Ni comisión bilateral, ni mesa de diálogo. La realidad pura y dura señala semana tras semana que la Generalitat pierde competencias porque las absorbe el gobierno español y, por tanto, disminuye nuestra capacidad de autogobierno.
Es una paradoja impagable que, en nombre de un gobierno independentista, los catalanes cada vez tienen menos capacidad de decidir. Los dos últimos ejemplos afectan, además, al terreno sensible de los ingresos. Por un lado, la ley de residuos del estado tiene como consecuencia que liquida el canon que aplicaba la Generalidad en esta materia, que pasa a ser regido por la normativa central. De nada han servido los votos decisivos de ERC en el Congreso para modificar este punto en sus conversaciones con el gobierno. Pero, por si fuera poco, los nuevos impuestos verdes que prepara Madrid liquidarán también la imposición de esta misma naturaleza catalana, por tanto, en este caso nos quedaremos sin posibilidad de ejercer una política fiscal propia en una materia tan sensible en la actualidad como es la regulación impositiva del medio ambiente.
En otro orden de cosas relevantes, cabe situar el hecho de que ha pinchado la huelga de la escuela contra el 25% de aplicación del castellano. Es evidente que era una huelga política, porque todos los datos ponen de relieve sin necesidad de la aplicación judicial que en la escuela catalana el castellano es lengua vehicular en una proporción mucho mayor que la cuarta parte. Se trataba sobre todo de una cuestión que permitía al independentismo levantar una bandera que siempre ha sido importante, la de la lengua. Sin embargo, en esta ocasión no ha funcionado y señala una vez más el grado de desestimación que impera en las filas de lo que hasta ahora había sido un bloque activo e importante de la política catalana. Hay que subrayar además que una proporción importante de maestros de la escuela pública son cercanos a ERC e incluso una minoría importante son militantes. Por tanto, en esta ocasión no se ha seguido la consigna del gobierno que, en último término, es quien promovía la huelga, seguramente porque han pesado más a la hora de la verdad las reivindicaciones profesionales de los maestros que les enfrentan con el conseller de enseñanza, que pertenece a este partido.
Se puede abrir otra herida más con su compañero de gobierno, JxCat, dado que el presidente de la Generalitat ha acordado que ésta se presente como acusación en un presunto caso de financiación de CDC, el caso Triacom. Para poner de relieve que tenemos dos gobiernos en uno, no hay cómo constatar el último pacto entre PSC y JxCat para acordar la nueva cúpula de TV3 y Catalunya Ràdio, quedando fuera del acuerdo el propio partido del presidente de la Generalitat. Esta circunstancia demuestra la desunión que impera, al tiempo que manifiesta una vez más la vigencia de la partitocracia y las cuotas en la distribución de los puestos. El acuerdo de dos partidos en este caso es suficiente para decidir quién mandará en la televisión y radio públicas de Catalunya. Tanto partidismo nunca puede ser sano para el buen funcionamiento del país.
Mientras, en la ciudad de Barcelona continúa el annus horribilis de Ada Colau. Ahora con la presentación de recursos de la reforma que quiere iniciar el Ayuntamiento dentro de pocos días en la Via Laietana. Tanto Foment del Treball, la patronal catalana, como Barcelona Oberta, representante de los comerciantes de la zona, llevarán la reforma al contencioso y pedirán la paralización de las obras para evitar que se genere un mayor daño. Es muy posible que otras entidades que formularon alegaciones presenten también recursos similares. El inicio de las obras deja en la mayor incertidumbre económica al Born y al Gòtic porque será muy difícil el acceso a aquella zona de la ciudad. Como también afectará a la movilidad interna. Basta recordar que por esta vía circulan a diario 56.000 vehículos.
En uno de los momentos más críticos de la vida europea, española, catalana, barcelonesa, nos encontramos con la terrible dificultad de ser gobernados por coaliciones absolutamente enfrentadas.
En Madrid, Sánchez con UP que mantienen serias diferencias en relación con la posición en la guerra de Ucrania, el tipo de respuesta a dar a la actual crisis económica y a la insospechada solución marroquí de Sánchez. No es poca discrepancia.
En el caso de la Generalitat, los enfrentamientos son tantos y tan frecuentes que resultan de difícil enumeración, pero pueden resumirse en un solo concepto: es un gobierno cainita.
Mientras, al otro lado de la plaza Sant Jaume, la coalición de Colau con los socialistas, que a día de hoy siguen siendo, de la mano de Collboni, fieles señores de los mandatos de la alcaldesa, están a la vez pactando un acuerdo para construir una alternativa a Colau que contando con la ayuda del minúsculo partido de Units que incorpore al pacto la nueva plataforma política que lidera Àngels Chacon, Centrem Catalunya, a fin de garantizar que la lista socialista sea la más votada. Con una mano colaboran con Colau y con la otra preparan la puntilla.
Qué difícil es gobernar a favor de los ciudadanos en estas condiciones.