La tragedia de Valencia en tres actos y un epílogo: el rey, Sánchez y Mazón

Primer acto: salvar al soldado Sánchez

Juliana, con La Vanguardia , brinda, como en otras ocasiones, el mejor relato, el “frame” al que debe adaptarse la realidad. La narración para salvar a Sánchez, en página entera de La Vanguardia este domingo, consiste en:

1. Presentar la tragedia de Valencia como un cisne negro; es decir, como algo imprevisto. De esta forma, se consigue que no haya antecedentes que puedan manchar el gobierno español.
2. Centrar toda la causa de la tragedia en Mazón y su retraso en cursar la alarma, así como en la rebaja del perfil de riesgo en las horas previas. Esto responde a una realidad evidente que la Generalitat valenciana intenta desvirtuar sin conseguirlo: los protocolos, la información y los criterios no funcionaron bien, o se tomaron decisiones equivocadas por razones al margen del riesgo, o ambas cosas a la vez.

Después, Mazón, que evidencia su falta de capacidad, asume la dirección y responsabilidad de todo y facilita que el gobierno central actúe ante una tragedia descomunal “a la demanda”, favoreciendo su propósito de evadir la responsabilidad. Pero, claro, además de Mazón, existen otras grandes responsabilidades evidentes que Juliana olvida porque afectan a Sánchez.

Para rematarlo, y aunque no ocurra, implica a Ayuso en la deficiencia. La capacidad narrativa de Juliana es casi infinita.

3. Justificar, por la presión de la derecha en el caso de la COVID, que Sánchez no declare el estado de alarma. Esto se fundamenta en la sentencia contraria del Tribunal Constitucional en ese caso (que no constituye un precedente jurídico para éste, porque lo que anuló el TC fue la limitación radical de derechos fundamentales durante la COVID-19), ya que obligaría a Sánchez a asumir directamente toda la operación en lugar de disponer de un intermediario que ponga la cara en primer término.

Y así, se llega al absurdo de que en la Comisión de Coordinación de la Generalitat haya ahora siete ministros, ¡siete!, que son quienes manejan y disponen de los medios. Juliana afirma que no se podía decretar el estado de alarma porque el PP no quiere. Sin embargo, olvida explicar que, para asumir la dirección de todas las operaciones, no es necesario el estado de alarma; basta con declarar el nivel 3 de emergencia, que permite asumir unilateralmente el mando de todas las operaciones.

4. Y para redondearlo, lo remata con un clásico desde el franquismo: la mano negra extranjera : «Posiblemente, maquinaria extranjera también contribuya a la confusión».

Segundo acto: el barranco del Poyo y el factor de recurrencia

Los hechos componen un relato muy diferente al de Juliana y tienen dos nombres: “tiempo de retorno” o “intervalo de recurrencia” y el barranco del Poyo.

El intervalo de recurrencia es el período en el que se calcula que puede producirse un determinado fenómeno. En el caso del territorio afectado, todo el plan de Valencia, se dispone de datos desde el siglo XIII, estimando que la posibilidad de que se produzca una inundación grave es de cada 70 años. La gran y destructiva riada de Valencia se produjo en 1957 y hubo 300 muertes.

Ésta fue la causa de una gran obra: el desvío y la canalización del río Turia al sur de Valencia, que ahora ha resistido perfectamente bien la ola de lluvias. Nos acercamos a los sesenta años desde el último suceso, con el agravante de que la elevación de la temperatura del agua por efecto del cambio climático es mayor y persiste más tiempo en otoño, facilitando un régimen de precipitación más intenso.

Conclusión: no hay un cisne negro; lo que hay es dejadez con las obras que debían permitir que, como con el actual desvío del Turia, el impacto, si se producía el suceso, fuera mínimo. Y esto tiene un nombre: el barranco del Poyo, un curso de agua habitualmente seco como todo arroyo y espacio mediterráneo, pero que puede ser desastroso por sus efectos si se produce una gran precipitación en la cabecera. Y esto es lo que sucedió.

En las poblaciones más afectadas en víctimas y destrucción, no fue la lluvia directa la causante, sino la inundación, y su causante es el barranco del Poyo. Por este peligro lleva 17 años prevista la actuación para eliminarlo, en una obra menor de 150 millones de presupuesto.

En 2021, el actual gobierno aprobó un nuevo proyecto porque se trata de una obra de competencia estatal, en realidad prácticamente lo mismo que yacía en el cajón de los recuerdos, y en 2022 se repitió. Ya debería estar terminada: ni siquiera se empezó.

Si se hubiera realizado, la catástrofe no se habría producido o al menos no en su dimensión actual: la responsabilidad de Sánchez es evidente porque no se trata de grandes obras indeterminadas, sino de una concreta y más modesta.

En este país no faltan proyectos de ingeniería vitales por realizar; lo que falta son buenos gobiernos. Por incapacidad de ver su importancia o por ahorrarse 150 millones de los decenas de miles que se han gestionado, aquí tienen la causa directa y más completa de la catástrofe. Luego están Mazón y sus errores, que lo empeoran todo aún más. Pero con la ingeniería realizada, los fallos, ahora trágicos, siempre son menores o no tienen efecto. 150 millones para proteger a una zona con 400.000 personas y 2.000 empresas. Sánchez y su ministro deben dar cuentas de todo esto.

Tercer acto: ¿por qué Sánchez no declaró una emergencia nacional?

Hemos visto cómo Juliana intenta amparar la falta de actuación e iniciativa del gobierno en las dificultades que puede comportar declarar el estado de alarma, estableciendo un paralelismo inadecuado con lo que hizo el Gobierno durante la COVID-19 (confinar a todos en casa, suspender la actividad parlamentaria…), que nada tiene que ver con lo que ahora debería haberse hecho. Por tanto, es una excusa de mal pagador. Pero es que es peor.

Porque era suficiente que el gobierno elevara por su cuenta el estado de alarma al nivel tres, el máximo, y determinara que la catástrofe era extraordinariamente grande, afectaba a más de una comunidad autónoma, y ​​ya podía asumir directamente todas las actuaciones y el mando de las mismas. No hacerlo -junto a la necedad política de Mazón- ha significado multiplicar el daño humano.

El gobierno podía establecer la alerta nivel 3 de acuerdo a la Ley del Sistema de Protección Civil. Esta subida de nivel puede realizarse en cualquier momento desde que se produce la catástrofe, ya que la situación operativa 3 “se corresponde con las emergencias de interés nacional, declaradas por la persona titular del Ministerio del Interior de acuerdo con la ley”. En este escenario, el ministro Marlaska declararía una emergencia de interés nacional; y desde ese momento, el Ministerio del Interior asumiría la dirección de la emergencia, que contempla “la ordenación y coordinación de las actuaciones y la gestión de todos los recursos estatales, autonómicos y locales del ámbito territorial afectado”.

Además, esto también faculta al Ministerio para movilizar recursos de otras administraciones aunque la emergencia no afecte a su territorio. Esto habría permitido una acción masiva e inmediata sin dejar pasar días para movilizar al ejército, que dispone de los medios adecuados para hacer llegar raciones de emergencia y agua, así como medicamentos de urgencia, personal sanitario, grupos electrógenos, maquinaria pesada y tropa para un trabajo coordinado.

Ahora mismo, el mayor despliegue humano y de medios, el ejército finalmente desplazado, aunque de forma temporal, no responde ante Mazón, sino ante el general al mando de la UME, que a su vez informa a la ministra de Defensa. La dirección autonómica de la ayuda tiene, por tanto, mucha ficción.

Pero Sánchez y sus gurús de la Moncloa han evitado asumir una catástrofe que sabían desde un inicio que pintaba muy mal. Y se deslizó de primera fila… tal y como ha vuelto a hacer en la visita a las zonas afectadas.

Pero todavía queda un epílogo provisional