Ya se sabe, cuando las barbas de tu vecino veas quemar, pon las tuyas a remojar.
Y ahora es Francia quien ha tocado a filas, aunque el mal viene de hace tiempo. El pasado 7 de noviembre, los ministros del Interior y de Justicia de Francia, Gérald Darmanin y Éric Dupond-Moretti respectivamente, dieron una rueda de prensa en Marsella para abordar la creciente preocupación por el crimen organizado y el narcotráfico en el país, dada la gravedad de la situación:
El crimen organizado y el narcotráfico se han convertido en problemas cada vez más extendidos, especialmente en ciudades como Marsella, que se ha convertido en un punto crítico del narcotráfico, con frecuentes ajustes de cuentas entre bandas rivales. Los grupos criminales están cada vez más armados y son más violentos, utilizando incluso armas de guerra en sus enfrentamientos. El tráfico de drogas se ha extendido a otras ciudades francesas, creando una red criminal que abarca gran parte del territorio nacional.
Para hacer frente a esta crisis, el gobierno francés ha propuesto diversas medidas, como son el aumento de efectivos policiales: se ha anunciado el despliegue de más agentes en las zonas más afectadas por el crimen organizado; la mejora de la coordinación: se busca una mayor colaboración entre diferentes cuerpos de seguridad y la justicia para combatir el crimen organizado de manera más efectiva; también se busca un endurecimiento de las penas: se ha propuesto aumentar las sanciones para los delitos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado. Se planea mejorar las capacidades de vigilancia y seguimiento de las actividades criminales mediante el uso de tecnología avanzada y la mejora y extensión de programas de prevención: se han anunciado iniciativas para prevenir que los jóvenes se involucren en actividades delictivas, especialmente en las zonas más vulnerables.
Sin embargo, los desafíos son difíciles de superar porque existe una gran sofisticación de las redes criminales, que utilizan tecnología avanzada y tienen conexiones internacionales. Otro factor de dificultad es la infiltración del crimen organizado en la economía legal, lo que dificulta su detección y persecución. La persistencia de problemas socioeconómicos en ciertas áreas urbanas facilita el reclutamiento de jóvenes por parte de las organizaciones criminales.
Esta crisis del crimen organizado en Francia ha llevado al gobierno a adoptar una postura más firme y a buscar soluciones integrales que aborden tanto los aspectos de seguridad como los factores socioeconómicos subyacentes. La situación sigue siendo un tema de gran preocupación para las autoridades y la sociedad francesa en general.
Y el caso de Cataluña (y, por supuesto, el de España) debería preocuparnos por siete buenas razones.
La primera es obvia: los precedentes y el riesgo de contagio con otros países, puesto que ya existe vinculación actualmente. La Costa del Sol y Galicia son zonas de fuerte implantación narco que no conocen fronteras, y ésta es una segunda razón. El puerto de Barcelona, del que se habla poco, es una puerta de entrada de droga a España y Europa. El silencio sobre los decomisos de droga no es un buen atisbo. Pero hechos es obvio que los hay. El puerto de Barcelona ha sido escenario de confiscaciones importantes de drogas en los últimos meses, destacando su papel como punto de entrada de sustancias ilícitas en Europa. En noviembre de 2024, el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria interceptó un camión que transportaba cerca de 2.600 kilos de cocaína oculta entre materia prima destinada a una fábrica papelera en Tortosa. El contenedor, procedente de Ecuador, había llegado al puerto de Barcelona y fue seguido hasta su destino final, donde se descubrió la droga.
En julio de 2024, la Guardia Civil se incautó de más de cuatro toneladas de cocaína escondidas en sacos de arroz en el puerto de Barcelona, marcando la mayor partida requisada hasta la fecha en esta infraestructura. La operación resultó en la detención de diez personas y desmanteló una organización criminal que operaba en España, Paraguay y Reino Unido. En marzo de 2024, agentes de la Guardia Civil y de Vigilancia Aduanera intervinieron 419 kilos de cocaína camuflados en un contenedor de café procedente de Costa Rica. La droga fue introducida utilizando la técnica conocida como “gancho ciego”, que implica la colocación de la sustancia en el contenedor sin el conocimiento del exportador ni del importador.
El tercer factor es el tráfico de hachís por vía marítima, que ha aumentado significativamente en Cataluña: en 2023 se incautaron 17,5 toneladas de hachís, un incremento del 134,8% respecto a 2022. El 70% del hachís intervenido en Cataluña entra por vía marítima a través de calas, playas, cauces de ríos y canales. En 2023 se registraron 13 desembarcos en las costas catalanas, en comparación con sólo 4 en 2022.
El cuarto factor es que Cataluña se ha convertido en un importante centro de producción y distribución de marihuana. Ya es conocida como la «huerta de marihuana» de Europa. Las organizaciones criminales han establecido infraestructuras para el cultivo y distribución de marihuana en la región, lo que ha supuesto enfrentamientos entre ellas y el crecimiento del número de armas de fuego. Así, la producción local de marihuana se suma al problema del tráfico de hachís importado.
El narcotráfico en Cataluña ha alcanzado niveles preocupantes, pero no hay preocupación por parte de las autoridades. En 2023 se detuvieron a 1.339 personas relacionadas con el tráfico de drogas, un aumento del 24% respecto al año anterior. Se desmantelaron 22 redes criminales dedicadas al tráfico de hachís en 2023, un 50% más que en 2022. Ha aumentado la violencia relacionada con el narcotráfico, con 15 incidentes violentos en 2023, de los que el 66% implicaron armas de fuego. Además de las plantaciones en todo el territorio, el problema del narcotráfico se extendió más allá de Barcelona. Se ha observado un desplazamiento de la actividad hacia zonas como L’Hospitalet de Llobregat y Sant Adrià de Besòs.
Los narcopisos, antes concentrados en áreas como el Raval de Barcelona, se encuentran ahora en estas zonas periféricas, lo que determina un quinto factor: el progresivo control territorial de algunos barrios o su enquistamiento en ellos. La Mina (Sant Adrià) y Sant Cosme (El Prat) son dos ejemplos, lo que nos lleva al sexto factor.
La situación del narcotráfico en Cataluña, incluyendo el tráfico marítimo, las plantaciones de marihuana y la exportación, representa un desafío significativo para las autoridades. Cataluña se ha convertido en un punto estratégico para el tráfico de drogas hacia Europa, lo que ha llevado a un aumento de la actividad criminal y la violencia asociada.
El séptimo factor, que indica que ya se ha traspasado el umbral crítico, es la corrupción de personal de los cuerpos de seguridad. Esto en un país donde la corrupción política por otros motivos es un problema estructural.
El 8 de noviembre de 2024, se produjo la detención de un alto cargo policial en Madrid, generando gran conmoción. El detenido es Óscar Sánchez Gil, jefe de la Secció de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional en Madrid. Está acusado de delitos como blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. La detención fue realizada por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional. También fue detenida su esposa, que trabaja en la comisaría de Alcalá de Henares. Alicante. Se encontraron más de 20 millones de euros ocultos detrás de paredes en el domicilio de Sánchez Gil en Alcalá de Henares. Se encontraron cerca de un millón de euros en billetes de 50 en su despacho de la comisaría. La investigación vincula a Sánchez Gil con una importante red de narcotráfico recientemente desarticulada.
Se le relaciona con el cargamento de 13 toneladas de cocaína incautadas en la “Operación Algeciras”, la mayor incautación de cocaína en la historia de España. La investigación sigue abierta y no se descartan más detenciones. Por otra parte, no es algo menor que entre 2011 y 2020 se hayan detenido por el mismo motivo a 148 Guardias Civiles.
En el caso específico de Cataluña no se ha producido nada tan espectacular, pero ya hay algunos casos, como en Santa Coloma de Farners (2020): en diciembre de 2023, se fijó para octubre de 2024 el juicio contra un cabo y dos agentes de los Mossos acusados de sustraer marihuana decomisada en operaciones policiales para revenderla. Los acusados se enfrentan a cargos por pertenencia a grupo criminal, delitos contra la salud pública, robo y falsedad documental, con peticiones de penas que superan los 12 años de cárcel. En noviembre de 2020, tres agentes de los Mossos fueron arrestados por presuntamente traficar con marihuana incautada en operaciones policiales. Se les acusó de apropiarse de la droga decomisada y venderla en el mercado ilícito.
Las mafias de la droga, el problema de la droga, deben formar parte de la agenda política catalana, porque no debe esperarse a una situación tan grave y tan difícil de superar como las de Países Bajos, Suecia o Francia para actuar, como debería formar parte de la agenda política española. No sea así, es un mal síntoma. La terapia es ahora y no cuando la enfermedad sea casi incurable.
La droga en Cataluña (1): Jugando con fuego
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