Los planes de recuperación de Sánchez se han convertido en un escándalo antes de conocer a fondo en qué consisten, y precisamente la causa de este hecho lamentable es el desconocimiento sobre sus contenidos reales.
El hilo conductor de esta historia comienza cuando el diario El País hace público que en el plan presentado a Bruselas hay un punto enmascarado bajo las políticas de igualdad de género, que liquida la desgravación por declaración conjunta que hacen los matrimonios. Este hecho sorprendente se produce el fin de semana, pocos días antes de las elecciones de Madrid y conlleva una rápida reacción del gobierno español en boca de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmando que no lo pondrían en marcha en los términos del texto remitido a Bruselas, sino que se esperarían a la reforma fiscal y se tendrían en cuenta las recomendaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad fiscal (AIReF). Era una rectificación clara a pocas horas de haberlo entrado en Bruselas, pero que evidentemente no desmentía que en el futuro no se produjera la subida de impuestos a los matrimonios, consecuencia de la liquidación de la desgravación … argumento que era una «obligación» con Bruselas.
Pero, para liarlo más, este lunes la ministra de la Transición Ecológica, Teresa Ribera, negaba que hubiera esta rectificación, afirmando que «creo que son cuestiones más de detalle técnico que de una rectificación en toda regla» . En este momento no hay ninguna garantía de que el plan que se ha hecho público en España diga exactamente lo mismo que el que se ha presentado en Europa.
No es una consecuencia menor que la Comisión Europea haya llamado a los países a que hagan un ejercicio de transparencia publicando los planes de recuperación remitidos, al tiempo que se cura en salud diciendo que de todos modos esta es «una cuestión que corresponde a cada país» . Bruselas tampoco tiene previsto, porque no le corresponde, un análisis comparativo entre lo que han recibido y lo que los gobiernos han publicado.
Por tanto, nos encontramos ante un hecho histórico, 140.000 millones en ayudas, de los que desconocemos, y por lo que está sucediendo podemos desconfiar, su contenido real.
Todo este asunto tiene un origen claro: no haber llevado por parte del gobierno de Sánchez el conocimiento de los planes y de su seguimiento al Congreso, y también al Senado, que es en teoría la cámara de las autonomías, lo que aportaría luz y taquígrafos a una cuestión tan determinante. ¿Cómo es posible que el asunto de mayor entidad desde la moneda única no sea objeto de seguimiento y control parlamentario? ¿Se puede considerar democrática una práctica de este tipo? Después, el gobierno pide unidad, «arrimar el hombro», pero no en torno a un proyecto común, sino de la persona que nos gobierna, porque el proyecto ni se conoce ni, por tanto, puede ser común.
Una reivindicación política, y más allá de los partidos, ciudadana, es que se constituya en el Congreso y en el Senado las respectivas comisiones de seguimiento y control del plan, que empiecen por verificar si los textos de Bruselas y lo que circula por España son coincidentes, y conozcan con detalle qué es lo que piensa hacer el gobierno con estos 140.000 millones.
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