Parece talmente que Salvador Illa marche por la puerta trasera a pesar de que su dimisión era un hecho anunciado con tiempo. Y es que no es normal que el ministro de Sanidad responsable de la primera, segunda y tercera ola de la pandemia marche sin comparecer en el Congreso haciendo balance de su gestión y definiendo, desde su punto de vista, con qué perspectivas deja la salud de todos los ciudadanos.
Contrariamente a lo que es un deber elemental en un sistema democrático donde se rinden cuentas a los representantes de la ciudadanía, Illa marcha sin ninguna manifestación oficial sobre qué ha hecho y qué tenía previsto hacer. Lo hace, además, dejando un notable desconcierto. Por ejemplo: el ritmo de vacunación no tiene nada que ver con sus previsiones, ni con las declaraciones de Sánchez y esto merece una explicación. Nadie conoce las características del plan de vacunación, plazos, orden de los diversos grupos a vacunar, centros de vacunación. La incertidumbre sobre la disponibilidad de suficientes vacunas es ignorada por el mismo gobierno, pero es que además este hecho no obvia sino que acentúa la necesidad de hacer público el plan para que CCAA y ciudadanos podamos saber a qué atenernos. También marcha sin despejar la incógnita de si el crecimiento disparado de los casos es sólo consecuencia de las fiestas navideñas, o una presencia ya significativa de la mucho más contagiosa mutación británica, y qué es lo que la sanidad pública piensa hacer para frenar esta amenaza que ha disparado la mortalidad del Reino Unido.
Illa también deja el ministerio con unos colores que levantan la vergüenza, ya que prácticamente casi toda España está incluida dentro de la nueva calificación de la UE para los países que se encuentran en situación más extrema, el rojo oscuro, que señala que ese territorio tiene una incidencia superior a 500 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Ahora, la media española está ya en los 884,70 casos. Sólo Asturias, Canarias, Cantabria, Navarra y el País Vasco están fuera del nuevo indicador comunitario, que señala que en estas zonas se deben desincentivar todo tipo de desplazamiento no esencial.
La UE no tiene competencias para aislar, cerrar o confinar, pero con esta nueva declaración está diciendo alto y fuerte que los estados actúen en las zonas de mayor riesgo para conseguir que la gente se quede en casa. Pero Illa, la última herencia antes de irse, se ha negado incluso a adelantar el toque de queda de las 10 de la noche a las 8 de la tarde, como le pedían muchas comunidades, algunas como Castilla y León hasta el extremo de desobedecer la limitación estatal y adelantar la hora de cierre en casa.
Todo esto merece una explicación satisfactoria en sede parlamentaria, y no hacerlo daña gravemente la credibilidad de las instituciones democráticas porque estamos hablando de una cuestión donde está en juego la vida y la economía de los ciudadanos.
Su herencia final es el número de muertos. España ocupa un lugar destacado en número de muertos oficiales en relación con su población. De los países grandes de la UE, sólo el Reino Unido, Italia y Bulgaria presentan una situación peor. Pero es que en realidad la cifra española está muy maquillada, como reconocen todos los expertos. Es el país desarrollado donde el exceso de mortalidad se aparta más de la cifra oficial. Esto también sucede en Italia, en EEUU y en el Reino Unido, pero en una proporción mucho más pequeña, porque en España la diferencia es la que va entre los 52.000 muertos y los más de 80.000, una desviación superior al 50%. Hay otros países donde este hecho no se da, es el caso de Bélgica que cuenta todas las muertes y esto hace que sea el primer país en mortalidad en relación con su población, con 181,74 muertos. Si se compara con la relación oficial española, de 118,46, la diferencia es notable. Pero si en lugar de la cifra oficial del gobierno se utiliza la del exceso de mortalidad del INE, que sería el equivalente a la forma de contabilizar de Bélgica, entonces nos encontramos con 170 muertes por millón de habitantes y nos situaríamos en la segunda posición del ranking mundial justo por debajo de Bélgica.
Esta es la herencia de Illa en lo que importa, la gente que muere y la gente que vive. Y también lo es en la forma de proceder en un sistema democrático. De hecho, con su salida por la puerta trasera todavía nos deja un último enredo: la protesta de los médicos de la sanidad privada que denuncian que son vacunados en una proporción mucho menor que los de la pública, a pesar de que ocupan puestos de trabajo del mismo nivel de riesgo. La diferencia que denuncian es muy grande, de una inoculación del 50% a la sanidad pública, a sólo el 5% a la privada.
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