De acuerdo con las cifras proporcionadas por el gobierno español, la distribución de los fondos europeos parece haber seguido una pauta cercana al del peso relativo de la población sobre el conjunto español, aunque presenta importantes desviaciones, en más y en menos, según cuál es la comunidad autónoma.
Hay unas en concreto que reciben fondos por debajo de su significación demográfica. Son los casos de Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, País Vasco, Murcia y Asturias. Las desviaciones en menos en algunos casos son mínimas, como País Vasco o Murcia, si bien resulta extraordinariamente significativa en el caso de Madrid que recibe un 30,7% menos de lo que le tocaría en una distribución equiproporcional a su población.
Por situar una referencia, Cataluña recibe un 13,4% menos, y la Comunidad Valenciana un 11,6% por debajo, a mucha distancia de la reducción que experimenta Madrid. En este sentido, por tanto, la queja de Ayuso sobre los fondos está más que justificada.
En el caso de Cataluña lo que ha manifestado la Generalitat no es tanto un gran griterío porque recibe menos de lo que le correspondería, aunque la cifra es menor que la de su población, sino por el hecho de que su margen de actuación es muy limitado, y que el dinero le llega muy predeterminado por lo que establece el gobierno español.
Cabe apuntar que Cataluña, al igual que el conjunto, registra un serio retraso en la ejecución de los fondos. Con fecha de finales de año había ejecutado sólo un 21% de lo que ha recibido, entendiendo que el concepto administrativo de ejecución no significa que el dinero haya llegado a las empresas y empiecen a fluir en relación con el proyecto por el que les ha sido concedido, sino sencillamente que la convocatoria ha sido llevada a cabo y que, por tanto, las empresas ya pueden iniciar el proceso de solicitud. En consecuencia, incluso en ese 21% ejecutado, el plazo para que el dinero llegue a cada empresa todavía es largo. A este ritmo es difícil que los fondos tengan un gran impacto en la economía de 2022. No es probable que se cumpla la previsión del gobierno español de que su aplicación este año significaría un aumento de 2 puntos del PIB. Cabe recordar en este sentido que estos fondos ya empezaron a estar en manos de la administración española el año pasado y esto refuerza la idea de la lentitud en la ejecución, al margen del mayor o menor acierto en la elección de los proyectos.
Desde el punto de vista de las comunidades autónomas más beneficiadas en la distribución, éstas son claramente las más pequeñas, si bien existe la excepción ya apuntada de Asturias y Murcia, que no obtienen ese beneficio. Con diferencia, Extremadura, una vez más, es la comunidad más beneficiada porque registra una aportación de fondos de un 43,6% superior a lo que le corresponde por su peso en población. Le sigue en beneficio La Rioja con un 37% más y Aragón con un 30%.
Podríamos deducir que el criterio de distribución ha sido el de la población, corregido por su dimensión absoluta. Y hasta aquí parecería un apuntamiento razonable, seguramente porque el escalado de los proyectos determina que, por debajo de una determinada inversión, no pueda virtualizarse la iniciativa. Pero ese criterio, que podría parecer objetivo, choca con las excepciones, por un lado, del notable maltrato a Madrid y un cierto menosprecio de Asturias, y por las extraordinarias primas que reciben Extremadura y La Rioja.
Cargando ...
