La tragedia de las residencias de ancianos: ahora todos rehúyen responsabilidades

En un principio fue negado y los que se atrevieron a manifestarse denunciando el hecho fueron acusados ​​de exagerar, pero ahora es una evidencia, incluso en los juzgados, que las personas mayores de las residencias recibieron de las administraciones públicas un trato que oscila entre la desconsideración y la humanidad. Los datos que se van conociendo hacen crecer cada vez más esta bola de nieve a pesar de que sigue imperando una cierta ocultación, porque hay que recordar que no hay información por parte del Ministerio de Sanidad sobre el número oficial de muertos en las residencias.

Quien más se espabila intentando dar largas es el vicepresidente, Pablo Iglesias. Él es la máxima autoridad del gobierno en asistencia social, y por tanto en residencias, pero ahora se limita a señalar que la responsabilidad es del ministro Illa y afirma que «las órdenes las redactaba Sanidad, y la vicepresidencia no tenía mando único«. Esta es una afirmación sin fundamento, porque su situación era la misma que la de los demás ministros. Cada uno de ellos era y es, en el estado de alarma, el mando único de su área, y al mismo tiempo todos ellos dependen del mando único global, que es el ministro de Sanidad. Por lo tanto, está claro que Iglesias es el primer responsable en el ámbito de las residencias, y en todo caso lo que podría explicar es qué iniciativas adoptó o qué propuestas hizo que el Ministerio de Sanidad no le permitiera aplicar. En este supuesto sí quedaría justificado lo que ahora queda como una mala excusa para no asumir las responsabilidades del desastre.

La verdad es que Iglesias ha ignorado olímpicamente las residencias a lo largo de todo el proceso. No ha llevado a cabo ninguna iniciativa, no se ha interesado por cómo resolver los problemas generalizados, porque se producían en toda España, de falta de asistencia, de abandono a su suerte. Precisamente porque ha sido, y en parte sigue siendo, un problema generalizado en toda España es por lo que tiene sentido el mando único y una acción generalizada y transversal a todas las autonomías, lo que Iglesias no hizo. No es un dato menor que el único plan de contingencia que elaboró ​​el gobierno no surge de la vicepresidencia de asuntos sociales, sino del ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero y que estaba centrado en la violencia de género. Aquí sí que demostraron preocupación y reacción rápida, a pesar de que no había datos que pusieran de relieve que no estaba sucediendo nada especialmente grave, que no afectara al común de la población, a diferencia de las personas mayores.

Pero no es sólo Pablo Iglesias quien da largas, también lo hace la Generalitat de Catalunya de manera tan formal que es CatSalut quien niega que se desatendiera a los abuelos. Sus declaraciones están llenas de doble lenguaje. Por ejemplo, se dice que «no hubo una instrucción administrativa para elegir los pacientes que podían ingresar en los hospitales atendiendo a su edad« afirma Xènia Acebes, directora del Área de Asistencia del Servei Català de la Salut. Ciertamente, no hubo ninguna instrucción administrativa, si como tal se entiende un documento firmado por un responsable jerárquico. Ya se cuidaron mucho de no operar así, precisamente porque sabían que estaban actuando mal. Pero sí hubo instrucciones verbales, como manifiestan una avalancha de responsables de residencias en sus peticiones a CatSalut y las negativas que recibían.

Todo esto está ampliamente documentado y fue presentado por la presidenta de la organización empresarial que agrupa a las residencias con motivo de su comparecencia en el Congreso. Cinta Pascual, que es la presidenta del Círculo Empresarial de Atención a Personas, que agrupa a 1.800 centros, 200.000 plazas y 90.000 trabajadores, documentó el pasado el viernes en el Congreso con un informe de 45 páginas lo que ella misma resumió en un concepto: «ha sido un horror«. Y en este horror participa de una manera abundante la Generalitat de Catalunya. Su actuación fue documentada en el texto Recomendaciones para apoyo a las decisiones de limitación de esfuerzo terapéutico (LET) para pacientes con sospecha de Covid-19 e insuficiencia respiratoria aguda (IRA) hipoxémica que, curiosamente, no iba firmado por ningún responsable del servicio, sino por una serie de personas especialistas en bioética. En este documento se daban especificaciones claras y concretas de cómo evitar que los enfermos de las residencias fueran trasladados a los hospitales. Los testigos del personal sanitario que realizaron estos servicios ratifican que estas eran las instrucciones que seguían. Por si fuera poco, en dicho documento, como señalaba la declaración de e-Cristians de una fecha tan temprana como el 9 de abril, también figuraban instrucciones del tipo de atención que debían recibir las personas en función de la edad, donde se establecía que aquellas que tuvieran más de 75 años sólo podían acceder a la mascarilla de oxígeno pero no a los preciados respiraderos, que son el último recurso. Esta actuación del CatSalut concuerda con la baja presencia de enfermos mayores en las UCI, aunque era muy numerosa su presencia en los hospitales.

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