Es evidente que el conflicto en Cataluña ha abierto una crisis de estado que presenta diversas manifestaciones, desde el deterioro de la figura del jefe del estado a acentuar la controversia con la justicia, acusada de falta de independencia política.
El repentino e imprevisto nombramiento de la anterior ministra de justicia, Dolores Delgado, como fiscal general del estado profundiza esta herida. Las protestas que se han desencadenado son amplias y están justificadas. Porque resulta insólito que quien era ministra de justicia del gobierno de Sánchez un día, se despierte al día siguiente siendo la fiscal del estado y pretendiendo que sea una persona independiente y no sujeta a las instrucciones del gobierno.
Es evidente que Delgado tiene una larga carrera como fiscal a sus espaldas, pero aún lo es más que con su paso a la política y sus declaraciones y actuaciones cada vez más agresivas, sólo ha demostrado que era una fiscal ideológicamente muy comprometida, y que su paso a la política sólo significó su salida del armario.
No es un hecho menor que sea una de las ministras que más reprobaciones ha recibido del Congreso, tres en total, y el hecho de que a pesar de que este pronunciamiento de la cámara legislativa no haya impedido nombrarla fiscal, tiene un claro trasfondo de desprecio hacia la institución que representa a todos los ciudadanos.
Es por todas estas razones que la decisión de Sánchez constituye un paso más en la agudización de la crisis de estado no asumida que sufre España, y pone de relieve una falta de responsabilidad por parte del presidente del gobierno. Hace patente que una cosa es su discurso, que ofrece diálogo e inclusión, y otra, muy distinta, la práctica, y refuerza la idea de que Sánchez no es una persona fiable, porque sus cambios de posición y sus decisiones pueden ser muy radicales en función de sus estrictos intereses a corto plazo.
El nombramiento de Delgado, y la sorpresa que ha supuesto, puede tener su correlato con el retraso, también inesperado, en el nombramiento de ministros y el goteo con que se produjeron hasta quedar para la última hornada el ministro de justicia. Una interpretación bastante extendida es que Sánchez a la vez que configuraba el nuevo gobierno tenía que ajustar un nuevo fiscal del estado, que le permitiera llevar a cabo con facilidad los compromisos adquiridos con Esquerra Republicana de Catalunya, y esto a su vez hacía necesario un ministro que estuviera dispuesto a aceptar este compromiso sin la más mínima vacilación.
