La incertidumbre de las elecciones del 14-F

El aviso de la consejera y portavoz del gobierno, Meritxell Bundó, sobre un posible aplazamiento de las elecciones del 14-F, tiene un especial relieve dada su función oficial y el vacío de poder que impera en una Generalitat sin presidente, y en la que para mayor escándalo, el vicepresidente con funciones de presidente tiene vetado el hecho de disponer de despacho en el Palau de la Generalitat.

La consejera Budó ha advertido de la posibilidad de retrasar las elecciones si la pandemia continúa generando importantes situaciones de riesgo. No es una consideración menor dado que a partir de enero se puede producir una tercera ola, aunque está por ver su fuerza. La vacunación anunciada por el presidente Sánchez en el mejor de los casos aún no habría tenido capacidad para construir una barrera de inmunidad suficiente, pero es evidente que a estas alturas JxCat no tiene un especial interés en concurrir a las elecciones, y el hecho de que Puigdemont no haya querido encabezar la lista contribuye a agravar el problema de sus incertidumbres electorales.

De hecho, el paradigma ha cambiado y la independencia ya no está en el primer plano de la agenda. Ahora todo el mundo pugna para presentar capacidades de gestión, porque el primer problema de los ciudadanos es sanitario, económico y social, y lo es a corto plazo. Tanto es así que uno de los dos candidatos de JxCat, Damià Calvet, subraya la prioridad de gestionar las competencias de la Generalidad. ERC confía en que las encuestas la dan claramente como fuerza ganadora, pero puede tener un problema porque si de la agenda electoral queda difuminada la cuestión de la independencia y se focaliza en la gestión, ERC lo tiene todo para perder, porque sus departamentos que son los responsables (Sanidad, Servicios Sociales, Familia, Hacienda, Educación), hacen una gestión realmente muy desastrosa. La última crítica, que ha dado lugar a un terremoto en el departamento de Chakir Al Homrani ha sido el escándalo provocado por el colapso en la petición de las ayudas para los autónomos y su absoluta insuficiencia. Ahora a este hecho se le añade otro: las ayudas de la Generalitat al sector de la hostelería son muy insuficientes. En el País Vasco se están entregando entre 3.000 y 4.500 euros por establecimiento. Se puede decir: ¡es que tienen el concierto!, pero es que Castilla y León, que pertenece al régimen común de financiación como Cataluña, entrega 3.500, mientras que en Cataluña esta cifra se sitúa entre los 700 y 1.500 euros. Estos recursos no salen del presupuesto de la Generalitat, sino de los recursos extras aportados por el gobierno español, sobre los que no hay transparencia en cuanto a su destino, ni de momento control parlamentario. Si a las cifras se le añade un coeficiente relacionado con el coste de la vida, el resultado sería aún peor para las empresas catalanas. Y es que el gobierno catalán ha actuado de manera irresponsablemente injusta al decretar el cierre o restricciones en ramos de actividad concretos sin establecer previamente una compensación proporcionada al lucro cesante. No se puede privatizar el coste social de la pandemia con el agravante de que las ayudas no terminan nunca de llegar.

Por lo tanto y en este sentido, las elecciones son una caja cerrada sujeta a la variable de una población cada vez más indignada con los gobernantes y los políticos, y también por el factor siempre difícil de ponderar a priori la abstención.

Las encuestas en este momento trabajan sobre un estándar de participación de 65% que es menor que el correspondiente a los anteriores comicios, pero que aún no cae a niveles escandalosos, lo que sucedería a partir del 60% para abajoLa abstención puede ser simétrica, es decir, afectar más o menos por igual a todas las opciones, o ensañarse con alguno de los dos grandes campos en conflicto, y entonces los resultados pueden ser muy diferentes.

En esta perspectiva de incertidumbre, más las adversidades que le han surgido a JxCat con la presencia de otros competidores, como es el PDeCAT, hacen que no resulte nada improbable que por poco que pueda el gobierno de Cataluña aplace las elecciones a pesar de la dificultad que tiene una decisión de este tipo.

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