La idea de que a partir de finales de junio recobraríamos una cierta normalidad que propiciaría la recuperación económica y especialmente el turismo se ha revelado un error de grandes proporciones. Las causas principales son estas:
- Imprevisión. La Generalitat no se preparó durante el período de mando único para asumir con plenitud las consecuencias de pasar a ser la responsable de la lucha contra el Covid-19. El resultado de la imprevisión está a la vista. En estos momentos los casos activos en l’Hospitalet del Llobregat, que es el foco más preocupante para su transmisión en Barcelona, es de casi 200 en los últimos 14 días para cada 100.000 habitantes, cuando la cifra límite estaría en los 50. Pero es que además, la velocidad de propagación de la epidemia, el promedio de personas que son contagiadas por otra persona, está en torno a 3 con tendencia a crecer. Para recuperar la normalidad debería caer claramente por debajo de 1.
- La falta del sistema de rastreo de los servicios de salud pública. En Cataluña hay 1 rastreador para cada 30.882 personas, es una de las proporciones más bajas de España. Para poder ir bien, sería necesario como mínimo 1 rastreador para cada 5.500 personas. Para situarnos al nivel de Alemania sería necesario 1 rastreador para cada 4.000 habitantes, y para llegar a un estándar de excelencia, 1 rastreador para cada 2.300 habitantes. Estas brutales diferencias señalan una de las causas principales del fracaso de la Generalitat. El resultado es que de cada 4 contagiados, de 3 se desconoce el vector del contagio y, por tanto, no se puede rastrear ni adoptar las medidas pertinentes. En otras palabras, 3 de cada 4 contagiados han ido por el mundo sin que Sanidad pueda saber con quién ha conectado y a quién ha contagiado.
- Una organización que presenta numerosos puntos flacos. A toda prisa se han incorporado nuevas personas. La Generalitat dice que 500 administrativos en asistencia primaria. No consta que realmente sea esta la cifra y además su preparación en buena parte de las personas es improvisada. Por otra parte, el seguimiento de la cuarentena por medio del polémico call center es de una efectividad dudosa, porque el control simplemente telefónico, interrogando a la persona en cuestión por parte de alguien que además no es agente de autoridad, da lugar a que la cuarentena no sea respetada, se falsee la respuesta y por tanto el pretendido control no sea tal. Hay en todo este espesor no sólo una falta de cantidad de personas, sino también de capacitación profesional para hacer el trabajo.
- El problema de los PCR. Ciertamente han crecido mucho el número de diagnósticos por PCR que se hacen, y es un progreso que puedan llevarse a cabo en los CAP y no sólo en los hospitales. Pero una vez más el método funciona mal. Las personas que se presentan en el CAP aduciendo que han mantenido contacto con algún portador pero que no presentan síntomas no son objeto de ningún PCR ni entran a ser controlados para la prevención de la cadena de contacto. Tienes que afirmar que tienes síntomas y entonces sí que funciona. Pero todas estas personas conectadas y en aislamiento tampoco son objeto de PCR, ni hay un seguimiento posterior lo suficientemente cuidadoso. En definitiva, hay un gran agujero en el sistema que explica por qué el 75% de los contagios no se puedan seguir.
- Los asintomáticos transmisores. Son un problema, porque desarrollan su vida con toda normalidad, pero son capaces de transmitir la enfermedad. Naturalmente, como no tienen ningún síntoma, no van al CAP y por tanto no son objeto de ningún diagnóstico ni control. No son un número pequeño. Puede significar entre el 40 y el 60% de los casos, y son un vector continuo de transmisión. Este colectivo no puede ser reducido si no se pasa de la posición pasiva de esperar que el enfermo acuda al CAP, a una activa de realizar controles aleatorios masivos por PCR. Sin avanzar en esta línea, el problema tiene difícil solución.
A toda esta situación de problema estructural se le añade la falta de credibilidad de la Generalitat con sus medidas. Quien puede, no le hace caso, y los que no tienen más remedio que cumplir con las normas, se revelan.
Este pasado domingo La Vanguardia y otros diarios llevaban una página entera de publicidad promovida por la Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña, la Federación Catalana de Natación, el Indescat, órgano que gestiona los espacios deportivos públicos, entre otros. El título era muy explícito: «No a la suspensión de la actividad deportiva», y argumentaba el porqué. Las quejas del mundo de la cultura y del ocio nocturno se han multiplicado al mismo ritmo que se congestionaban las playas. Los alcaldes metropolitanos del área afectada han protestado con energía. Tienen parte de razón, pero no toda la razón.
El problema central que estas medidas intentan resolver es la propagación a través del aire del SARS-CoV-2. Este es especialmente peligroso en espacios cerrados sin una potente ventilación o en aquellos en los que la refrigeración funciona con modo de recirculación del aire. Pero tiene una escasa capacidad de contagiar cuando la actividad es al aire libre y se mantiene una distancia mínima, 1,5 a 2 metros, porque además, el contagio, para ser efectivo, necesita que sea portador de una determinada carga vírica, y eso no se consigue con unas pocas inhalaciones. Es necesaria una proximidad de 10 a 15 minutos para que pueda ser efectivo. Consecuencia: los lugares peligrosos son ciertamente los espacios cerrados y con escasa ventilación natural. Las discotecas serían un ejemplo paradigmático, pero también todos aquellos otros lugares que se encuentren en estas condiciones. La refrigeración con recirculación debería ser prohibida, y por otro lado debería haber condiciones específicas de exigencias con los filtros de aire acondicionado. Todo ello está pendiente de definición. Simplemente se cierra y punto. Por otra parte, las actividades al aire libre no tienen por qué ser suprimidas y en este sentido muchos de los deportes podrían realizarse sobre todo si se prescinde de los contactos en los vestuarios. En este sentido es absurdo cerrar parques y jardines, como han hecho algunos municipios. Todo lo contrario es lo que se debe hacer y en todo caso acotar el aforo.
Un factor de gran riesgo es indiscutiblemente el transporte público, y aquí las exigencias sobre el aire acondicionado deberían ser extremas: no está claro que las instrucciones sean lo suficientemente precisas y exigentes.
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