Una filtración «oficial» en El País, que es el medio habitual mediante el cual las instancias gubernamentales dan a conocer sus versiones no oficiales, ha informado sobre un insólito escrito de la fiscal general del estado dando instrucciones al Defensor del Pueblo de cómo debe proceder en relación con la pretendida comisión para indagar la pederastia en la Iglesia.
Cabe decir que el Defensor del Pueblo se encuentra en un callejón sin salida, dado que la misión que le ha encargado el Congreso de los Diputados está totalmente fuera de sus atribuciones porque le encarga crear una comisión para analizar una institución que posee una naturaleza civil, mientras que de acuerdo con la legislación, la institución del Defensor del Pueblo actúa en relación con la administración y en defensa de los ciudadanos. Concretamente, sus atribuciones se extienden para indagar a “ministros, autoridades administrativas, funcionarios y cualquier persona que actúa al servicio de las administraciones públicas”.
Cabe recordar que Dolores Delgado ya hizo un primer intento saldado en fracaso de actuar en relación a la Iglesia. Dio instrucciones a todos los fiscales jefe de cada autonomía para que informaran del número de expedientes que tenían abiertos sobre querellas de pederastia que afectaran a personas vinculadas a la Iglesia católica. El resultado final, 68 casos, frente a cerca de 6.000 denuncias sobre abusos sexuales que se producen cada año, pinchó el globo de la fiscal jefe, que ahora vuelve a la carga. En la carta menciona que estos 68 casos son sólo los abiertos en el 2022, pero esta afirmación es incierta porque no responde a lo que pedía en su instrucción a todos los fiscales. En realidad se trata de los casos «vivos», es decir, aquellos que todavía no han sido resueltos por los jueces y permanecen en manos de la fiscalía. Hay que añadir además que no se trata de condenas, como es evidente. Cuando la fiscal dio esta instrucción, de hecho ya modificó el camino que había puesto en marcha la fiscal del estado anterior, María José Segarra, quien también pidió los casos que tenían entre manos los fiscales, pero no limitados a los del Iglesia católica sino en general. De este asunto no se ha sabido nada más.
En su escrito Dolores Delgado no se está de señalar la responsabilidad de los obispos en toda esta cuestión, y al actuar de esta manera extralimita lo que es su función y de hecho obra una causa general contra la Iglesia. La contradicción en la que incurre esta instancia, además, es muy aparatosa porque argumenta que se han cometido abusos de este tipo a lo largo del tiempo por parte de la Iglesia, pero omite que éstos son absolutamente marginales en lo que respecta a la dimensión del delito, y que una parte importante de este delito de pederastia se produce en el ámbito de directa responsabilidad del estado como es la enseñanza, sin que haya habido nunca ninguna intervención para esclarecerlo, ni ahora este hecho merezca la atención por parte de Dª. Delgado.
Cabe recordar que en una fecha tan lejana como 1994, el ministerio de asuntos sociales, por tanto, una instancia gubernamental, encargó al Dr. Félix López, catedrático de psicología de la Universidad de Salamanca, un estudio sobre esta materia. Sus conclusiones establecían que los abusos a menores cometidos por maestros y profesores afectaban al 23% de las chicas y al 10% de los chicos. Por tanto, el problema de la pederastia en el ámbito de las responsabilidades directas del estado viene de lejos y es conocido. La fundación IR, que ha publicado el estudio «Abuso sexual en la infancia y la adolescencia según los afectados y su evolución en España (2008-2019)», por tanto, el análisis de una década, permite determinar que para cada abuso cometido por una persona vinculada a la iglesia, 18 han sido llevados a cabo por maestros y profesores, que hay que decir que no es ni de lejos el grupo con mayor carga en ese sentido. Ahora mismo existen procesos judiciales en marcha en Valencia y en las Islas Baleares por abusos sexuales cometidos a chicas tuteladas.
Cabe decir que en esta cuestión comparativamente, mejor o peor, la Iglesia ha llevado a cabo más medidas para abordar la cuestión que las instituciones del estado, incluida la fiscalía, que no ha adoptado ninguna.
El escrito de la fiscal general del estado es globalmente considerado un disparate, porque prejuzga de entrada una vinculación directa entre la Iglesia católica y el delito, y lo hace hasta el extremo de señalar que el personal que intervenga en la comisión debe ser independiente de cualquier institución religiosa, como si el hecho de estar adscrito a alguna de ellas impidiera un correcto ejercicio de las responsabilidades ciudadanas.
Este hecho se une al intento de justificar el por qué se centra sólo en la Iglesia cuando afirma que es “la institución religiosa más extendida en España y en la que más casos se han detectado o silenciado, hecho que impide tener una referencia real de la dimensión de ese fenómeno”. Lo que no justifica es por qué esto sólo se aplica a la Iglesia y no a otras instituciones, cuando ésta presenta un número de casos que, como hemos visto, es marginal en el conjunto de este problema, entre el 0,2 y el 0,4% del total.
Que la Iglesia sea la institución religiosa más grande no es argumento para situar sólo la investigación sobre ésta, a menos que Dª. Delgado tenga fobia religiosa y sólo contemple este delito como fiscal general del estado si el presunto autor es una persona católica.
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