Los inspectores del Ministerio de Hacienda se han levantado contra los paraísos fiscales. Así se han manifestado desde la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) a los medios en la clausura de su XXIX Congreso que se ha celebrado en Zaragoza. Los inspectores denuncian el crimen fiscal y han presentado una batería de propuestas para mejorar el control de los grandes patrimonios.
De entre las propuestas hay que destacar el deseo de los inspectores de reclamar el pago a confidentes y regular la entrada de incógnito a las empresas. Reiteran, asimismo, su propuesta de proteger a los confidentes en casos de fraude fiscal -proposición que, según la asociación, es bien recibida por Hacienda- y abrir la posibilidad de pagar por esta información. Plantean también que la ley amplíe el abanico de actuaciones permitidas a los inspectores de Hacienda, entre ellas actuar de incógnito, lo que les permitiría, por ejemplo, pedir pruebas de indicios de delito antes de lanzar las operaciones.
El pago a confidentes no se haría con cargo a fondos reservados sino con partidas acreditadas y con transparencia, concretaron. Se trata de un refuerzo de la protección del denunciante -hay que recordar que ya existe la figura del denunciante anónimo-. Es una medida que estuvo en vigor en los años 80 y que después se derogó. Esta herramienta es muy efectiva en los Estados Unidos, donde ha tenido mucho éxito para las arcas norteamericanas en el caso de empleados de bancos suizos, entre otros. La IHE la ha defendido desde hace tiempo pero la Hacienda del PP se mostraba en contra en los últimos años.
En cuanto a las actuaciones de incógnito, se trata de regularlas. Desde la Organización de Inspectores subrayaron que no pretenden acceder al domicilio constitucional de la empresa, lo que está muy protegido y reafirmado por el Tribunal Supremo. Lo que buscan es regular de forma clara y garantista actuaciones de incógnito en talleres, comercios y restaurantes, por ejemplo, para que los inspectores puedan obtener indicios de fraude sin estar obligados a identificarse como hasta ahora.
La asociación también ha defendido una revisión de Patrimonio y Sucesiones y una vigilancia de las SICAV, sociedades y fondos de capital riesgo y Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE). Además, alertan de mecanismos societarios de control más complejo que ofrecen Suiza, Luxemburgo, Holanda, Chipre, Malta o Austria.
Otra de las iniciativas que plantea es establecer un listado de territorios no cooperantes en materia fiscal más moderno y amplio. También se propone no reconocer la personalidad jurídica de las sociedades constituidas en paraísos fiscales o los propietarios de las cuales residan en estos. Además, desde IHE plantean la posibilidad de obligar a las entidades financieras con sucursales en paraísos fiscales a proporcionar información sobre los titulares de las cuentas. El colectivo plantea endurecer el régimen sancionador para los que comercialicen productos de ingeniería fiscal ilícitos y para los que utilicen sus sociedades para fines personales con el objetivo de ahorrar impuestos con multas «disuasorias», apuntó la presidenta de la asociación, Berta Tomàs.
