La Generalidad de Cataluña se ha convertido, paradójicamente, en uno de los principales problemas del país, en lugar de ser su solución. Esta afirmación dura, pero fundamentada, no responde a una percepción subjetiva ni a una consigna política, sino a una realidad que puede ser medida, comparada y contrastada.
¿Cómo es posible que el Parlamento y, sobre todo, el Gobierno de la Generalitat hayan pasado de ser instrumentos de liberación colectiva a convertirse en losas que ahogan a la sociedad catalana? La respuesta es tan incómoda como precisa: ineficiencia e ineficacia institucionales a gran escala, hasta cotas que hace décadas habrían parecido inimaginables.
Durante años, el catalanismo político confió en que el autogobierno —de Prat de la Riba a Jordi Pujol— sería una herramienta para marcar diferencias positivas respecto al resto de España: mejor gobierno, mejor administración, mejores servicios públicos, preservación y promoción de la lengua y la cultura. Sin embargo, hoy el escenario es radicalmente diferente. Con un presupuesto que supera los 45.000 millones de euros, la Generalitat desarrolla tan mal sus funciones que genera más problemas de los que resuelve.
El colapso de Cercanías es solo el caso más visible y reciente. Pero el diagnóstico se extiende a los malos resultados educativos, a la deficiente prestación de servicios públicos, a la crisis estructural de la vivienda y a una forma de gobernar basada más en la propaganda cotidiana y el anuncio incesante de “planes y programas” que en resultados tangibles.
Una demostración objetiva: el índice europeo de calidad institucional
Esta situación no es sólo una percepción interna. Tiene una verificación empírica clara en el European Quality of Government Index (EQI), elaborado por el Institute for Quality of Government de la Universidad de Gotemburgo. Puedes ver el texto en este enlace: https://www.gu.se/en/quality-government/qog-data/data-downloads/european-quality-of-government-index
Se trata del único indicador armonizado de calidad institucional a escala regional (NUTS 1–NUTS 2) disponible en la Unión Europea, y permite comparar directamente a Cataluña con el resto de comunidades autónomas y regiones europeas.
El índice define la calidad institucional como un concepto multidimensional, basado en:
- la imparcialidad en la provisión de servicios públicos,
- la calidad efectiva de estos servicios,
- y los niveles de corrupción percibida y experimentada.
El resultado es un índice sintético que oscila entre +3 (mejores resultados) y − 3 (peores), situando el umbral aceptable en torno al cero.
La puntuación de Cataluña es de −0,232. El resultado es, sin matices, penoso en la escala europea y claramente deficiente dentro del conjunto español.
Comparaciones que duelen
La mayoría de comunidades autónomas obtienen mejores resultados que Cataluña: Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha, Canarias, Madrid (0,339), Navarra, País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia. Solo presentan registros peores Baleares, Andalucía, Extremadura y Castilla y León.
Y esto dentro de un estado, el español, que no destaca precisamente por la excelencia institucional. Si ampliamos la comparación en Europa, el panorama es aún más desolador: todas las regiones portuguesas, con niveles de autogobierno mucho más modestos, funcionan mejor que Cataluña. La región autónoma de Azores se sitúa a una distancia considerable, con un índice de 0,24. Las regiones francesas, incluido el Languedoc-Roussillon (0,202), también.
Solo en relación con Grecia, Italia y los países del Este aparecen resultados claramente peores. La vieja idea pujoliana de los “cuatro motores de Europa” ha pasado a la historia.
Instituciones, educación y economía: un mismo patrón
Sin pretender establecer una causalidad mecánica, resulta revelador que la pobre posición institucional de Cataluña sea muy similar a los resultados obtenidos en las últimas pruebas PISA. El patrón es coherente: cuando las instituciones fallan, fallan también los resultados sistémicos.
La baja calidad institucional no solo empeora los servicios públicos; afecta al conjunto de la vida cotidiana y tiene un impacto directo y muy negativo sobre la economía. Este no es un juicio ideológico, sino una de las conclusiones más sólidas de la economía contemporánea.
Daron Acemoglu ha demostrado que el crecimiento sostenido solo es posible con instituciones inclusivas, imparciales y previsibles. Cuando se degradan, la economía deriva hacia el clientelismo, la captura de rentas y la pérdida de innovación. Esta tesis fue reconocida con el Premio Nobel de Economía, concedido conjuntamente a Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson.
Esta visión se inscribe en la Nueva Economía Institucional, desarrollada por Douglass North y Oliver Williamson: los mercados no funcionan solos, necesitan instituciones que reduzcan costes de transacción, garanticen contratos y limiten la arbitrariedad política.
Desde una perspectiva histórica, Niall Ferguson ha mostrado cómo el declive de Occidente no es fruto de la falta de recursos, sino del deterioro institucional.
Un reciente informe de CaixaBank Research lo evidencia también para el caso catalán: la baja calidad institucional incide directamente en el problema crónico de productividad, convirtiendo a Cataluña en una región económica de tercer orden, pese a disponer de chispas de talento e innovación que revelan más potencial que realidad efectiva. Vale la pena tratarlo más adelante con detalle.
El gobierno catalán y un Parlamento incapaz de producir buena legislación son, hoy, una pieza clave del declive.
Cataluña ya no falla por falta de recursos, sino por fracaso institucional. Los datos europeos lo confirman. #CalidadInstitucional Compartir en X
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