A pesar que que fue por la puerta trasera de los juzgados, y no por la principal, el hecho extraordinario de que un alcalde de la ciudad compareciese como imputado ante el juez se produjo el viernes de la semana pasada. En ese sentido, Colau ha pasado a la historia. Imputada a consecuencias de la querella presentada por la Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática. Por este motivo declaró durante 3/4 de hora ante el juez. El motivo es la presunción de haber favorecido ilícitamente a entidades como la Plataforma para la Hipoteca, el Observatorio DESC y otras similares en las que ella y miembros de su gobierno han estado estrechamente implicados en el pasado.
Colau, como es lógico, ha proclamado su inocencia y ha declarado que estas entidades ya recibían ayuda cuando estaba el alcalde Xavier Trias. Lo que no dice es la diferencia de magnitud extraordinaria de las ayudas, la continuidad y el hecho de que bajo una misma localización física se hayan multiplicado las etiquetas de las entidades ayudadas. Colau manifestó que no «tenía ningún interés personal«. No hace falta dudar de su afirmación, pero sí hay que añadir que lo innegable es el hecho de que tiene un gran interés político.
Posiblemente, como en otros casos, la querella quede en nada, porque son asuntos difíciles de demostrar si no existe por medio la declaración de alguna de las personas realmente implicadas, o bien, como ha ocurrido en otros casos, no ha habido, por ejemplo, intervenciones telefónicas que puedan aportar pistas concretas. En cualquier caso planea el convencimiento de que evidentemente estas y otras entidades reciben un trato de favor, pero esta predilección no es ni mucho menos exclusiva del caso de Colau ni de su color político.
Lo que sí acentúa el escándalo es la existencia de un código deontológico muy exigente del que los Comunes se dotaron y que ahora lamentan, en algunos casos con argumentos curiosos como “es que no pensábamos que llegáramos a gobernar” . O sea, eran exigencias para gente que creían que se mantendrían en la oposición y, por tanto, no estarían sujetos a los beneficios del poder.
Sin embargo, no se trata sólo de este asunto, que seguramente es importante porque marca a una figura política, como la acumulación de sucesos que señalan que la ética procedimental de los Comunes es muy débil y que su código ético es un brindis al solo. Así, el límite de las retribuciones que inicialmente se asignaron han quedado modificadas sin alterar el código ético a base de conseguirse modificaciones por exceso de trabajo. Un punto muy crucial, el de la transparencia, ha sido sistemáticamente incumplido. Obligaba a que todos los cargos públicos tuvieran una agenda pública en la que se constatara con quiénes se entrevistaban y cuáles eran los temas tratados. Nunca se ha cumplido. Las agendas están en blanco o hay referencias absolutamente abstractas como “reunión interna” o “reunión externa” y, en las contadas ocasiones que figura algún nombre carece totalmente el motivo de la reunión y los temas tratados. Por tanto, la transparencia que querían exhibir ha sido exactamente todo lo contrario.
Uno de los aspectos más criticados ha sido el de su nepotismo, básicamente consistente en la contratación de sus parejas en el ámbito municipal. Y desde el origen no son pocos los casos, empezando por la misma Ada Colau que ya desde el principio contrató a Adrià Alemany, su pareja, como responsable de políticas institucionales del partido Guanyem Barcelona y con despacho en el mismo Ayuntamiento. Cobra del partido y trabaja para el Ayuntamiento, partido que a su vez cobra de la institución municipal. El que fue teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, colocó a su pareja Vanesa Valiño, quien también trabajaba en el observatorio DESC como asesora de la vivienda. Josep Maria Montaner compartía trabajo también con su pareja Zaida Muxí procedente de la entidad feminista Col·lectiu Punt 6. Janet Sanz tenía como pareja a David Cid, coordinador de Iniciativa per Catalunya Verds en Barcelona y que ha prestado tareas de asesoramiento al Ayuntamiento. Eloi Badia, concejal en el Ayuntamiento, tiene como pareja a Tatiana Guerrero que es consejera técnica en el distrito de Les Corts. El último, el actual ministro de Universidades, Joan Subirats, cuando era comisionado de cultura del Ayuntamiento colocó en el ámbito metropolitano a su pareja Carme Ribas.
Como puede constatarse, la lista es larga y en parte incompleta. De hecho, es ya una tradición este sistema de relaciones, cambiantes, que dan lugar a entradas y salidas con cargos de influencia municipal en función del emparejamiento del momento.
Ciertamente, no es una buena forma de proceder para gozar de una buena administración. Seguro que la relación de parentesco o afectiva no tiene por qué impedir el acceso a un puesto de responsabilidad a una persona de calidad, pero cuando este hecho se multiplica y se convierte en una característica común significa que el nepotismo se ha instalado como política.
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