«No podemos pensar de ninguna manera que los hijos pertenecen a los padres.» Estas recientes palabras de la ministra de Educación, Isabel Celáa, resultan ciertamente inquietantes. Si se escucha la intervención entera de la ministra, disponible en internet, se puede comprobar que no es ninguna broma.
Hace tres meses la Sra. Celáa fue invitada al Congreso de Escuelas Católicas, que agrupa dos mil centros educativos. En su discurso de inauguración hizo una muy particular interpretación del artículo 27 de la Constitución. Según la ministra, este precepto no ampara el derecho de los padres a elegir la enseñanza religiosa de sus hijos ni a elegir centro educativo.
La señora ministra se pasa reiteradamente por el forro no sólo el artículo 27.3 de la Constitución sino también el artículo 26.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que proclama: «Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que se deberá dar a sus hijos «. Si alguien no sabía aún que era la dictadura del relativismo, aquí hay un ejemplo clarísimo.
En realidad, lo que hace la señora Celáa es allanar el camino para que la educación afectivo-sexual, y los cursos o talleres sobre la materia que determinados grupos imparten en las escuelas, formen parte del currículum escolar y sean de obligada asistencia. Celáa lo justifica en el interés del menor, en su derecho fundamental a ser educado desde su nacimiento.
Sorprende que hasta la llegada de Vox, aquí ningún partido se haya atrevido a cuestionar la acción política sobre aspectos que afectan tan decisivamente a la persona, la familia y la sociedad. No sé si el «pin parental» es el remedio más adecuado para garantizar este derecho fundamental de los padres. Pero cuando la ministra de Educación niega que los hijos pertenezcan a los padres, en realidad está diciendo que pertenecen al gobierno, y que éste puede educar a los alumnos según su ideología. Esto supone dejar una puerta abierta al totalitarismo.
Está claro que el artículo 27.3 de la Constitución establece un derecho fundamento de los padres y madres, y por tanto, obliga a los poderes públicos a respetar las convicciones parentales en la educación moral y religiosa que la escuela transmite a sus hijos. Diga lo que diga la señora Celáa, si en los currículums escolares se margina la asignatura de religión se está vulnerando ese derecho fundamental. Y también se vulnera cuando se transmite a los alumnos una concepción de la afectividad y de la sexualidad que contradice las convicciones de los padres y madres fieles a cualquiera de las grandes religiones existentes hoy en nuestro país.
Una cosa es que el sistema educativo fomente la tolerancia y enseñe a no discriminar por razón de orientación sexual. Totalmente de acuerdo. Y otra muy diferente que se quiera formar a los alumnos en una nueva ética sexual común, alternativa a la de muchos padres y madres y a la compartida por las grandes religiones mencionadas. Al margen de las creencias religiosas, educar en una antropología que pone en crisis la identidad sexual masculina o femenina de las personas, puede perjudicar gravemente el proceso de maduración de niños y adolescentes.
En el fondo, lo que la ministra de Educación pretende es utilizar la escuela y los docentes, forzando que estos se extralimiten en sus funciones, invadan el papel de los padres y madres, y actúen de correa de transmisión de una ideología antinatural, extravagante, fruto de una posmodernidad líquida y desorientada. En último término, lo que pretende la ideología de género y sus promotores gubernamentales es que los progenitores quedemos reducidos a unos simples proveedores de bienes y servicios, con todas las responsabilidades, mientras los gobiernos usurpan nuestra potestad educadora en aspectos esenciales para la vida de nuestros hijos e hijas.
Con esta posición el nuevo gobierno se sitúa muy lejos de la laicidad positiva, que establece la Constitución en su artículo 16.3 cuando prevé que «los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española». La ideología de género no es compartida ni valorada positivamente por las religiones cristiana, musulmana, judía e hindú. Con estas imposiciones, el nuevo gobierno se sitúa claramente en una laicidad negativa o laicismo excluyente.
Publicado en el Diari de Girona, el 10 de febrero de 2020
Carles Ros y Arpa (Corçà,1966). Casado y padre de dos hijos y dos hijas. Licenciado en Derecho (UB), licenciado en Ciencias Religiosas (ISCREB) y Máster en Gestión Urbanística por la SE de Arquitectura (UPC). Secretario de Administración Local y abogado.