Ya sabéis, o debería saberse, qué dice el evangelio: “¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no ves la viga que está en tu propio ojo ? (…) ¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano” (Mateo, 7:3–5).
En esta conocida referencia bíblica, Jesús invita a no juzgar severamente a los demás por sus faltas cuando uno mismo puede tener errores más graves (“la viga”). Condena la hipocresía de aquél que critica sin examinarse a sí mismo.
Y eso es lo que ocurre con el alud de críticas a Trump, ahora por una deriva autoritaria fuente de una potencial y no existente crisis institucional. El motivo es el alud de decretos presidenciales y el hecho de que varios jueces de niveles jurisdiccionales distintos hayan paralizado a muchos de ellos.
Trump, al menos en un caso concreto, el de trasladar a un grupo de venezolanos pertenecientes o al menos acusados de pertenecer a la más que peligrosa mafia de aquel país, El Tren de Aragua, a la macro cárcel de El Salvador. Es una organización criminal originaria de Venezuela, considerada una de las más peligrosas y expansivas de América Latina en los últimos años, y que se ha implantado en varios países de América Latina, como Colombia, Perú, Chile, Brasil, y más recientemente, también en Estados Unidos y Europa. Está involucrada en delitos como tráfico de personas, narcotráfico, extorsión, minería ilegal y otros.
El juez en el centro de este conflicto con la administración Trump es James E. Boasberg, presidente del Tribunal para el Distrito de Columbia. El conflicto surgió cuando Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1789 para deportar a casi 300 venezolanos supuestamente miembros de la banda Tren de Aragua en El Salvador. El juez Boasberg emitió una orden para detener estas deportaciones y ordenó que los aviones dieran marcha atrás.
La administración Trump ignoró la orden judicial, argumentando que los aviones estaban ya en espacio aéreo internacional. Trump llamó a Boasberg “lunático” y pidió su destitución, lo que provocó una respuesta del presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, defendiendo la independencia judicial.
El conflicto de las órdenes ejecutivas de Trump y la intervención de algunos jueces para impedir su ejecución es grave para algunos porque constituyen excesos que atentan contra el Estado de derecho y la separación de poderes. Para otros juristas no es así y lo que ocurre es que el Congreso limitó excesivamente las capacidades ejecutivas del presidente como reacción ante el escándalo del Watergate y Nixon, competencias que ahora Trump intenta recuperar.
Pero lo que ocurre en Estados Unidos con los límites constitucionales y los jueces no tiene comparación con lo que ocurre con Sánchez y España y el conflicto y la degradación constitucional que genera el presidente del gobierno.
Continuará
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