Para ser exactos, hay que decir que no es un proyecto de ley, sino una proposición de ley y que, por lo tanto, ha nacido no del gobierno sino de los partidos en el Parlamento. Concretamente, de JxCat, ERC, PSC y Comunes. Pero es evidente que, sin la conformidad y el apoyo del gobierno, en especial del consejero Damià Calvet, esta iniciativa no habría prosperado.
Antes de ayer hubo una manifestación frente al Parlamento de alcaldes y representantes del mundo local, agrario y forestal contra la proposición de ley que culminaba una serie de actuaciones de oposición a esta, por considerar que maltrataba el mundo rural y forestal, que era una ley que contempla todo este ámbito desde una perspectiva urbanita, que prescinde de los intereses y necesidades de la población que hace siglos que cuida y mantiene estos ecosistemas y que espera un retorno razonable en términos de calidad de vida para las personas que viven en el campo, a favor de una visión en que tales sujetos son marginales y el territorio es visto como una realidad intocable, aunque esta realidad requiera prácticas agrarias y forestales.
La petición de que se suspendiera la tramitación no se ha aceptado, y el 17 y 18 de junio se celebrará el inicio del debate sobre esta proposición de ley. Pero lo que sí se ha obtenido es el compromiso de modificaciones sustanciales en su tramitación, de manera que el mundo local y forestal estén mejor representados y que la agencia tenga una estructura descentralizada.
Posicionament ICEA Projecte llei creacioa Agencia Proteccio Natura
Cabe recordar que el 60% del territorio catalán está ocupado por el bosque y que cerca de un 30% es ya superficie protegida. Ignorar esta realidad desde una visión urbanita implica ignorar las necesidades de una parte importante de la población, que además es la que ha mantenido el monte, porque los recursos de la Generalitat aplicados a esta misión han sido prácticamente inexistentes. Y ahora que comenzará a haber recursos como fruto del impuesto específico sobre la energía, lo que se hace es crear una instancia centralizada que los controlará sin práctica participación de este mundo rural. En último término, de ahí las razones de la oposición, habrá que ver si las promesas sobre las modificaciones que se harán en la tramitación de la ley detendrán las protestas y si cuando se concreten serán consideradas suficientes.
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