El hecho es este: las 13 Cámaras de Comercio de Cataluña, Foment del Treball, Pimec, FemCat, el Colegio de Economistas de Cataluña, el RACC, Barcelona Global y el Círculo de Economía han firmado una declaración que pide un nuevo modelo de financiación, dado que el actual «no es ni transparente, ni equitativo, ni eficiente y representa un obstáculo importante para el progreso económico y bienestar social de muchas comunidades autónomas, entre ellas Cataluña».
Para superar esta cuestión se propone una doble y diferenciada solución. Un modelo federal como el de EE.UU. para establecer la capacidad normativa de gestión, recaudación e inspección de todas las autonomías compartiendo las mismas bases imponibles, o bien una solución que está en los extremos, el pacto fiscal, con el que la Generalitat recaudaría y gestionaría todos los tributos y asumiría el poder normativo similar al de las comunidades forales.
Es un hecho extraordinario que tantas entidades económicas de diferente perfil se hayan puesto de acuerdo para reivindicar una mejor financiación para Catalunya. Es evidente que las soluciones que proponen incorporan tipos de propuestas muy diferentes, pero esto no puede hacer olvidar que lo que hay detrás es una manifestación de gran insatisfacción por la situación actual y de urgencia para que de una vez por todas se encuentre una solución.
La extrañeza proviene de que el mundo empresarial, en su sentido más amplio, emprende esta iniciativa cuando precisamente resulta que los partidos catalanes en el Congreso tienen como nunca la sartén por el mango. Tanto ERC como JxCat pueden hacer temblar al gobierno español cuando quieran. Nunca hubo una situación tan favorable, pero no obtiene resultados para Catalunya más allá de los intereses cerrados en la especificidad partidista. De discursos vamos sobrados. Dicho sea, de paso, la capacidad para reiterar tópicos de Aragonès en este terreno no la han mejorado ni siquiera la IA: el resultado de tanto discurso es ni cinco de caja. Sí, ya sabemos que ha habido los indultos y ahora la amnistía. Pero nos estamos refiriendo a otro orden de cosas, a las que actúan en beneficio de todos los catalanes. Es muy legítimo que los partidos quieran beneficiar a los suyos, pero no en perjuicio ni olvido del bien común, de los intereses y necesidades del conjunto de la población. Y éstos radican en gran medida en una mejor financiación. Más cuando hace 10 años que se incumplen los plazos de revisión. Esto, tal vez, no sea inconstitucional, o sí, en todo caso lo evidente es que es perfectamente ilegal y de ninguna manera es tolerable.
Pero, ni la famosa mesa de diálogo o negociación, porque vete a saber al final cuál era el nombre verdadero, ni ERC ni la declaración de Puigdemont al inicio de las negociaciones con Sánchez han servido absolutamente de nada. Es más, de financiación ni se habla, porque de lo contrario, estas entidades, algunas de las cuales son bastante cuidadosas a la hora de mojarse públicamente, no se habrían apuntado a la declaración.
Y no es sólo únicamente de lo que no se habla, sino es que incluso cuando se acuerda algo, luego sus resultados no aparecen por ningún lado. Es el caso por ejemplo del polémico acuerdo sobre inmigración al que llegó Junts. Nunca hemos conocido en qué consiste y obviamente no vemos por ninguna parte cuáles son sus consecuencias, y no es que no sea una cuestión importante para los catalanes.
¿Por qué se produce esa grave contradicción? Pues porque funciona una lógica perversa: nada que pueda perjudicar en realidad a Sánchez será planteado por el independentismo si no se adecua electoralmente a hacerlo, y la financiación es una piedra en el zapato del gobierno español, más difícil y duro que la amnistía, porque hace estallar las contradicciones entre los distintos intereses de las comunidades autónomas por encima de las siglas del partido, y eso es lo último que hoy necesita un malogrado PSOE. De esta forma continuaremos indefinidamente soportando un modelo de financiación que lleva una década de retraso en su renovación, que hace que mientras que Cataluña sea la 2ª comunidad autónoma, exceptuando las de régimen foral, por su PIB per cápita, resulta que cae a la 10ª posición cuando se contemplan los recursos recibidos y a la 14ª si se toma en consideración el coste de la vida.
Después de tantos años es una evidencia que ni ERC ni JxCat sirven para servir a los intereses de Catalunya considerada como un todo; a toda su gente. Porque su agenda es tan particular que lo impide, y su lógica política tan enganchada a Sánchez que lo hace imposible.
Necesitamos unos partidos políticos catalanes que respondan como en otras épocas a las necesidades del país sin mayores consideraciones ni aficiones ideológicas. Necesitamos partidos catalanes que piensen en todo, en lugar de procurar sólo por su partido y sus ingresos.
