Es más que una sospecha que las personas mayores, especialmente las de más de 80 años, no siempre reciben el mismo trato que el resto de población en la sanidad pública y en particular en las urgencias y en períodos álgidos.
Este hecho, que no es de ahora, culminó durante la pandemia con una impresionante mortandad de personas de edad avanzada, sobre todo en las residencias, a lo largo de la primera ola. Un escrito de la sanidad catalana marcaba claramente una frontera en el tipo de asistencia, como puede observarse en este texto del 24 de marzo de 2020 del departamento de Salud Emergencias Médicas. El redactado está lleno de eufemismos, pero la variante “años de vida salvados” y “evitar el fenómeno del primero que llega, el primero que ingresa” orientan claramente cómo debe aplicarse la atención médica, y esta visión se concreta con las indicaciones finales del tipo de acción médica que debe producirse siguiendo la escala de rockwood, que establece 7 niveles de situación tensional de la persona, el primero «sana y en forma» y el último, «fragilidad, grave estado, final de vida». Pues bien, analizando esta escala y la acción recomendada, se puede constatar cómo la población de más de 75 años no tenía acceso, aunque lo necesitase, a la ventilación forzada que es lo que ha salvado muchas vidas, y sólo podía ser atendido con oxígeno de alta concentración.
Todo esto ha quedado tapado, ocultado. Pero ahora, el arzobispo de Tarragona y primate de la Iglesia, monseñor Joan Planelles, escribió un excelente artículo en La Vanguardia, como todos sus últimos, “Eutanasia encubierta” , que ponía el dedo en una llaga conocida y a la vez ignorada: la del tratamiento que otorga la sanidad pública a la gente mayor y en concreto a los mayores de 80 años. No es algo menor que pocos días después la Asociación Española de Cirujanos informara de que había iniciado un estudio en el que se habían apuntado más de 30 hospitales para analizar el impacto de la atención médica a los mayores de 70 años. El coordinador de la sección de calidad y seguridad de aquella asociación afirma que no se debe a que exista una atención diferenciada, sino para ver cómo se puede mejorar, pero en todo caso es una señal.
Porque, aunque se diga y repita por parte de la administración sanitaria que la edad por sí sola no es un criterio válido, a la hora de la verdad se funciona desde esta perspectiva convirtiéndola en determinante. En las urgencias es probable que una persona de más de 80 años no tenga la misma prioridad en la atención que otra de 45, por ejemplo. No es un sistema, pero no es infrecuente. La razón de fondo, que incluso una parte de la sociedad puede compartir, es que de esta forma se evita el detrimento de otros pacientes con más posibilidades de vivir, sobre todo de vivir más años. El arzobispo Planelles precisamente criticaba este enfoque y se preguntaba si la dignidad de la persona depende de la edad .
El Dr. Jaume Padrós, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona, rápidamente contestó al artículo de Planellas negando la mayor y acusándole de utilizar los argumentos de los “sectores más reaccionarios de la Iglesia”. Cabe recordar que el eterno presidente del Colegio, y anteriormente también durante muchos años secretario de la misma entidad, defendió acérrimamente, incluso por escrito, cuando ocupaba este último cargo, al Dr. Morín cuando planeaban sobre él acusaciones de practicar aborto ilegales, que al final se confirmaron y le llevaron a prisión. Pero el Dr. Pedrós nunca se desdijo de su enconada defensa.
Como ya hemos apuntado, una de las pruebas más evidentes de este hecho se dio durante la primera ola de la covid, cuando desde la propia administración sanitaria se dieron instrucciones que señalaban claramente un trato diferencial en función de la edad. A partir de los 75 años, las personas no podían acceder a la ventilación forzada, sencillamente. La verdad es que era un cribado porque como se puede recordar no se disponía de aparatos suficientes. También se dieron instrucciones edulcoradas para evitar que los enfermos mayores de las residencias fueran trasladados a los hospitales y se recomendaba aplicar un “tratamiento de confort” que en muchos casos quería decir sencillamente la morfina para la gente que se ahogaba.
Es evidente que la sociedad civil organizada y el Parlamento de Cataluña tienen el urgente deber moral de impulsar la revisión de la situación de la asistencia a Cataluña de la gente mayor.
