El presidente Pedro Sánchez, como colofón de oro de su intervención en el Congreso del PSOE celebrado este fin de semana en Sevilla, ha anunciado una empresa estatal pública de la vivienda. La iniciativa, absolutamente indefinida, presenta tantas objeciones que la hacen prácticamente inviable, como veremos.
Pero resulta aún más grave ver cómo, de este modo, culmina una larga trayectoria de demagogia y promesas falsas frente a lo que constituye una gran crisis social, como es el déficit de vivienda asequible. En concreto, Sánchez, a lo largo de estos seis años de gobierno, ha formulado las siguientes promesas:
- Construcción de 43.000 viviendas de alquiler asequible con 6.000 millones en préstamos y avales
- Promoción de más de 180.000 viviendas asequibles, con más de 80.000 ya en distintas fases de desarrollo
- Aprobación de la primera Ley de Vivienda de la democracia, que blinda la vivienda pública
- Multiplicación por ocho de los recursos presupuestarios destinados a vivienda
- Impulso del Plan de Vivienda para el Alquiler Asequible
- Creación del Bono Joven de vivienda
- Destinar 2.500 millones de euros para avalar la compra de vivienda para menores de treinta y cinco años
- Creación de incentivos para la adquisición de vivienda en municipios de zonas rurales
- Objetivo de alcanzar la media europea del 10% de parque público de vivienda
- Blindaje constitucional del carácter público de la vivienda protegida
- Creación de una «gran empresa pública de vivienda» capaz de construir y gestionar viviendas desde la Administración General del Estado.
Hasta llegar a la actual promesa de una gran empresa pública de vivienda, Sánchez ha formulado diez compromisos previos de gran magnitud , como las 43.000 o las 180.000 viviendas públicas, que no se han llevado a cabo o que han tenido un cumplimiento marginal, como es el caso de la creación del bono joven.
En condiciones normales, teniendo en cuenta que la vivienda se ha revelado como el principal factor de crisis social, todo esto habría llevado a una crisis de gobierno, ya que el presidente ha actuado de forma contumaz y tendenciosa, jugando con las necesidades urgentes de la gente.
Ahora, se presenta con un compromiso increíble: una gran empresa pública de vivienda. Si se trata de una empresa que gestione viviendas, hay que decir que ya existe una base para lo que nunca se ha sabido enfocar y que ha costado millones y millones de euros: la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), también conocida como el “banco malo”.
Han pasado los años y este gran stock de vivienda, en muchos casos situado en lugares donde la demanda es baja, ha sido un saco sin fondo de gasto público, sin encontrar solución parcial para paliar el déficit de vivienda.
Además, a escala municipal y metropolitana existen diversos organismos que realizan esta función, como es el caso del Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona. El problema es que la competencia en este ámbito es prácticamente exclusiva de las autonomías, y su gestión depende fundamentalmente de los ayuntamientos. En otras palabras, el Estado queda muy lejos de este ámbito y no se ve cómo podría gestionar lo que es competencia de otros sin una invasión que no es constitucional.
Además, en palabras de Sánchez parece que esta «gran empresa» no sólo gestionaría viviendas, sino que también actuaría como gran promotora inmobiliaria, es decir, también construiría directamente.
Esto añade aún más problemas, ya que significaría desplegar una inversión astronómica con cargo a los presupuestos del Estado, cuando en realidad ahora mismo la partida que se dedica a este fin es escasa y se encuentra en la cola de Europa, con tan sólo un 0,3% del PIB.
La gran contradicción es que este mismo gobierno rechazó incrementar esta inversión al 1% del PIB no hace mucho tiempo, y ahora, para hacer lo que dice Sánchez, necesitaría mucho más.
Querer crear una empresa pública que gestione y actúe como promotora inmobiliaria es un despropósito u otra contradicción, teniendo en cuenta que la SAREB dispone de cerca de 40.000 viviendas, muchas de ellas en mal estado, y que ahora son de gestión privada por decisión del propio gobierno, puesto que podrían haber sido de gestión pública.
Los interrogantes se suman a una iniciativa que, por ser demagógica, no tiene respuestas. El problema central, además de las competencias, la capacidad inversora y el papel de la SAREB, es que para hacer vivienda se necesita una gran cantidad de suelo, y ésta es una dificultad clave, ya que la disponibilidad de suelo es escasa y los mecanismos que prevé la ley para conseguir que el suelo sea urbanizable son lentos y carregosos.
Esta misma característica se aplica a la promoción inmobiliaria: desde que una iniciativa se plantea como proyecto hasta que se lleva a cabo pueden pasar entre tres y cuatro años. Por tanto, una gran tarea pendiente es habilitar suelo y cambiar la legislación para agilizar todo el proceso, desde la disponibilidad urbanística hasta la culminación de la obra. Esto sí que sería una tarea bien hecha, pero como no se trata de eso, sino de simplemente formular anuncios para la galería ante de un público fiel que asume todos los engaños, la cuestión no importa.
El Estado tiene un papel importante en el déficit actual y una responsabilidad decisiva, pero debe actuar de acuerdo con su misión, sus funciones y aprovechando bien todos los recursos de que dispone, empezando por la propia SAREB, asignando una mayor proporción a los fines de construcción de vivienda en los presupuestos, estableciendo planificaciones de acuerdo con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y definiendo un nuevo marco legal que contemple todo este proceso a la vez que simplifique los procedimientos.
La medida efectiva más inmediata sería dar ayudas directas a las familias con menos recursos, ya que esto les permitiría acceder a una vivienda, dado que el problema se concentra en gran parte en esta franja de la población. No es la solución definitiva, pero es un paso inmediato y efectivo hacia ella. Pero, cómo no, un gobierno depredador en impuestos difícilmente contemplará ayudas de este tipo mientras pueda seguir haciendo promesas vacías.
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