De manera completamente inesperada, en la sesión de control de este miércoles en el Congreso de los Diputados se ha producido un potencial escándalo, que tanto puede ser una tormenta en un vaso de agua, como un hecho particularmente grave.
Se trata de la «desaparición» del informe del Consejo de Estado sobre el Decreto Ley, de una importancia decisiva, sobre la regulación de los fondos europeos. Recordemos que este es un tema particularmente sensible porque establece de qué manera el gobierno gestionará estos fondos, que significan mucho dinero, y una oportunidad excepcional para rehacer el país.
La vía elegida del Decreto Ley ya resta capacidad en el Congreso para debatir a fondo la cuestión, y el hecho de que fuera convalidado por una insólita abstención de voto de Vox en el último momento, cuando lo habitual es que este partido vote contra toda iniciativa del gobierno, por buena que sea, ya crea un marco de referencia de mucha sensibilidad. Y sobre este terreno mojado se añade ahora la tormenta de la desaparición del informe.
En el transcurso de la sesión del Congreso se hizo patente que de la documentación que acompaña el Decreto Ley para votar su convalidación, había sido liquidado el informe del Consejo de Estado, que según el portavoz de Cs y abogado del estado consideraba que era demoledor y muy extenso, porque tiene 94 páginas. El gobierno no dio ninguna razón de por qué se había omitido este documento, ni tampoco se comprometió a hacerlo público más allá de cuando lo crea oportuno. Pero claro, el momento era, y de hecho es, cuando se debatía lo que el Consejo de Estado informó, y no dentro de unos meses o semanas.
Hay que considerar que este informe no era obligatorio, sino que fue una petición voluntaria del gobierno. Pero una vez hecho, parece que lo lógico es darlo a conocer en el Congreso y de hecho a toda la ciudadanía. La ley del gobierno regula que, el expediente administrativo de toda norma debe formar parte de la documentación y debe figurar «en la memoria del análisis de impacto normativo». El gobierno Sánchez argumenta que una cosa es el expediente administrativo y otra el parlamentario, pero la verdad es que no entendemos demasiado cómo la documentación que llega al Congreso, la institución que representa a todos los ciudadanos, tenga menos componentes informativos que los que la administración utiliza para su tramitación, más cuando estamos hablando de un informe de una instancia tan determinante como el Consejo de Estado.
Planea ahora una cuestión sobre si la votación que se produjo puede ser declarada nula o no. Sobre este punto no hay unanimidad de los letrados. Unos consideran que no, porque no había ninguna obligación de adjuntar el informe, y otros que sí. Pero dada la militancia política de la presidenta de la cámara, Meritxell Batet, y la mayoría de la mesa, parece realmente improbable que el gobierno, que aprobó con tanta dificultad la norma en cuestión, acepte repetir la tramitación, más cuando ahora sería muy difícil que contara con la abstención de Vox y, por tanto, se quedara sin convalidación del decreto.
En todo caso, lo que es necesario y urgente es que el gobierno haga público el informe del Consejo de Estado, dado que este organismo no puede publicar el dictamen ni remitirlo a los diputados hasta que el ejecutivo lo decida.
Al margen de cualquier otra consideración, estamos ante un caso evidente de deliberada falta de transparencia por parte del gobierno, con el agravante de que afecta a una cuestión decisiva, y que incide sobre un punto débil de su imagen: la voluntad cada vez más patente de ocultar hechos que tiene la obligación de hacer públicos. Los recientes cambios en el organismo que vela por la transparencia gubernamental, derivados de la insistencia de esta instancia en reclamar datos que el gobierno se negaba a hacer públicos, algunos de ellos relacionados con los gastos del presidente del gobierno, contribuye a una desconfianza sobre lo que nos cuenta y lo que es en realidad el gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos.
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