Su incompetencia e irresponsabilidad están destrozando buena parte del país y arruinando a muchas empresas y familias debido a la imprevisión y dejadez al enfrentar el abastecimiento del agua a Cataluña. Pese a que el escándalo es notorio, nadie asume responsabilidades ni dimite, mientras la teórica oposición del PSC y comunes lo único que hacen es pasarse el porrón de las complicidades mutuas compartiendo coartadas en el Parlamento, Ayuntamiento y Congreso de diputados.
Los anuncios técnicos tras la sequía del 2008, que se produciría un nuevo episodio de carencia de lluvias, han sido absolutamente desatendidos. El actual fenómeno comenzó hace 40 meses, pero sólo desde el inicio de este año ha empezado a haber respuesta y a pulsar el botón rojo de la emergencia. La Agencia Catalana del Agua (ACA) no ha realizado las inversiones necesarias, aún más, acumula una escandalosa tesorería de 600 millones de euros. Quizás es que su vocación radica en convertirse en un banco, en lugar de servir agua a los catalanes. Además las inversiones en los años pasados han caído de forma escandalosa. Y las consecuencias se multiplican para el sector agrario, obviamente, pero también para la industria. Sólo en un área industrial estratégica como el Baix Llobregat, del orden de un millar de empresas pueden verse afectadas por las restricciones, y no son pequeñas porque concentran el 15% de la ocupación de la comarca.
El mal ahora en gran parte ya está hecho y de lo que se trata es de que no se convierta en catastrófico. Si no llueve suficientemente los niveles de emergencia se situarán en fase 2 y 3, lo que significa que prácticamente el agua se concentrará en el consumo doméstico.
La desaladora del Tordera, afectada por el insuficiente suministro eléctrico, tiene como horizonte teórico el 2027, pero irá mucho más allá si no se resuelve rápidamente el problema de la energía. Los años 2025 y 2026 pueden ser extraordinariamente críticos para Cataluña. Toda esta tragicomedia tiene aspectos curiosos.
Por ejemplo, Madrid también sufre problemas de carencia de precipitaciones entre 1991-2020. En Cataluña la media anual se situó, por lo que es régimen de lluvias del país, en 644,1 l/m². Pero en Madrid sólo llovieron 493,3 l/m². Pero ahí no hay restricciones y aquí sí. La diferencia radica en que en la Comunidad de Madrid se han hecho las inversiones necesarias, mientras la ACA en Catalunya ha cometido un grave pecado de omisión. Un ejemplo escandaloso de este hecho es la desalobradora y la balsa de riego de Sant Boí. Fueron concebidas para utilizar el agua regenerada de la depuradora de El Prat para eliminar el exceso de sal que contiene y de esta forma poder regar en el Parque Agrario del Baix Llobregat sin dañar el terreno por exceso de sal.
También tenía otra misión importante, mantener el caudal ecológico del Llobregat hasta su desembocadura. En 2009 se realizaron las pruebas instrumentales del final de la obra, pero la planta no se ha llegado a inaugurar. Nunca ha funcionado, hay 13 millones de euros inutilizados. Ni el ministerio de Medio Ambiente, en la actualidad ministerio para la Transición Ecológica, y la ACA saben ni contestan porque esa inversión efectuada y tan necesaria lleva años detenida. Lleva tanto tiempo terminada, que ahora difícilmente se podría poner en funcionamiento sin nuevas inversiones. Es más, posiblemente la tecnología haya quedado superada, y junto a ello está el de la balsa del polígono de las Salinas concebida para almacenar el agua de la desalobradora. La excavación está hecha, hormigonada aunque en mal estado. Pero la cubierta impermeabilizante está incompleta y muy deteriorada y no sirve para nada. Es un ejemplo sangriento de cómo se han gestionado las infraestructuras hídricas en Cataluña.
Ahora, el Ebro niega varias partes de su cuenca debido al intenso régimen de precipitaciones, muy posiblemente los embalses por debajo de Zaragoza tendrán que abrir compuertas para verter agua a medida que el elevado nivel vaya descendiendo. Qué paradoja, porque, mientras, la Generalitat y el ministerio por la Transición Ecológica siguen afirmando que no puede haber trasvase del Ebro, una palabra equívoca, porque de hecho el agua no se detraería del caudal del Ebro, sino del excedente de la comunidad de regantes.
Los colegios profesionales de ingenieros de caminos, agrónomos, industriales y los de economistas de Cataluña han presentado de forma detallada su propuesta de la llevada desde el Consorcio de Aguas de Tarragona al Abastecimiento de Aguas Ter-Llobregat. Se trataría de una tubería de sólo 65 km paralela a la AP-7, de un diámetro de 1,4 metros y de muy rápida realización por la naturaleza de la obra si se lleva a cabo por la vía de la urgencia. El presupuesto es de 275 millones de euros sin IVA ni expropiaciones y permitiría llevar 1,5 m³/segundo. Es una solución mínima, urgente y necesaria que podría ser muy superior si se invirtiera, lo que hace años que ya debería haberse llevado a cabo, en mejorar la eficacia de los regadíos de las tierras de Lleida y del bajo Ter, sustituyendo el riego por anegamiento por otros más eficaces, como el riego localizado y por aspersión. No tenemos un problema de agua, tenemos un grave problema de infraestructuras hídricas, que no es lo mismo. No es la naturaleza que nos azota. Son nuestros propios gobernantes.
Y para colmo, el precio del agua se multiplicará y crecerá en fases sucesivas. La ACA, la que durante años ha estado durmiendo en los laureles, subirá el canon en un 40%. Y así pasará, de recaudar 464 millones de euros a 612 millones, otros 150 millones que saldrán de nuestros bolsillos y que sólo es un comienzo, porque todas las infraestructuras que ahora se quieren hacer, excepto aquellas que puedan traer agua del Ebro, tienen unos costes crecientes por ser energía pura y dura, aplicación de electricidad para conseguir agua potable. Todo esto es un desastre del que sólo estamos empezando a percibir las primeras consecuencias.
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