Por su interés en cuanto al razonamiento que utilizan, reproducimos la declaración de la Corriente Social Cristiana sobre la actual crisis políticas.
Coinciden en la necesidad de convocar ahora unas elecciones, y fundamentan el hecho en la pérdida de legitimidad del Gobierno Sánchez para seguir gobernado sin un refrendo de los votos. Al mismo tiempo, señalan que ni tan solo esto basta para un proceso real de regeneración política, sino que proclama la necesidad de una presencia organizada de la sociedad civil más allá del juego de partidos.
En este enfoque, las elecciones son la condición necesaria y el inicio de algo, pero solo se alcanzaría la suficiencia si los ciudadanos se organizaran cívicamente y al margen de los partidos para impulsar medidas de regeneración.
Corriente Social Cristiana. Declaración
Ante la crisis institucional: elecciones y regeneración política ya.
- España atraviesa una crisis institucional sin precedentes, profunda y sistémica. No es una crisis más, sino una acumulación de ellas, que afecta a las instituciones fundamentales del sistema democrático, incluidos el Parlamento, el Gobierno y los partidos políticos.
- El PSOE, junto a los partidos que apoyaron la investidura del presidente Sánchez, se encuentra inmerso en una pérdida de legitimidad que bloquea la alternancia democrática. Se ha impuesto la lógica del poder a toda costa: se niega el derecho a que la oposición pueda sea alternativa de gobierno. Esta negación erosiona el fundamento mismo del parlamentarismo y convierte a la política que se practica y a la partitocracia en un problema grave, como vienen señalando las encuestas desde hace años.
- La corrupción ha penetrado en las instituciones del Estado: ministerios, empresas públicas y otras entidades clave están bajo sospecha. Las responsabilidades políticas, aunque diversas, son generalizadas. El Gobierno, en su conjunto, ha fracasado en preservar la integridad del sistema.
- Este deterioro también revela las deficiencias específicas del sistema constitucional español. La moción de censura es, en la práctica, una investidura alternativa y no una herramienta efectiva de control del poder. La moción de confianza depende del propio presidente. Y el jefe del Estado carece de funciones moderadoras eficaces. Este diseño institucional, aceptable durante la Transición, hoy representa una concentración excesiva de poder en el Ejecutivo, con ciudadanos desprotegidos ante su incompetencia o la ineficacia del Gobierno.
- Exigir elecciones no implica acusar personalmente al presidente Sánchez de corrupción, sino subrayar su incapacidad para ejercer su deber de vigilancia. No haber sabido, durante años, lo que sucedía en su partido y su gobierno, revelando una ceguera política incompatible con el cargo. Gobernar exige saber, prever, vigilar y actuar.
- La reiterada defensa victimista del presidente —como expresó en su intervención del 17 de junio— refleja una lectura distorsionada de la realidad. Pretender exculparse a sí mismo, como si bastara con no haber sabido nada, es inadmisible en cualquier profesional y aún menos en quien ostenta la jefatura del Gobierno. Además, su tendencia a interpretar las informaciones sobre presuntas corrupciones como ataques personales muestra un sesgo preocupante: una distorsión de la realidad que le impide diferenciar entre hechos solventes y conspiraciones imaginadas. Esta actitud, más que protegerlo, debilita su capacidad para ejercer el poder con lucidez y responsabilidad.
- Por todo ello, el presidente debe someterse al juicio de las urnas. No puede seguir gobernando sin legitimidad renovada. Convocar elecciones no es un gesto de debilidad, sino una obligación democrática ineludible.
- Esta crisis también afecta gravemente a Cataluña. Su autogobierno ha quedado subordinado a la dirección del PSOE y a la figura del presidente del Gobierno, algo sin precedentes. Incluso los anteriores presidentes socialistas de la Generalitat mantuvieron su independencia institucional. Hoy, el Parlament y el Govern sufren la misma parálisis y deslegitimación.
- Necesitamos una regeneración moral y política profunda. Y esta comienza —ni mucho menos termina— con unas elecciones. Pero sobre todo se inicia en una respuesta cívica organizada, un estallido cívico, para poner fin a la corrupción y a la partitocracia, que son dos caras de una misma moneda, que tiene derecho a acudir si es necesario a la insumisión civil.
- Los cristianos, tanto de fe como de cultura, tenemos una responsabilidad especial. La Doctrina Social de la Iglesia afirma que la corrupción es “uno de los signos más graves de la decadencia moral” (n.º 411), y el Catecismo condena claramente el fraude, los sobornos y el enriquecimiento ilícito, que violan el séptimo mandamiento. Además, señala que la autoridad solo es legítima si se orienta al bien común (n.º 1903). La corrupción no solo destruye la justicia: disuelve la legitimidad misma del poder.
- Por estas razones, llamamos a todos los cristianos y a todas las personas de buena voluntad a organizarse. Es hora de exigir elecciones inmediatas, una verdadera regeneración institucional y la reforma de un sistema político que ha dejado de servir a la ciudadanía.
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