Un estado de leyes…

Publicado en La Vanguardia el 12 de julio de 2021

El franquismo fue un Estado de leyes, pero no fue un Estado de derecho. Las normas regían nuestras vidas, hasta con siete leyes fundamentales, pero no todos los ciudadanos tenían las mismas posibilidades de hacer efectivos sus derechos. La negativa a aceptar tal desequilibrio se pagaba con la represión, incluida la cárcel. Lo sé por experiencia.

El riesgo de nuestras cada vez más débiles democracias es que el Estado de derecho evolucione hacia una restricción asimétrica de la libertad. No es una conclusión mía, pero la comparto por la evidencia de los hechos. El estadounidense Ross Douthat, columnista de The New York Times, entre otros periódicos, y antiguo director de la revista The Atlantic, define esta situación como “Estado policial de características liberales”. Lo hace en su libro La sociedad decadente (2021). Aunque también emplea otro calificativo, el de “Estado policial rosa”, utilizado por James Poulos. Este doctor en Filosofía por la Universidad de Georgetown, editor general de The American Mind y autor de The art of being free: How Alexis de Tocqueville can save us from ourselves (2017), no es, como el propio Douthat, ningún peligroso populista. Son ensayistas y periodistas de reconocida carrera profesional, que piensan por cuenta propia, y por ello denuncian las limitaciones crecientes de la libertad por parte de la ideología dominante. Poulos lo define como un orden en el que la autoridad pública está “interviniendo agresivamente en los detalles íntimos de la vida cotidiana, como un amigo con respecto a determinadas formas de libertad civil, pero como un enemigo con respecto a otras” (pág. 186). Es la aplicación asimétrica de las libertades. Si perteneces al grupo dominante posees unas ventajas que los demás no tienen. Por ejemplo, acusar a alguien, y que este deba demostrar su inocencia.

En el caso de España, el anteproyecto de reforma de la ley de Seguridad Nacional, que prepara el Gobierno, significa alcanzar un estadio muy avanzado en aquel camino. Su razón de ser es aplicar la experiencia adquirida durante la pandemia, pero no con una ley sanitaria, que sería lo apropiado, sino de seguridad, y sin haber sometido su actuación a un examen objetivo de expertos, o por parte del Congreso. Ni luz ni taquígrafos sobre lo que se hizo mal, y por tanto solo rectificarán lo que les conviene; más poder para el Gobierno, en lugar de lo necesario: control parlamentario, científico y rendición de cuentas.

Esta ley pretende establecer la requisa temporal de bienes privados, su intervención u ocupación, la suspensión de todo tipo de actividades y la movilización obligatoria de los mayores de edad. La norma prevé compensaciones económicas, pero sin fijar cuantías ni términos y, en todo caso, quedando excluidas las concernientes a las prestaciones personales. Significa convertir el país en una especie de cuartel, cuando lo decida el Gobierno y por el tiempo que acuerde, “que no será más del necesario”, pero basta recordar los meses y meses de estado de alarma para temblar. Por si fuera poco, pretende regular nuestros derechos fundamentales mediante una ley ordinaria, cuando la exigencia constitucional hace necesaria la garantía de una ley orgánica. Por último, culminando el abuso legal, es al presidente del Gobierno y no al Congreso de los Diputados a quien correspondería la declaración que permite aplicar la ley.

Es un paso más en la mala dirección, que tiene otros exponentes previos, como ha sido el abuso del estado de alarma con la consiguiente limitación de las funciones del Congreso, y es el uso desmedido del decreto ley. Reservado por la Constitución para situaciones de “extraordinaria y urgente necesidad”, ha sido aplicado sistemáticamente por Sánchez, hasta convertirse en el presidente que en mayor medida lo ha utilizado en relación con el tiempo de su mandato. Hasta en 39 ocasiones en 36 meses de gobierno.

Toda esta situación se beneficia de la lentitud abusiva del Tribunal Constitucional, que lleva once años sin resolver el recurso contra la ley del aborto, o resuelve negativamente el nombramiento de Rosa María Mateo al frente de RTVE cuando ya hace meses que no está en el cargo. Todo esto otorga un claro privilegio al Ejecutivo, que puede establecer leyes contrarias a la Constitución durante años, sin que aquí pase nada. Este es el peligroso estado de nuestra democracia liberal.

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