Un capítulo que irá aflorando en el transcurso de los días es el de las múltiples y ramificadas consecuencias que tendría la aceptación de las condiciones previas que formula Puigdemont, en el bien entendido de que es evidente que muchas de ellas sólo pueden formularse como intención de cumplirlas, porque no hay tiempo material de realizarlas en los plazos que existen para agotar el período que una vez transcurrido obliga a convocar elecciones y que nos sitúa en el mes de noviembre.
Está sobre la mesa la forma de recuperar las competencias perdidas del Estatuto de Autonomía en su paso por el Congreso de los diputados y por la sentencia del Tribunal Constitucional. Aflora la cuestión del pacto fiscal de la diferenciación de Catalunya saliendo del sistema general de financiación. También el compromiso con un montante de la inversión pública y sobre todo en su cumplimiento, que salvo un año, nunca se ha hecho. Y también el traspaso de Cercanías.
Significa también la modificación de la directiva de seguridad aprobada por el Consejo de Ministros que señala al independentismo como el segundo problema después del terrorismo y que faculta realizar las actuaciones necesarias para reunir su estallido, infiltraciones, seguimientos, escuchas telefónicas, etc.
Evidentemente, lo que califica de mecanismo de verificación, que es la existencia de una tercera parte, que hay que definir, que vela sobre el cumplimiento de los acuerdos. Cabe recordar que una condición similar ya se produjo durante la negociación del mandato del presidente Torra en el gobierno que creó fuertes tensiones en el PSOE y que finalmente fue rechazada.
Otra condición nada fácil es hacer abandonar en la fiscalía todos los casos que están relacionados con el independentismo. Está claro que ya está la clásica de la administración española, que es enterrarlos bajo un montón de papel.
Un hecho que puede convertirse en clave y que mide si el envite de Puigdemont es riguroso o más bien una fachada, es la exigencia de que el 19 de septiembre el catalán sea lengua reconocida como oficial por la UE. En la lista también existe, como es lógico, la anulación del decreto que facilita los cambios de sede en Catalunya y el compromiso de no aplicar más el 155.
Está claro que la propuesta estrella es la ley de amnistía, que debe ser aprobada deprisa y corriendo, lo que no es fácil porque, recordémoslo, se necesita una ley orgánica con el problema añadido de que no están constituidas todavía las comisiones del Congreso. La solución sería una ley orgánica de lectura única, que es un procedimiento insólito y muy forzado, que se debatiría en unas sesiones en el plenario. Luego debería pasar por el Senado, donde la mayoría del PP podría tumbarla obligando a una nueva sesión de urgencia del Congreso.
¿Se puede hacer todo esto en 90 días ?
Sí, pero triturando todas las garantías parlamentarias, lo que se añadirá a los argumentos de contenido para pedir la inconstitucionalidad de la ley.
Aquí el gobierno juega con ventaja porque nunca por ahora el TC actúa de una forma tan descarada de acuerdo con los intereses del gobierno practicando el “hecho creativo” para dar siempre razón a lo que le interesa a Sánchez. Por tanto, el Tribunal Constitucional podría acordar perfectamente la constitucionalidad de la ley con la composición actual, por mucho que una mayoría de juristas proclamen lo contrario.
Sin embargo, hay más consecuencias
Las condiciones dejan desarmado al Estado ante el independentismo, que además no asume ningún compromiso en el sentido de no volver a repetir el intento que tendría, en este caso, un coste penal insignificante o inexistente.
La cuestión también afecta a la política catalana. La previsión de unas posibles elecciones el próximo año no resulta inimaginable de una candidatura encabezada por Puigdemont. En este caso lo que sí es evidente es que ERC ha quedado totalmente desbordada por el planteamiento de JxCat.
Otro capítulo importante es el de las reacciones en la medida en que se vaya reflexionando sobre las consecuencias. Por ejemplo, la amnistía de Puigdemont excluye a los policías y éste es un golpe muy grande. Pero es que además todo el paquete de condiciones previas deja boca abajo la justicia española, porque lo que viene a decir es que tanto el Código Penal como las leyes que se han aplicado y la forma de aplicarlas es inapropiada y que, por tanto, quedan invalidadas totalmente.
En todo esto lo que también está a prueba es el poder de coacción del Estado. Un Estado sin esa capacidad es muy poquita cosa. Y de momento está demostrando que España no tiene ninguna. Todo ello hace que desde las consejerías europeas se empiece a ver con pesar lo que está pasando en esta dinámica de formar gobierno por parte de Sánchez porque no se ve con buenos ojos que un gobierno importante dentro de la UE pacte con un territorio y un grupo independentista unas condiciones que automáticamente contaminarán todas las demás reivindicaciones territoriales europeas. Por pertenecer a Europa tiene también estas consecuencias. Si el acuerdo afecta a la propia consideración de los jueces y fiscales hacia ellos mismos y los cuerpos policiales, y ésta es una cuestión que hasta ahora los comentaristas evitan cuidadosamente, también incide sobre el gran mudo, el ejército, que tiene el encargo constitucional de velar por la unidad española. Hay que estar atentos a lo que se mueva en este terreno siempre tan poco visible.
Por último, los planteamientos de Puigdemont actúan como catalizador del plan presentado por el PNV y las exigencias de Bildu sobre la autodeterminación. En concreto, el plan vasco y lo que dice Puigdemont pertenecen a dos órdenes de razonamiento político distinto y eso también hace difícil encajar la cuestión.
Por último, y no es un tema menor, aunque sí mucho más lento, ¿cómo afectará todo ello a la vida en común, a la formación de la mentalidad de la gente sobre el respeto a las leyes ya la justicia? En la medida en que se vea que en función de un interés concreto, cosas que reiteradamente se habían dado por “sagradas” pueden ser arrojadas a la papelera de la historia. Sobre todo, considerando que de lo que se trata no es de acabar con un gran cataclismo o una guerra, sino que lo que hay es simplemente un intercambio de votos para hacer presidente a Sánchez. Es difícil por no decir imposible encontrar en la historia de las democracias europeas que una negociación para formar gobierno pueda tener consecuencias tan extraordinarias para su Estado.
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