Muy pronto ha llegado la primera prueba para el gobierno de Sánchez. Se trata de la validación por parte del Congreso de tres macro decretos ley. Ésta es una práctica que ha acabado siendo perversa porque utiliza una vía excepcional para legislar sobre cuestiones ordinarias y además lo hace con textos que mezclan cosas de ámbito muy diferente: justicia, régimen local, formación profesional, mecenazgo, derechos laborales, reforma de la ley de sociedades de capital, etc. Como los decretos leyes se aprueban o se rechazan globalmente, no se pueden manifestar discrepancias, aunque se pueda estar de acuerdo con un tema y en desacuerdo con otro.
Ahora, todo el debate está centrado en el riesgo de que Sánchez pierda la votación porque por el momento, solo por el momento, JxCat, por unas razones, y Podemos, por otras, han anunciado que votarán en contra si no les hacen caso.
Parte de las razones de Junts son consistentes, porque reclaman que se hagan tantos decretos ley como temas diferentes, de modo que permita perfilar mucho más el voto de los diputados.
La razón de Podemos también tiene significación porque en el decreto ley se juega mucho a lo de «hecha la ley, hecha la trampa». En concreto, por un lado, se mejoran las prestaciones del subsidio de desempleo para las personas que lo han agotado, pasando de 480 euros a 570. Esto lógicamente es satisfactorio para los afectados, pero lo que es más tramposo es que la letra pequeña introduzca reducciones en las futuras prestaciones de la Seguridad Social, por lo que lo que te dan hoy te lo recortan mañana, y esto es a lo que se opone Podemos. Que además, le da un pulso a Sumar porque dice que quiere negociar directamente con el gobierno y no a través de la organización de Yolanda Díaz.
El problema de Sánchez es que necesita todos esos votos porque si no, no tiene la mayoría necesaria. En cualquier caso, incluso en el supuesto de que se resuelva bien y se acabe pactando, lo que muestra la primera acometida parlamentaria es la fragilidad del gobierno, que en cada paso de una norma por el Congreso se dejará algunas sábanas, porque los socios le reclamarán inexorablemente su trozo de pastel.
Pero, más allá de eso, que ya es importante, lo que existe es una minusvaloración de la función parlamentaria. Sánchez tiende a gobernar bajo ese vicio de la democracia, que ya denunciaba Montesquiu, que es el de la dictadura de la mayoría, convirtiendo al Congreso en una máquina de aprobar leyes. Y eso no es la democracia parlamentaria, que pide debate con luces y taquígrafos, comparecencias de expertos, informar al ciudadano de qué se debate, transaccionar con los discrepantes y construir amplios acuerdos.
Nada de esto forma parte del “método Sánchez”. Aplica la dictadura de la mayoría por diversas vías. Lo hace declarando la vía de urgencia para leyes que no son urgentes. Lo hace transmutando proyectos de ley, normas salidas del gobierno, en propuestas de ley, que formalmente no las presenta el gobierno sino el PSOE o Sumar, y de esta forma simplifican la tramitación parlamentaria y las comparecencias. Todo ello ligado al control de la Mesa del Congreso, que es quien determina cuándo se debaten las leyes, ha convertido a la más alta instancia de representación del país en una sucursal de la Moncloa.
Pero sin embargo, la vía más inadecuada de todas es precisamente la del decreto ley. Éste existe para unas ocasiones muy tasadas. Deben servir para regular aspectos muy específicos y concretos. La Constitución establece que sólo se pueden aplicar si se da una «extraordinaria y urgente necesidad». Esta condición puede estar sujeta al control del Tribunal Constitucional, lo que en las actuales circunstancias ofrece muy pocas garantías. Tiene también otras limitaciones. Una de ellas muy importante es que no puede incidir sobre el régimen de competencias de las comunidades autónomas y tal y como argumenta Junts es cierto que hay aspectos de los que ahora Sánchez quiere aprobar que vulneran las atribuciones de la Generalitat de Catalunya. En este sentido, no se entiende nada el voto incondicional de ERC: el partido que gobierna en Catalunya, que se declara independentista, admite sin abrir boca que el gobierno español recorte atribuciones que el Estatut nos concede.
Sánchez es con diferencia el presidente que más decretos ley ha realizado. Desde 2018 que gobierna, ha aprobado 138, es decir, más de 2 al mes. Felipe González, que gobernó 14 años, cumplió 129 y es el segundo en la lista que más ha aprobado. A partir de ahí sobra todo comentario en relación con la dictadura de la mayoría. En realidad, lo que sería democráticamente decente sería transformar estos decretos en leyes y tramitaciones debidamente. Pero esto no se va a hacer.
Mientras el foco sigue centrado en si JxCat aguanta el desafío o, como ha acostumbrado a hacer en otras ocasiones, acaba aceptando el dictado de Sánchez.
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