La UE ante el coronavirus: actuaciones pasadas, presentes y futuras

Decíamos en el post anterior que la Comisión Europea no pudo celebrar a finales de febrero sus primeros cien días de su legislatura tal como hubiera querido. Ciertamente fue una contrariedad, pero nada comparado con lo que estaba llamando a la puerta: una nueva prueba de estrés de gran envergadura, llegada en forma de pandemia: el coronavirus o el Covid-19.

Nos hemos referido repetidas veces a la «crisis existencial» (en palabras del anterior presidente de la Comisión Europea, el luxemburgués Jean-Claude Juncker) que la UE sufrió entre los años 2005 y 2019. A lo largo de ese periodo de europesimismo, tuvo que afrontar una concatenación de crisis internas y una proliferación de amenazas externas nunca vistas anteriormente, como las siguientes: el fracaso del Tratado constitucional (2005), la gran recesión (2007), la crisis del euro (2010), la ocupación de Crimea por la Rusia de Putin (2014), la crisis de los refugiados (2015), el Brexit (2016), la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos (2016) o la victoria populista total en Italia (2018).

En la UE se esperaba que con la llegada de la nueva legislatura 2019-2024 las cosas cambiarían y que se produciría el deseado relanzamiento del proceso de integración europea. El arranque de la nueva Comisión presidida por la alemana Ursula von der Leyen fue prometedor, pero la historia tenía preparada la llegada de otra crisis sanitaria de gran alcance y de enormes consecuencias económicas, sociales y políticas.

Empezaban a aflorar este tipo de preguntas en el ambiente comunitario: ¿Podrá aguantar la UE dos períodos consecutivos de europesimismo de gran calibre, teniendo en cuenta que en el periodo 2005-2019 ya estuvo a punto de derrumbarse? ¿Si la UE no sirve para tener una acción unificada contra la pandemia, para qué sirve? Y también afloraban estos tipos de comentarios: Europa debe demostrar que sirve para algo o su crisis de legitimidad será brutal.

De repente, a escala global, todo parecía haber cambiado. Algunos analistas acreditados escribían que «nada volverá a ser como antes». Nadie estaba preparado para una pandemia de proporciones universales. El Covid-19 se presentaba especialmente amenazador para la gente mayor, mientras que la sexagenaria UE, ya muy tocada por la «crisis institucional» vivida desde 2005, parecía especialmente amenazada e institucionalmente más vulnerable que los estados-nación.

A lo largo de los primeros días de marzo, la solidaridad intraeuropea se vio estresada por la pandemia y el nacionalismo regresaba en forma de decisiones adoptadas por los estados miembros de la UE de manera unilateral y descoordinada. Y esta acción parecía desenfrenada. Aquí hay que señalar, en descargo de la UE, un aspecto importante a menudo olvidado por sus críticos sistemáticos: la UE no tiene competencias importantes delegadas de los estados en materia sanitaria. El artículo 6 del Tratado de la UE dice que en materia de protección y mejora de la salud humana la UE sólo podrá «apoyar, coordinar o complementar la acción de los estados miembros».

Algunos ejemplos de unilateralismo y descoordinación son los siguientes.

Alemania obstaculizaba la venta de mascarillas a sus países vecinos. Otros estados miembros, como Francia, introducían restricciones a las exportaciones de equipamiento médico, desde gafas de protección hasta respiraderos.

Italia era el país europeo más afectado por el coronavirus y se sentía abandonada. Cuando primeramente trató de invocar el mecanismo de la UE consistente en compartir suministros médicos, no recibió la ayuda de ningún otro estado miembro. Irónicamente, sólo China le estaba enviando el equipamiento que necesitaba. La falta de solidaridad mostrada hacia Italia era vista como un muy mal presagio sobre el futuro de la UE.

Por otra parte, se estaban produciendo cierres de fronteras nacionales, incluso dentro del espacio Schengen. Polonia, la República Checa y Dinamarca lo estaban haciendo. Pronto fueron imitados por otros estados miembros: Alemania cerró fronteras con Francia, Austria, Luxemburgo y Suiza (un país que no es miembro de la UE, pero sí pertenece al espacio Schengen). Se suspendía la libertad tradicional de movimientos dentro de la UE. La UE, a propuesta de la Comisión Europea, recomendaba a sus estados miembros el cierre de fronteras exteriores por treinta días. En definitiva, el Covid-19 parecía una versión extrema de la crisis de los refugiados de 2015, cuando la UE era un sálvese quien pueda. Los ciudadanos llegaban fácilmente a la conclusión de que sólo podían confiar en sus propios estados.

Cada fallo de acción por parte de la UE era aprovechado por los nacionalistas y euroescépticos para desacreditarla. El ministro francés de economía, Bruno Le Maire, advertía que «si los 27 no son capaces de unirse, es todo el proyecto europeo el que será barrido por esta crisis».

A mediados de marzo, finalmente, la UE conseguía reaccionar contra el virus en el frente económico, activando varias de sus armas:

1) El Banco Central Europeo (BCE) – institución clave de la UE, la más «federal» conjuntamente con la Comisión Europea y el Parlamento Europeo – tras una desafortunada primera intervención de su presidenta Christian Lagarde el 12 de marzo, en que dijo que el papel del banco no era controlar las primas de riesgo (lo que provocó caídas espectaculares de las bolsas) – adoptó vía reunión de emergencia del Consejo de Gobierno un plan de compras de bonos por un total de 750.000 millones de euros. Por otra parte, un nuevo Programa de Compra de Emergencia Pandémica (PEPP) efectuaría compras de bonos hasta finales de 2020, incluyendo todas las categorías de activos legales elegibles bajo el programa de compra de activos existente. Finalmente, el BCE relajaba las exigencias a los bancos para que pudieran prestar más, lo que permitiría utilizar 120.000 millones de euros adicionales.

2) La Comisión Europea dio luz verde a los estados para gastar saltándose los límites del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la zona euro, lo que permite sobrepasar los objetivos de déficit (3% del PIB) y deuda (60% del PIB) para reactivar la economía («cláusula de escape general»). «Esto permitirá a nuestros países aplicar medidas urgentes necesarias para contener el brote y mitigar su impacto social y económico», declaró el vicepresidente de la Comisión Europea Valdis Dombrovskis.

3) La Comisión Europea también agilizó y flexibilizó la autorización de ayudas públicas por parte de los gobiernos estatales, hasta un máximo de 800.000 euros por empresa. El objetivo era proporcionar liquidez a las compañías, especialmente pymes, que pudieran tener dificultades para sobrevivir debido a la interrupción brusca de ingresos. Por su parte, estados como Alemania, Francia y España comunicaban a la Comisión Europea que preparaban paquetes fiscales para combatir el coronavirus. El paquete alemán contemplaba la movilización de una gran suma: 800.000 millones de euros. Además, Alemania estaba dispuesta a renunciar a su sacrosanta regla del déficit cero y contemplaba un fuerte endeudamiento de inmediato para luchar contra el coronavirus.

4) Finalmente, la Comisión también decidió destinar 37.000 millones de euros de los fondos estructurales a luchar contra la epidemia. Este dinero se podía recuperar de ayudas concedidas pero no utilizadas. La normativa según la cual se tenían que devolver a la UE sería modificada.

El Comisario europeo de Economía, el italiano Paolo Gentiloni, pretendía ir aún más lejos y proponía tres líneas de actuación centradas alrededor del MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad), organismo creado en 2010 durante la crisis del euro como medida temporal y establecido de manera permanente a partir de 2012, que tiene por función actuar como prestamista de último recurso para los estados cuando los mercados les cierran la financiación, con una capacidad de prestar 410.000 millones de euros. 1) ofrecer una línea de crédito a los estados miembros que lo necesitaran, 2) ofrecer liquidez para cubrir los gastos de sanidad, y 3) emisión de coronabonos o bonos comunes a toda la eurozona para combatir la recesión económica que estaba provocando el virus. Gentiloni presentaba este paquete de acciones con estas palabras: «Cada día crece el consenso de que necesitamos afrontar una crisis extraordinaria con instrumentos extraordinarios».

España era uno de los países que más presionaban para que se aplicaran medidas fiscales a escala de la UE. El jefe del gobierno, Pedro Sánchez, declaraba: «El MEDE debe servir para emitir bonos que mutualicen la deuda a escala europea, por ejemplo, emitiendo bonos coronavirus. También necesitamos un plan Marshall de inversiones públicas para la UE para comenzar la reconstrucción económica y social. Europa está en guerra contra el coronavirus y debemos responder con todas las armas e instrumentos. No hay ninguna excusa que valga para no movilizar nuestros recursos». El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, declaraba por su parte lo siguiente: «Hay que mutualizar la deuda».

España tenía aliados en sus pretensiones. No sólo la presidenta Ursula von der Leyen abría la puerta a coronabonos calificándolos como una de las posibles opciones, sino que también Francia e Italia se movían en el mismo sentido. Era la presión de los estados del sur. En el norte las cosas no se veían del mismo modo, aunque Alemania y los Países Bajos no habían hecho sentir su voz en contra, como solía ocurrir cada vez que se hablaba de un tema tabú: los eurobonos. En opinión de un alto funcionario de la Comisión Europea, «Si Europa hace mucho, los populistas crecerán en el norte, y si hace demasiado poco habrá problemas en el sur».

El famoso economista belga Paul de Grauwe declaraba: «Las grandes crisis son como las metamorfosis kafkianas: una crisis sanitaria se transforma en crisis económica y suele acabar convertida en una crisis política y social». Federico Steinberg, del Instituto Elcano de Madrid, escribía: «Si no actuamos con rapidez, el euro y la UE pueden estar en peligro (otra vez)». Y Pol Morillas, director del CIDOB de Barcelona, ​​declaraba también a mediados de marzo que «la UE se la juega».

Varias conclusiones generales emergían en el horizonte europeo a mediados de marzo: se acerca un golpe que puede ser aún más duro que el producido por la gran recesión de 2007, es necesario que sus estados miembros cedan a la UE competencias adicionales especialmente en materia sanitaria, los objetivos iniciales de la Comisión Von der Leyen se deberán revisar, en particular los referidos a la UEM (Unión Económica y Monetaria), y la discusión presupuestaria pendiente (perspectivas financieras/marco financiero plurianual desde 2021 hasta 2027), que ha sido tan divisiva entre posiciones norte/sur y este/oeste de la UE, será el primer test de todo ello.

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