La pandemia enferma a cientos de miles de personas, algunas de ellas de gravedad, y destruye la economía, pero a la hora de la verdad lo más determinante de todo son las muertes. Posiblemente por ello el gobierno español esconde de una manera escandalosa y reiterada, y el catalán no es la excepción a la norma, la mortalidad real detrás de unas cifras oficiales que las reducen sensiblemente. Felizmente hay otras fuentes rigurosas como la del Instituto Nacional de Estadística que informa sobre el exceso de mortalidad que se produce semana a semana. Si las diferencias son pequeñas, es consecuencia de un simple sesgo estadístico, pero si son tan grandes como las de ahora, señalan el estrago real de la Covid-19.
Por los últimos datos del INE sabemos que el exceso de mortalidad en el conjunto de las dos olas ha sido de más de 65.000 muertos, cuando el dato oficial es de sólo 39.000. También sabemos que el 90% de estos muertos tienen más de 65 años. Y estos dos parámetros, cantidad y grupos de afectados, enmarcan perfectamente la dimensión de lo que nos está sucediendo y sitúa a España en uno de los primeros lugares en muertes de todo el mundo en proporción a su población.
En este contexto, la situación de Cataluña no es para tirar cohetes. Considerando la tasa de mortalidad, es decir la relación de los muertos con el número de habitantes de cada autonomía, Cataluña ocupa un lugar muy destacado detrás de las más afectadas; por un lado Madrid y las dos comunidades limítrofes, Castilla la Mancha y Castilla y León, que sin duda reflejan el impacto de la capital. Ocupan respectivamente el tercer, segundo y primer lugar, con una diferencia clara a favor de Madrid, que si bien en la primera ola ocupó un terrible primer lugar con una tasa de mortalidad de 240,28%, ahora en la segunda fase ha caído hasta al octavo lugar, a causa de un mucho mejor control de la enfermedad y también de sus efectos letales, lo que no se puede decir de las dos Castillas que han mantenido posiciones relativas en las primeras posiciones en una ola y la otra, si bien como es evidente el impacto mortal es mucho menor en esta segunda, porque si en la primera la tasa de mortalidad fue de 102,94%, en la segunda, la actual, está siendo del 38,56%, en términos de toda España. La diferencia salta a la vista. Pero, hay alguna excepción como es el caso de Aragón que ha empeorado. Ahora es la comunidad con una tasa de mortalidad más alta, 83,21%, mientras que en la primera ola le correspondía el sexto lugar con una tasa del 87,56%, una cifra muy similar. Esto hace que Aragón encabece el ranking de mortalidad para el conjunto de España, considerando la primera y segunda ola, seguida de las dos Castillas.
¿Y Cataluña? Pues se sitúa en una quinta posición en el sumatorio de los dos periodos críticos, consecuencia del mal comportamiento en la primera ola, 167,93% de tasa de mortalidad, y la sexta posición en la segunda ola con un 39,83%, superior en ambos períodos a la media española. En términos relativos se ha mejorado un poco, pero no mucho.
Esta mala posición de Cataluña en el contexto, a pesar de ser una comunidad en principio líder en conocimientos sanitarios, cuestiona profundamente las políticas seguidas más cuando en esta segunda fase las restricciones catalanas han sido y son durísimas, y representan una losa económica sobre una parte de la población que tendrá graves consecuencias en el futuro inmediato. En este sentido, contrasta el éxito de Madrid con medidas mucho menos restrictivas; por ejemplo los bares y restaurantes siguen abiertos, y ofrece una tasa de mortalidad claramente inferior a la catalana con un 31,78% en esta segunda ola.
La gestión catalana necesita una profunda revisión, pero resulta del todo impensable que los mismos responsables del fracaso tengan el valor político de constatar lo que va mal y cambiarlo. Un camino para lograr una buena respuesta sería que el Parlamento llamara por mayoría cualificada una comisión de expertos independientes que hicieran una auditoría de lo hecho en la primera y segunda ola, y extraigan conclusiones que permitieran garantizar una mayor seguridad a los catalanes y unas mejores condiciones para la actividad económica.
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