El pasado 20 de marzo, los líderes europeos dieron luz verde a un acuerdo de 2.000 millones de euros para suministrar municiones de artillería de 155 mm OTAN para Ucrania, la más efectiva de la que disponen las fuerzas armadas del país gracias a las donaciones de Estados Unidos principalmente.
La mitad de esta suma debe servir para adquirir municiones actualmente en las reservas de los países miembro de la UE que firmaron el documento, mientras que la otra se destinará a la compra de nuevos lotes que todavía deben fabricarse.
Ucrania, inmersa en un conflicto que se ha convertido en una guerra de desgaste contra su agresor, Rusia, está consumiendo inmensas cantidades de armas, municiones y otros equipamientos militares, a un ritmo que según el consenso de los expertos militares puede poner en riesgo las capacidades defensivas de los aliados europeos de Kiev. La Unión Europea está empezando a ser consciente de ello.
Una novedad difícil de extender
La actual situación de guerra ha despertado la esperanza de quienes piden desde hace años una industria de defensa soberana europea, capaz de garantizar la autonomía estratégica de la Unión Europea.
Según esta perspectiva, una verdadera capacidad industrial militar sería una base importante para convertir lo que sigue siendo principalmente un bloque económico en un actor geopolítico de peso en la escena internacional (una posición que, por otra parte, reforzaría también el peso de la UE en el ámbito del comercio).
Así, la iniciativa europea para constituir un fondo de municiones parece un primer paso en esta dirección.
De hecho, la Agencia Europea de Defensa (AED), una entidad de la UE desconocida del gran público y dotada de un minúsculo presupuesto de 43,5 millones de euros para 2023 que deja entrever las dificultades de llevar a cabo la labor que le fue confiada, está ya preparando el siguiente paso: un plan a largo plazo para incrementar la producción militar.
El problema es que estas ambiciones chocan con intereses contrarios dentro de la propia Europa. Por un lado, numerosos países de la UE, empezando por los mayores, no quieren dejar en manos de una organización supranacional su política de desarrollo de armamento y compra de material.
Por otra parte, la propia industria de defensa de cada país tiene sus intereses que buscan maximizar las inversiones y aumentar lo máximo posible sus pedidos. Además, estas empresas se encuentran fuertemente vinculadas al sector público y de paso politizadas.
A nadie se le escapa que programas de defensa europeos son necesariamente sinónimo de una mayor concentración industrial para generar economías de escala y ganar en eficiencia y al mismo tiempo en capacidad de innovación y de producción. De hecho, esto es exactamente lo que la AED busca y al mismo tiempo lo que muchos gobiernos y directivos temen.
Los programas de defensa en los que los socios europeos participan actualmente están marcados por estas contradicciones, causantes de todo tipo de sobrecostes, malentendidos y retrasos.
El caso del Sistema de Combate Aéreo del Futuro o FCAS (del inglés Future Combat Air System ), que Converses ya trató el año pasado y que parece que no está todavía del todo parado es un ejemplo revelador, pero hay hay muchos otros.
Leonardo, el campeón italiano de la defensa, se ha unido con Reino Unido y Japón para desarrollar otro avión de combate que rivalizaría con el FCAS. El helicóptero de combate ligero Tigre es otro programa extremadamente caro y que ha dado tan escaso resultados que Alemania y Francia se plantean abandonarlo y no hacer la actualización tecnológica que le correspondería, dejando sola en España, al otro socio de relevancia.
Numerosos países de la UE, empezando por los mayores, no quieren dejar en manos de una organización supranacional su política de desarrollo de armamento Clic para tuitear
