La CUP se considera un partido encarnizadamente feminista, de tal manera que para demostrarlo aplican una solución gramatical perfectamente incorrecta como la de utilizar el femenino para designar los conjuntos. Su discurso y agresividad feminista, y contra las agresiones sexuales, es una característica destacada de esta formación.
En realidad ha hecho cierto aquel dicho de «en casa del herrero chuchillo de palo», cuando en su interior han aflorado presuntos delitos de abuso y agresión sexual, y han utilizado la callada por respuesta. Ahora aflora el caso del eurodiputado y destacado dirigente Quim Arrufat, uno de los primeros diputados en el Parlamento de esta organización. Confirmado por la misma CUP con mucho tiempo de retraso, resulta que Arrufat es el presunto autor de dos delitos, uno de abuso sexual y otro de agresión sexual, uno de 2014 y otro del 2019.
Arrufat, que se dio de baja de la organización, sin explicar los motivos, argumenta que estos hechos no son ciertos y por tanto hay que considerar siempre su presunción de inocencia, que no es estimada por la CUP porque en su comunicado explica que es encontraba en medio «de un proceso de gestión de agresiones machistas», y mientras «se estaba gestionando el protocolo propio que dispone la CUP, abandonó la militancia». Es decir, se habían producido estos hechos a un nivel suficiente para que le abrieran un expediente interno que no cerró porque Arrufat abandonó el partido. Todo ello, a pesar del tiempo transcurrido, porque según esta versión, la primera agresión se habría producido en una fecha tan lejana como seis años, no ha conducido a lo que reiteradamente se reclama siempre: la denuncia a la justicia. La CUP ha omitido lo más importante de todo: tenía constancia de un presunto delito en una medida suficiente para abrir un expediente, pero los hechos no los ha puesto en conocimiento de la justicia. Precisamente esta omisión de la CUP es uno de los agravios que se le hace, por ejemplo, a la Iglesia cuando se dice que no es suficiente con actuar internamente sobre el posible autor y que hay que denunciarlo. Una práctica que hace tiempo ya ha sido corregida, pero que la CUP aún no ha hecho suya y opta por la ocultación.
La pregunta es por qué. ¿Cómo es posible que una organización que hace bandera máxima de estas cuestiones, cuando le afectan a ella, practique el secretismo y tire tierra por encima de los casos? Si los hechos se han producido, cosa que nadie está en condiciones de afirmar, pero hay indicios suficientes para considerarlo, que Arrufat se haya dado de baja de la organización no le exime de sus potenciales responsabilidades, que solo pueden ser depuradas por la Justicia. Si la CUP quiere alguna credencial y no ser vista como una organización que practica el engaño con sus propias ideas, debe llevar estos hechos ante la instancia judicial para que sea ella quien, con independencia de criterios de parte, determine si hubo o no delitos relacionados con el abuso o la agresión sexual.
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