El juzgado contencioso administrativo de Barcelona ha desestimado el requerimiento de medidas cautelares que comportarían la paralización de las obras de los ejes verdes iniciada en la calle Consell de Cent en Barcelona. La razón que aduce es que este recurso ha sido presentado cuando el pavimento ya estaba totalmente levantado y que el vial por ahora es intransitable para el tráfico rodado (en realidad hay un carril) y suspender los trabajos cautelarmente sería pernicioso porque dejaría el pavimento levantado.
Cabe decir que las obras empezaron insólitamente en el mes de agosto, precisamente cuando hay vacaciones judiciales, y en consecuencia era evidente que cuando el recurso entrara en el circuito, parte de la calle afectada ya estaría despejada. Hay en este punto una mala fe notoria por parte del Ayuntamiento por facilitar que se desestimen los recursos como éste y también el de la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona que pedían la paralización preventiva.
El problema es que esta sentencia, que en modo alguno prejuzga el resultado definitivo del juicio sobre esta cuestión y que mantiene el interrogante sobre si las obras realizadas son o no irreversibles, genera más problemas en la ciudad de los que dice intentar evitar. Porque si cuando la sentencia se produce, ésta es contraria al Ayuntamiento por no haber tramitado adecuadamente esta importante reforma, y la obra debe deshacerse, el coste y las molestias para Barcelona serán mucho mayores que una suspensión cautelar ahora. Pero, en fin, la justicia es la justicia y tiene su lógica.
En cualquier caso, lo que resulta evidente es que la apertura de estos ejes verdes se hace violentando los procedimientos legales, los derechos de los ciudadanos y la democracia. Una reforma tan grande como la que se quiere hacer con la supermanzana del Eixample se hace aplicando simplemente la misma normativa que cuando se reforma la acera de una calle, pongamos por caso, cuando lo que se producirá aquí es una transformación radical de la movilidad en el Eixample de Barcelona y de las categorías del suelo urbano a base de generar calles de primera, las de los ejes verdes, y de segunda categoría, que concentrarán todo el batiburrillo de los coches, autobuses y camiones desplazados de los viales verdes.
Esta modificación afecta sustancialmente al plan general porque afecta al área central de Barcelona, que repercute, además, sobre el conjunto de la ciudad y, más allá de ella, sobre el ámbito metropolitano.
Por tanto, lo que habría ofrecido garantías a los ciudadanos es la tramitación urbanística que llevara información pública y con todas las garantías que le otorga una modificación del plan general. No haciéndolo así, se están violentando los derechos de los ciudadanos. Como también se hace, y aquí existe además una violencia contraria a la participación democrática, no llevando a cabo una consulta.
Colau se presentó siempre como persona de la participación. En realidad todo ha sido una inmensa mentira y si ha habido un período en el que el Ayuntamiento fuera más impermeable y quisiera condicionar más las preferencias de los ciudadanos, deberían situar la gestión de Colau en primer término. Además, no sólo hay transformación de las supermanzanas, que arruinará la vida y negocio de mucha gente, sino el tranvía por la Diagonal. En este caso está el precedente de la consulta del alcalde Hereu y de su derrota en manos de la opinión ciudadana. Seguramente por este hecho Colau quiere imponer ambas cosas y dejarlas como algo medio consumado antes de las próximas elecciones, condicionando de esta manera al futuro gobierno.
Sin embargo, cada vez más se levanta un clamor en la ciudad que pide una tramitación que respete el Derecho y los derechos de los ciudadanos y que haga efectiva la participación ciudadana. La cuestión radica en cuánto tiempo debe pasar hasta que el clamor se transforme en una acción visible.
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