Dicho claro y concreto: si Sánchez hubiera cumplido con lo que había venido prometiendo en materia de vivienda desde 2018, la crisis, no existiría.
Desde su llegada al poder en junio de 2018, Pedro Sánchez ha reconocido repetidamente el problema de la vivienda y ha anunciado ambiciosos planes para atajarlo – pero la ejecución efectiva ha sido muy limitada.
Cabe destacar que España prácticamente dejó de construir vivienda protegida durante la última década, situándose con un parque social en torno al 2,5% del total de viviendas, muy por debajo del 9% de media europea. En 1981 casi la mitad de las viviendas nuevas eran protegidas, pero en 2019 apenas fueron el 8,5%.
De hecho, en 2020 las Administraciones Públicas solo promovieron 328 viviendas en toda España, un mínimo histórico. La responsabilidad gubernamental resulta obvia. Ante esta realidad, el Gobierno de Sánchez prometió reactivar la vivienda pública, aunque los resultados tangibles han sido escasos.
A continuación, se resumen los principales anuncios en materia de vivienda durante los gobiernos de Sánchez y su grado de cumplimiento:
- 2018 – Plan 20.000 viviendas asequibles: Poco después de asumir la presidencia, en julio de 2018, el ministro José Luis Ábalos presentó un plan para construir 20.000 viviendas de alquiler asequible en 4 o 6 años. Este fue el primer gran compromiso público de la era Sánchez para ampliar la oferta social.
- 2021 – Ampliación a 100.000 viviendas: En 2021 el Gobierno elevó la meta a 100.000 viviendas protegidas o asequibles en construcción. Asimismo, en enero de 2022 lanzó el Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025 con diversas medidas de apoyo.
- 2023 – Plan de Alquiler Asequible (184.000 viviendas): Coincidiendo con un año electoral, en 2023 se anunció junto a CCAA y ayuntamientos un Plan de Vivienda en Alquiler Asequible que aspira a construir 184.000 viviendas públicas o protegidas. Además, en abril de 2023 Pedro Sánchez prometió en total hasta 244.000 nuevas viviendas públicas, movilizando distintas fuentes (incluyendo 50.000 de la Sareb, viviendas de ministerios, convenios con promotores, etc.)
- Ley por el Derecho a la Vivienda (2023): En mayo de 2023 se aprobó la primera Ley estatal de Vivienda de la democracia, que entre otras cosas limita los precios del alquiler en zonas tensionadas y refuerza la protección frente a desahucios. Aunque esta ley aborda la regulación de mercados, su impacto en aumentar la oferta aún está por ver.
- PERTE de industrialización (2025): Ya en 2025, el gobierno anunció un PERTE (proyecto estratégico) para industrializar la construcción residencial, con 1.300 millones € públicos para impulsar métodos prefabricados y producir 15.000-20.000 viviendas anuales adicionales en el futuro.
Balance de cumplimiento:
A pesar de los anuncios, el despliegue real ha sido muy limitado. Según datos oficiales a finales de julio de 2024, del plan de 184.000 viviendas asequibles estaban 80.745 viviendas “movilizadas” (es decir, con fondos transferidos a CCAA/ayuntamientos) y otras 59.879 en fase de firma o desarrollo, pero no se sabe cuántas han sido realmente construidas o entregadas.
De hecho, el propio Gobierno no pudo aportar la cifra de viviendas efectivamente terminadas dentro de ese plan, lo cual no deja de ser escandaloso. Peor aún, de la promesa total de 244.000 viviendas públicas que Pedro Sánchez hizo en abril 2023, para fines de 2024 solo se habían entregado unas 350 unidades nuevas. Otras 47.209 viviendas estaban con contrato firmado (en obra o proyecto) y 71.620 “movilizadas” con terreno o financiación asignada, mientras más de 115.000 ni siquiera se habían iniciado aún.
El plan financiado con fondos europeos para construir 25.000 viviendas sociales también avanzó lento: a finales de 2024 no se había entregado ni una sola de esas casas; solo 16.067 estaban adjudicadas o en proyecto y 2.522 en licitación, con menos del 50% del presupuesto ejecutado.
Las cifras presupuestarias confirman esta brecha entre el discurso y la realidad.
En 2023 el Estado solo ejecutó el 47% del gasto previsto en vivienda y edificación, dejando sin usar más de 2.000 millones de euros destinados al acceso a la vivienda, lo cual es extremadamente grave, dice mucho de la capacidad ejecutiva del gobierno y justifica sobradamente la petición de dimisión de la ministra.
Diversos analistas y medios han calificado de malo el balance de seis años de Gobierno de Sánchez en materia habitacional, señalando que la lentitud en la ejecución y la falta de resultados concretos han contribuido al agravamiento de la crisis.
En síntesis, la actual crisis de vivienda ha tomado fuerza bajo los gobiernos de Pedro Sánchez: si bien responde a factores estructurales (demografía, urbanismo, turismo…), la ausencia de una respuesta pública eficaz entre 2018 y 2023 permitió que el problema pasara de latente a crítico.
Hoy España se enfrenta a un desafío habitacional mayúsculo – el mayor en décadas – cuya gestación coincide plenamente con el periodo de Gobierno de Sánchez, durante el cual la oferta de vivienda accesible no aumentó al ritmo necesario y las soluciones prometidas no llegaron a materializarse.
La crisis de vivienda no cayó del cielo: seis años de inacción la convirtieron en una emergencia nacional. #España #CrisisHabitacional Compartir en X
Cargando ...
