Pedro Sánchez y su gobierno están atravesando una complicada pendiente hacia la derrota electoral, enfrentándose a múltiples desafíos que incluyen acusaciones judiciales y un panorama político adverso. En los últimos meses, la administración socialista se ha visto envuelta en una serie de escándalos que complican su futuro político y amenazan con debilitar la imagen del partido.
Uno de los casos más recientes es el conocido como “Cas Koldo”, que vincula al ex número dos del PSOE, José Luis Ábalos, y al empresario Víctor de Aldama. Se sospecha que esta trama cobró comisiones ilegales por contratos públicos por valor de 54 millones de euros.
A esto se suma la investigación sobre la mujer del presidente, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias en la adjudicación de contratos de la entidad pública Red.es y el supuesto beneficio personal de un software elaborado para su cátedra en la Universidad Complutense.
También persisten las investigaciones sobre el hermano del presidente, David Sánchez Pérez-Castejón, cuyo caso está siendo instruido por el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz. Se le investiga por delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación y fraude fiscal en relación con su puesto como director de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz, que obtuvo en 2017.
Los escándalos judiciales no terminan aquí. El “Caso Delcy”, que investiga la polémica visita de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en 2020, y la imputación del Fiscal General del Estado, también nombrado por Sánchez, son dos elementos que refuerzan la imagen de deterioro institucional. A esto se suma una larga lista de causas judiciales abiertas por corrupción que afectan al PSOE, incluidas causas históricas como Filesa y los ERE de Andalucía.
La coalición de gobierno también enfrenta serios problemas internos. Las tensiones con Sumar y la vicepresidenta Yolanda Díaz se han intensificado a raíz de las acusaciones contra Íñigo Errejón por violencia o abuso sexual, lo que ha impactado a la extrema izquierda del gobierno.
Al mismo tiempo, la incapacidad de aprobar los presupuestos para 2024 y la incertidumbre sobre los de 2025 agravan la situación política.
Para superar esta situación, busca aumentar el control de las instituciones. Así, entre las decisiones más polémicas se encuentra el reciente nombramiento del número dos del Banco de España, realizado sin consenso con la oposición, y la modificación de la forma de nombrar al Consejo de RTVE para asegurar que todos sus miembros sean afines al gobierno.
Al mismo tiempo, Sánchez ha lanzado una nueva ofensiva electoral centrada en dos ejes: polarizar al máximo la sociedad española y el conflicto con el empresariado. Quiere unir las dos «izquierdas», la cultural y la económica.
Será el Congreso del PSOE, que tendrá lugar a finales de noviembre en Sevilla, el punto de partida de esa estrategia. Dos serán los principales ejes de su discurso: llevar la “guerra cultural” a su máximo nivel y profundizar en la polarización entre empresarios y trabajadores.
En el Congreso, el PSOE prevé reformar el sistema de financiación autonómica, garantizando «más recursos» para todas las comunidades autónomas y tratando de evitar el «dumping fiscal» entre territorios, una referencia a la política de bajos impuestos de la Comunidad de Madrid.
No está claro cómo encajará en este discurso el pacto con ERC que llevó a Illa a la Presidencia de la Generalitat; en este sentido, el Congreso también será una prueba para ERC, en la medida en que se cumplan o no los compromisos contraídos sobre la financiación extraordinaria de Catalunya.
Además, el PSOE anunció su intención de modificar la Constitución para incluir el derecho al aborto y al matrimonio homosexual, blindando ambas cuestiones para evitar futuros cambios legislativos, sin buscar el consenso con otros partidos. En materia fiscal, propone un impuesto del 50% para rentas superiores a 300.000 euros anuales, así como obligar a las grandes empresas a redistribuir los beneficios entre sus trabajadores.
Esta obligación se aplicará a todas las empresas de más de 250 trabajadores, afectando a aquellos beneficios que superen el 5% del capital social. Defiende desarrollar incentivos para que los trabajadores puedan participar en la toma de decisiones y en los beneficios de las empresas medianas y apuesta por incrementar el Impuesto de Sociedades. También busca incrementar el Impuesto de Sociedades en aquellas empresas donde los ejecutivos cobren 40 veces más que la media de los empleados, aumentando el gravamen en tres puntos porcentuales cada vez que se supere ese límite.
Con estas medidas, Sánchez espera movilizar su base electoral cara a los próximos comicios, presentando una imagen de firmeza ante los poderosos y un compromiso con los derechos sociales. Sin embargo, la sombra de la corrupción y el desgaste institucional podrían jugar en su contra en un momento crucial para la política española.
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