco incremento de retrasos en diagnósticos y tratamientos de todas las enfermedades que no eran covid. Para esta otra cuestión vital, no hay recursos.
Montero pretende gastar dinero en reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres, pero lo hace ignorando deliberadamente que la causa fundamental de esta brecha, cuando existe, radica en la maternidad y aquí es donde el feminismo aplica cero euros, y continuaremos sin ayuda alguna a las mujeres embarazadas y para las madres, cuando éste es el problema central de la desigualdad económica que todavía perdura. Tampoco habrá recursos para hacer más fácil que las mujeres puedan tener sus hijos, pese a que España está sumergida en una crisis de natalidad que la convertirá antes de 2050 en un país inviable. Y qué decir de la carencia de ayudas a la familia y sobre todo a las familias con hijos, que tiene como consecuencia que España sea el tercer país de la zona Euro-OCDE con un mayor nivel de pobreza infantil.
Todo ello es un escándalo de proporciones cósmicas. La cuestión es cómo y cuándo se pondrá remedio.
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