Lo reconoce el propio primer teniente de alcalde Jaume Collboni. Desde que se acabó la Guerra Civil no ha habido un momento tan crítico para la ciudad de Barcelona como el actual. Y es que es así. Evidentemente no es la primera crisis importante que sufre la capital de Cataluña. La de finales de la década de los 70 del siglo pasado fue muy intensa, tanto que trastocó toda la burguesía catalana y barcelonesa. También fue aguda, pero mucho más breve, la que se produjo justo después de los Juegos Olímpicos. Pero ninguna ha alcanzado la dimensión de la actual, y las cifras de caída del PIB dan testimonio.
La capital de Cataluña perdió el año pasado el 11,7% del PIB, más que Madrid, aunque esta registró una disminución del 10,5%. El problema añadido es que a diferencia de Madrid, el primer trimestre del año ha continuado siendo económicamente un desierto para Barcelona. Pasear por La Rambla, caminar por el Gòtic o por el Paseo de Gràcia es más ilustrativo que cualquier análisis sobre la realidad que vive la ciudad. El área central y las zonas más turísticas están llenas de rótulos de tiendas que se alquilan, que es un pésimo indicador de la dinámica a la que estamos sometidos. Tanto es así que el Ayuntamiento de Barcelona se ha embarcado en una operación de muy dudosos resultados. Se trata de la compra de locales de planta baja de la ciudad para impulsar después su uso. Piensa adquirir 60 por un importe de 16 millones de euros, con una especial atención a Ciutat Vella, donde destinarán 6 millones .
Las cifras ya son un indicador de la escasa relevancia de los espacios a adquirir. Además, es una gota de agua en un espacio urbano donde hay 5.323 locales de planta baja vacíos. Es una magnitud extraordinaria que desertiza extensas zonas de la ciudad. El plan que se llama «Arriba persianas«, insiste en una política, que ya se inició hace un cierto tiempo, de comprar locales para ofrecer alquileres a precio bajo, pero la cantidad de establecimientos que disfrutarán de esta condición es insuficiente para que afecte al mercado. Por otra parte, este ya presenta un tono muy bajista, precisamente por la abundancia de espacios sin ocupar.
El problema de Barcelona no es el precio de los alquileres, sino la demanda desaparecida. En primer lugar por la fuga del turismo, pero también para que las familias gastan menos, un hecho que también está determinado por las restricciones que ha establecido la Generalitat, además de las dificultades económicas del momento en que vivimos.
El Ayuntamiento habría hecho mejor actuando, como han hecho otros consistorios, inyectando dinero al consumidor para adquirir productos y servicios en el ámbito de la ciudad. Estos bonos de compra pueden permitir, por sus características políticas muy ajustadas tanto territorial como sectorial, otorgar prioridad a determinadas áreas o ámbitos de actividad. Una vez más el dinero de Barcelona se gastará en una respuesta que no tendrá ningún impacto a corto plazo, que es lo que necesitamos.
Parece difícil de entender que los que gobiernan la ciudad no tengan claro que se trata de facilitar la demanda. En este sentido Ada Colau también debería haber sido mucho más beligerante en relación con las limitaciones que impone la Generalitat, que resultan en parte incomprensibles por el castigo económico que infligen en relación con los beneficios sanitarios que generan.
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