Lo que ocurre en Estados Unidos con los límites constitucionales y los jueces no tiene comparación con lo que ocurre con Sánchez y España y el conflicto y la degradación constitucional que genera el presidente del gobierno.
1- Conflictos con los jueces.
En el acuerdo entre PSOE y Junts, se incluyó el término «lawfare», utilizado para denunciar una supuesta instrumentalización de la justicia contra intereses políticos. Además, se propuso y se concretó la creación de comisiones parlamentarias para revisar sentencias judiciales, lo que generó rechazo unánime por parte de asociaciones judiciales y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al considerarlo un ataque a la separación de poderes y al Estado de derecho.
El Gobierno ha impulsado reformas para modificar el sistema de elección de los vocales del CGPJ, con propuestas como rebajar las mayorías necesarias para su designación en el Congreso y en el Senado, y mediante ley ha rebajado sus atribuciones en el nombramiento de jueces para las plazas vacantes, generando una grave crisis a la justicia.
Estas iniciativas han sido interpretadas como intentos de politizar al órgano judicial y debilitar su independencia.
Durante la discusión sobre la Ley de Amnistía, los socios parlamentarios del Gobierno atacaron públicamente jueces como Manuel García-Castellón, Joaquín Aguirre y Manuel Marchena, acusándoles de prevaricación desde la tribuna del Congreso. Estas críticas no fueron frenadas por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ni desmentidas posteriormente por Sánchez, lo que generó indignación entre sectores judiciales.
Por su parte, Sánchez afirmó que existía connivencia entre el Partido Popular y ciertos jueces. Y hay más. Él es el primer presidente en ejercicio en querellarse contra un juez por prevaricación, específicamente contra el magistrado instructor del caso relacionado con su esposa, Begoña Gómez. Este hecho estuvo acompañado por críticas desde distintas instancias gubernamentales hacia las decisiones judiciales vinculadas al caso. Y estas críticas se han sucedido desde su entorno hacia la juez que investiga al hermano del presidente por varios delitos y el procedimiento ya ha llegado a personas de la Moncloa.
2- Los escándalos en el nombramiento y actuaciones de los dos últimos fiscales generales del Estado.
La politización del cargo de fiscal general del Estado en España ha sido objeto de críticas tanto en el pasado como en la actualidad: el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado en 2020 generó fuertes críticas. La Asociación de Fiscales lo consideró «una declaración de intenciones por parte del poder político para meter las garras» en la Fiscalía. El nombramiento dividió al Consejo General del Poder Judicial, con 12 votos a favor y 7 en contra.
Pero fue lo ocurrido con su sucesor Álvaro García Ortiz, que tiene el récord insólito de haber sido declarado persona inadecuada para el cargo por el Tribunal Supremo y posteriormente inculpado por el propio Tribunal por la acusación de haber filtrado datos confidenciales de un ciudadano: la pareja de Ayuso, presidenta de la Comunidad.
3- La manipulación del Tribunal Constitucional.
Al nombrar a una mayoría militante del gobierno, lo que ha dado lugar a una serie de sentencias escandalosas y la conversión de esta institución en un tribunal de casación que no es, corrigiendo el Tribunal Supremo y las instancias judiciales territoriales.
Ha despertado un particular escándalo la absolución de los principales condenados por el mayor caso de corrupción ocurrido en España, los ERE de la Junta de Andalucía, que ha considerado inocentes en una sentencia «creativa», que ha sido apelada por la Audiencia de Sevilla ante la justicia europea.
4- El uso abusivo de la Abogacía General del Estado.
Por actuar en cuestiones particulares de Sánchez, como en el caso de las denuncias contra su mujer.
5- La liquidación de las funciones básicas del Congreso de los Diputados.
Aquí también la lista de vulneraciones constitucionales es grave y larga y lo que es peor, sistemática y creciente:
- El establecimiento de los confinamientos en los estados de alarma declarados por la COVID-19, considerados inconstitucionales por el TC.
- También suspendió la actividad parlamentaria aunque la Constitución establece en su artículo 116.6 que “El Congreso de los Diputados no podrá ser disuelto mientras estén declarados algunos de los estados previstos en este artículo y, en caso de no estar reunido, será convocado con carácter automático para su sesión de control al Gobierno.” Incluso en situaciones excepcionales, la sesión de control no puede ser suspendida”.
- El incumplimiento sistemático de la obligación constitucional señalada en el Artículo 134 de que el Gobierno debe presentar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado en el Congreso de los Diputados al menos tres meses antes de que acabe el año en curso.
- La utilización de la mayoría en la mesa del Congreso y la actuación partidista de la presidenta, convirtiendo esta instancia en una prolongación de la presidencia del gobierno, aplazando las tramitaciones molestas o que no interesan. Es lo que ocurrió a lo largo de toda la legislatura pasada y es solo un ejemplo, aunque trágico, de la ley de ayudas a los enfermos de ELA.
- El uso abusivo de la figura del Real Decreto-ley para evitar el escrutinio y el debate parlamentario. Felipe González lo utilizó de media 9,6 veces al año, Aznar 8,75, Rodríguez Zapatero 15,4, Rajoy 18,5 y Pedro Sánchez entre 2018 – (2025) ha aprobado 160 decretos ley, una frecuencia superior a 25 decretos ley anuales. El TC ha recordado que no todo puede justificarse como «urgente» y ha anulado decretos por este motivo. El Consejo de Estado señala que en varios decretos carecía de justificación de urgencia real.
- La sustitución fraudulenta del Proyecto de ley, mediante el cual el gobierno presenta y se tramita su iniciativa legislativa en el Congreso por la propuesta de Ley con una tramitación más breve y sin consultas a instancias externas del Estado, cuando la iniciativa surge de un grupo parlamentario. Sánchez vehicula muchas de las iniciativas gubernamentales por esta segunda vía para limitar el escrutinio parlamentario.
- La liquidación de las sesiones de Control del ejecutivo por parte del Congreso. La Constitución Española establece el derecho y el deber del Congreso de los Diputados de controlar la acción del Gobierno y regula de forma general este mecanismo en varios artículos.
El artículo 66.2 establece que «las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución»
Asimismo, el artículo 111 dice que «El Gobierno y sus miembros están obligados a responder a las preguntas e interpelaciones que les formulen las Cámaras». De modo que el Congreso puede dirigir preguntas e interpelaciones al Gobierno y este debe comparecer y responder.
Sánchez ha destruido este mecanismo básico de control democrático mediante aplazamientos frecuentes, a veces durante semanas, pero sobre todo no contestando a las cuestiones planteadas y transformando las respuestas en ataques a la oposición que así pasa a ser “controlada”, viviendo así por completo una función esencial para la salud democrática: el control del gobierno y la transparencia y las respuestas.
Si Trump “empuja a una crisis constitucional en Estados Unidos”, como titulaba El País, visto lo visto con Sánchez, y eso que el repaso no es exhaustivo, no es que empuje, sino que ha hundido a España en una crisis de las instituciones que pone en peligro el mismo Estado de derecho y la democracia.
Pero ninguno de los medios que examinan con ahínco a Trump, ha hecho nunca la menor objeción a los desvaríos de Sánchez. Dicho esto, la viga y la paja, por así decirlo en términos amablemente evangélicos
Los excesos de Trump y los desórdenes de Sánchez. No ver la viga en el propio ojo (I)
Ninguno de los medios que examinan con ahínco a Trump, ha hecho nunca la menor objeción a los desvaríos de Sánchez Compartir en X
